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El jueves recién pasado, el Tribunal Constitucional dio luz verde al Acuerdo de Unión Civil. Finalizado ese trámite, el proyecto queda listo para ser promulgado por la Presidenta de la República, y para entrar en vigencia en seis meses. El plazo que corre entre la promulgación y su puesta en marcha, será utilizado para crear reglamentos, ajustar softwares y capacitar a los funcionarios del Registro Civil. O sea, en seis meses el Estado tiene que estar preparado para asumir la nueva realidad legal de los ahora llamados convivientes civiles.

En seis meses, el paisaje social del país se alterará positivamente. En las oficinas del Registro Civil, parejas del mismo sexo comenzarán a inscribir sus uniones en un lugar antes reservado para quienes se unían en matrimonio. Circularán fotografías de gays y lesbianas celebrando su nuevo estatus familiar junto a sus padres, hermanos y amigos, y Chile será un poco más rosa.

O puede que no.

Existe la posibilidad real de que muchas, muchísimas parejas, decidan no contraer un Acuerdo de Unión Civil, para evitar los efectos de la exposición de su homosexualidad. Cualquier certificado que requiera llenar el estado civil, será potencialmente peligroso para quienes aún tengan miedo de mostrarse tal cual son en su entorno.

Pensemos en el mundo del trabajo. Serán incontables los gays y lesbianas que no accederán al nuevo tipo de uniones por miedo a los rumores de pasillo, el hostigamiento y, en situaciones extremas, los despidos disfrazados de “necesidades de la empresa”. Nadie mejor que uno de nosotros sabe cuán difícil es lidiar con la propia homosexualidad en el entorno laboral, una realidad de la que poco se ha escrito.

El ámbito familiar puede llegar a ser igualmente adverso. En nuestra población, es común que la familia sea la última en enterarse de nuestra orientación sexual, por lo menos oficialmente, por lo que habrá quienes no estarán en posición de exponerse a ser vistos en el Registro Civil firmando un AUC. Ello, imagino, será particularmente notorio en ciudades pequeñas. En otras palabras, hay una altísima posibilidad de que el Acuerdo de Unión Civil no sea representativo del número de parejas que, efectivamente, quieran suscribirlo. Y en esto hay trabajo por hacer.

El Estado tiene una responsabilidad que asumir en los próximos seis meses, cual es, dar seguridad a los posibles suscriptores de este Acuerdo. En lo legal, hay que dar protección a los trabajadores, en circunstancias que la Ley que establece medidas contra la discriminación es completamente insuficiente. Hoy, un trabajador despedido por su orientación sexual está obligado a demostrar que esa fue la razón de su despido, cosa que es altamente difícil. Es urgente que una reforma a esa ley asuma que hay que invertir la carga de la prueba, o sea, que en este caso particular sea el empleador quien demuestre las razones de la desvinculación. Una buena noticia en este sentido es que la Dirección del Trabajo está capacitando a sus inspectores en la fiscalización de casos asociados a discriminación, pero –tengo que ser majadero- hay mucho más por hacer. Si el Estado no es el primero en declararse empleador inclusivo, mal podría fiscalizarse a las PYMES y las grandes empresas en este aspecto.

En lo cultural, el Estado debe generar modificaciones sustanciales en la valoración social de la
diversidad. Es cierto que los cambios culturales no se realizan por decreto, pero la promoción de un estándar inclusivo y la defensa de los Derechos Humanos son obligaciones que se deben asumir con acciones directas y concretas. No hemos visto campañas que tiendan a empoderar a las poblaciones discriminadas respecto de la protección de sus derechos. Tampoco hemos sido testigos de políticas públicas, por ejemplo en Educación, que se hagan cargo de los prejuicios que pesan sobre lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. En este ámbito particular, la reforma educacional no está pensada para el cambio cultural profundo.

Como los anteriores, son muchos los vacíos que auguran una subutilización del Acuerdo de Unión Civil, con un riesgo consecuente: escuchar el cacareo de los conservadores diciendo que esto no era necesario. Para evitarlo, nada mejor que un Estado comprometido con los valores de la nueva realidad familiar de Chile.

Activista gay. Concejal por Providencia.