Así es la ley que castiga prácticas corruptas en EEUU y que podría ser la peor pesadilla de SQM

Así es la ley que castiga prácticas corruptas en EEUU y que podría ser la peor pesadilla de SQM

Se trata de un acta estadounidense contra la corrupción en el extranjero y podría terminar castigando con altísimas multas y hasta pena de cárcel. Los organismos encargados de hacer valer esta legislación son la Security Exchange Comission y el Departamento de Justicia. El año pasado Avon China terminó pagando, tras declararse culpable y lograr un acuerdo, más de 135 millones de dólares. En el último caso que enfrentaron, Alstom, una compañía francesa, también se declaró culpable y en diciembre del año pasado fue multada con cerca de 772 millones de dólares en sanciones penales, mientras esperan la audiencia de sentencia en junio. “Este es un caso emblemático sobre cómo el Departamento de Justicia investigará y procesará los casos de la FCPA”, señaló en su momento el Asistente del Fiscal General.

julioponce A1 Cuando ya se suman 14 firmas legales que preparan demandas contra SQM en Estados Unidos, recién se asoman las peores consecuencias que podrían enfrentar los ejecutivos de la empresa que ya enfrenta una compleja investigación en nuestro país. Se trata de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), una ley que busca impedir las prácticas corruptas ya sea en empresas estadounidenses operando en el extranjero o empresas extranjeras operando en Estados Unidos. Además de empresas extranjeras operando en el extranjero que tengan sede o algún tipo de relación con ese país, como por ejemplo, transar en Wall Street. Aunque parece un trabalenguas, es así de complicada la situación en la que podría caber la compañía de Julio Ponce Lerou. Las instituciones encargadas de hacer cumplir esta ley son la Security and Exchange Commision (SEC), similar a lo que sería la SVS en Chile, y el Departamento de Justicia por otro lado, que podría asimilarse al Ministerio Público nacional. A su vez, la SEC puede iniciar un proceso administrativo o uno penal. Entre algunas de las causas que pueden dar pie a una investigación de este tipo están: la distorsión u omisión de información importante sobre títulos, la manipulación de los precios de mercado de los títulos, robar los fondos o títulos de los clientes, y, por supuesto, el pago o promesa de pago a miembros de un gobierno y la falsificación o modificación de los libros contables. En el caso de actos corruptos, las sanciones civiles son de US$16.000 por cada infracción, que aplican a la compañía y a los involucrados. Para el mismo caso, las sanciones penales van desde multas de US$ 2 millones a penas de hasta cinco años de cárcel. Las mayores sanciones son por faltar a las normas contables: desde US $25 millones en multas para la empresa y $US 5 millones para los involucrados, y hasta 20 años de cárcel. Cada una de las 14 demandas civiles que se preparan, acusan a SQM de esconder información sobre pagos a altos dirigentes políticos. Entre los últimos casos que registra el Departamento de Justicia, por ejemplo, está el de Avon China, a quienes se les acusó de haber pagado 8 millones de dólares en regalos y viajes a funcionarios de gobierno, además de haber falsificado la contabilidad para encubrir el hecho. Tras declararse culpables, entre sanciones penales y civiles, se declaró que deben pagar US$135,013,013 En el caso más reciente, contra Alstom S.A., una compañía francesa, se investigaba una conspiración para pagar decenas de millones de dólares en sobornos en varios países, como Indonesia, Arabia Saudita, Egipto y Las Bahamas. Si bien la audiencia de sentencia está fijada para el 23 de junio de este año, tras declararse culpables, en diciembre ya se decretó el pago de US$772,290,000. Frente a la resolución, el Fiscal General (s) James Cole señaló en la oportunidad: “Es mi expectativa y mi intención que la amplia resolución que estamos anunciando envíe el siguiente mensaje inconfundible para otras compañías alrededor del mundo: que este Departamento de Justicia será implacable en erradicar y castigar la corrupción, sin importar la envergadura de su alcance o lo abrumadora que resulte la persecución”. En la misma línea, Leslie Caldwell, asistente del Fiscal General dijo que se trató de un caso “emblemático sobre cómo el Departamento de Justicia investigará y procesará los casos de la FCPA y otros crímenes corporativos”. En los últimos años, sin embargo, han aumentado las críticas a las bajas penas de cárcel que se han logrado en estos casos. El abogado y periodista James B. Stewart se quejaba en 2012, a través de una columna en The New York Times de que en la mayoría de los casos no se formalizara a personas involucradas: “37 de 57 compañías involucradas en acciones por soborno de 2005 a 2010 llegaron a acuerdos y ningún individuo involucrado fue acusado”. El Departamento de Justicia, por su parte, respondió en esa ocasión que “una parte importante de nuestros esfuerzos por aplicar la FCPA es procesar a individuos que violan las leyes. Desde 2009 el Departamento de Justicia ha logrado condenas contra 36 individuos por ofensas relacionadas a la FCPA. En todos los casos, revisamos rigurosamente los hechos y la ley para determinar si se pueden presentar cargos criminales contra estos individuos”. Cómo trabaja la SEC Si bien el Departamento de Justicia y la SEC no trabajan directamente juntos, sí existe una amplia coordinación entre ambos, como señalaron desde esta institución a The Clinic Online. La SEC cuenta desde 2010 con la División de Ejecución que es la encargada de realizar las investigaciones. Esta organización puede iniciar una indagatoria en cualquier momento contra una empresa de la que se sospeche. En este caso, las alarmas pudieron haber sonado en la SEC cuando el 17 y 18 de marzo pasado las acciones de SQM bajaron alrededor de un 25% en total, dejando a la compañía valorizada en US$500 millones menos. Las investigaciones son conducidas con la mayor privacidad, sin entregar antecedentes al público, más allá de quienes puedan proveer algún tipo de información o evidencia, ya sea que la misma institución lo solicite de forma informal o que lleguen a través del Programa de Denunciantes de la SEC, el que está autorizado para entregar recompensas de entre 10% y 30% de lo recolectado a través de la denuncia a individuos que entreguen información original y de alta calidad que pueda aportar a la investigación. Luego de concluida la investigación, se hace una recomendación a los cinco Comisionados que componen la Comisión, sobre si denunciar o no el caso. Sólo ahí se hace pública la decisión de realizar o no una acción legal. Si bien en la SEC declinaron referirse al caso de SQM en particular, señalaron que no tienen plazos para culminar la investigación y que todo depende del nivel de cooperación que tengan los testigos o a quienes se les solicite información, de si hay impedimentos de idioma, y de la amplitud del caso.
Comentarios
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