Estudiantes y trabajadores de Arcis critican que Marcos Barraza, ex director de Ical, asuma como ministro

Como una “pésima” y “preocupante” noticia fue calificada por la comunidad movilizada de la Universidad Arcis el nombramiento del psicólogo Marcos Barraza Gómez como nuevo ministro de Desarrollo Social del gobierno. El militante comunista es un viejo conocido para estudiantes y trabajadores de la universidad y es sindicado como uno de los responsables en la profunda crisis que vive el plantel.

Para ellos, la nominación de Barraza -segundo militante del PC que ingresa al gabinete ministerial- no se condice con las consignas de impedir el lucro en los planteles universitarios y, peor aún, pone en la primera línea del Gobierno a un ex director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Ical), uno de las instituciones que más de un centenar de trabajadores demanda como parte de una estructura económica que incluye a la Corporación Arcis, la Inmobiliaria Libertad y el propio Partido Comunista.

“A nosotros nos parece preocupante incluso un golpe a los estudiantes de la universidad Arcis. Porque en primer lugar se está hablando de la reforma educacional en donde hay un ministro que critica el lucro y por otro lado se está premiando, regalándole un ministerio al responsable de la crisis, del lucro y del robo que hubo en la universidad”, dice Manuel Erazo, uno de los voceros de los estudiantes de ese plantel.

El hoy ministro de Desarrollo Social fue director ejecutivo de Ical durante los años 2010 a 2013, y según la investigación periodística de Ciper Chile, en diciembre de 2012 Barraza -como representante de Ediciones Ical Ltda.- presidió la reunión de directorio donde se confirmó la venta de la sede ubicada en Huérfanos #1721 y se comunicó que como la inmobiliaria Libertad no contemplaba proyectos de nuevas inversiones propias del giro no tenía sentido y carecía “de justificación mantener en caja sumas superiores al capital de $1.600 millones”.

Tras esa información, Claudio De Negri Quintana -representante en el directorio de ONG Ical- pidió aprobar la propuesta “porque su representada requiere dichos fondos para las actividades propias de su institución”. De esa forma, según afirma la investigación de Ciper, se concretó una de las reparticiones de utilidades del plantel.

Ayer en la mañana, tras su designación como nuevo ministro de Desarrollo Social, el también ex presidente de Federación de Estudiantes de la Usach en 1998 fue consultado por el tema y señaló que “eso está muy claro, debidamente despejado en todo los informes y las investigaciones, y bueno, seguiremos trabajando ahora desde el Ministerio de Desarrollo Social”.

Demandas abiertas

Fue esa misma declaración, realizada este lunes tras el cambio de gabinete ocurrido en el Palacio de Gobierno, la que motivó la reacción de trabajadores y estudiantes de Arcis. Según señala Jackza Suazo, la autodespedida tesorera del Sindicato nº1 de Trabajadores de la Universidad Arcis, se está frente a un escenario abierto por las más 90 denuncias que representan a alrededor de 110 trabajadores, todas agrupadas en la demanda laboral por el no pago de sueldos, cotizaciones ni seguros de cesantía y que pide declarar la unidad económica de las instituciones ligadas a Arcis.

“Primero que todo, no está cerrado como él dice porque los juicios y demandas por unidad económica en ninguno se ha dado veredicto. Eso sigue abierto. Segundo, el informe de la comisión investigadora de Arcis de la Cámara de Diputados fue rechazado, por lo que tampoco está cerrado. Y por último, en las actas de retiro de activos él era el titular presidiendo reunión de directorio de ese momento, por lo que creo que acá nada está ‘debidamente despejado’ como él dice”, señala Suazo.

Para la dirigente sindical, lo principal en su nuevo cargo ministerial es que Barraza “se preocupe de fiscalizar los graves incumplimientos laborales con los trabajadores de Arcis, a quienes se les adeuda más de 7 meses de sueldo y a quienes no se les ha pagado cotizaciones, las previsiones de salud ni seguro de cesantía. No porque él haya trabajado en Arcis no va a sancionar, eso es lo que esperamos”.

La demanda laboral se encuentra en el 2º Tribunal Laboral de Santiago, a la espera de la resolución que, según Suazo, debía ser informada hace algunos días pero aún no emana desde el ente fiscalizador.

Esta situación es la que motivó a los estudiantes -que ayer se reunieron con el director de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, en busca de una solución para los universitarios- a señalar su rechazo al nombramiento de Barraza, porque ello refleja, afirman, una clara muestra de que la situación de Arcis no ha estado en ningún protocolo interno de Gobierno.

“Nosotros creemos que primero Marcos Barraza debe renunciar, la Presidenta debe pedirle la renuncia por una cuestión moral. Y en segundo lugar, nosotros efectivamente vamos a continuar movilizándonos y denunciando a los responsables puesto que no es conveniente que ellos estén hoy día en el ministerio. Eso demuestra claramente que el Estado está coludido con los responsables de la crisis de la Universidad”, dice Erazo.

No más contratos

Uno de los puntos destacados por trabajadores y estudiantes, a propósito del nombramiento de Barraza, es la divulgación de una resolución del fiscal universitario de Arcis con fecha 4 de mayo de 2015, donde resuelve no seguir visando nuevos contratos de trabajo ya que ello está en directo conflicto con el incumplimiento de remuneraciones, rentas y compromisos de seguridad social.

El documento, señala en 7 puntos los problemas que pueden traer “consecuencias jurídicas de gravedad para Universidad Arcis, que atentan contra el patrimonio de la misma”. En ella, el fiscal Mario Cortéz Muñoz señala entre otras cosas que el despido indirecto no tienen validez por el incumplimiento de pagos, “manteniéndose vigente la relación laboral, hasta que se regulen los pagos ya descritos, es así que el empleador deberá seguir pagando al trabajador, las remuneraciones y demás servicios pactados en el contrato individual de trabajo, lo que genera un daño patrimonial a Universidad Arcis, debido a que el trabajador en las condiciones descritas es generador de deuda progresiva”.

Según el fiscal, la celebración de contratos de trabajo, sin la certeza de que estos serán cumplidos por parte del empleador, en lo que respecta al pago de remuneración, renta y seguridad social, constituye un posible engaño, el cual puede derivar en un fraude a los trabajadores contratantes.

“Que el solo hecho de existir el no cumplimiento en una de las obligaciones principales del empleador, como lo es el pago de la remuneración desde hace 7 meses, y el que no se haya cumplido con el pago de las mismas a fin del mes de abril, son suficiente fundamento para deducir que esta conducta se puede seguir reiterando”, dice el documento.

En relación a lo anterior es que, contratar a sabiendas de que no será cumplido el contrato por parte del empleador, constituye fraude, y lo más grave es que esa defraudación sería directamente a la ley, es decir se podría configurar el fraude a la ley.

“Ya que el fraude a la ley se extiende, como la realización de una actuación o negocio jurídico, amparándose en una normativa existente con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos, que no siendo los propios de esa norma, sean además contrarios a otra ley existente del ordenamiento jurídico. Enciclopedia Jurídica. Chile.”

La resolución del fiscal universitario señala finalmente que en cuanto a la seguridad social, este derecho esta siendo negado por el empleador de la U. Arcis, y que en cuanto a la administración, “esta debiese cesar la contratación de nuevo personal, hasta la certeza de que existe la posibilidad de cumplir con lo contratado, ya que al realizar actos de carácter contractual, no sabiendo si podrá cumplir con lo pactado, podría derivar en una administración fraudulenta”.

*The Clinic Online intentó comunicarse con el ministerio de Desarrollo Social para conocer su parecer respecto de las críticas de la comunidad Arcis, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.

Acá la resolución del fiscal universitario de la Universidad Arcis