Columna: Muertes en el Mediterráneo… ¿Hasta cuándo?

Guerra, violencia, miserias son las causas por las cuales los y las migrantes se lanzan al Mediterráneo con el corazón esperanzado en llegar a una tierra en donde podrán encontrar paz y seguridad. Pero esta travesía pone sus vidas en peligro ya que el mar que separa el continente africano del europeo es la vía migratoria más peligrosa y letal del mundo. Con el pasar de los años se ha transformado en la tumba de miles de migrantes y las autoridades europeas siguen sin dar respuestas consecuentes a este drama humano que se produce a sus puertas.

El año pasado, 3.500 personas perecieron en el viaje a Europa por vía marítima. Y en lo que llevamos de año, ya han muerto 1.700 migrantes en el Mediterráneo, lo que multiplica por 100 el número de muertos que hubo durante el mismo periodo en 2014. Lamentablemente, las autoridades europeas siguen hablando de “situaciones de emergencia” cuando hace ya varios años que las personas migrantes están viviendo este tipo de tragedias. Las víctimas de la violencia y miseria se ven, en efecto, obligadas a viajar a Europa de forma irregular a causa de una política migratoria demasiado restrictiva. Esta política ha significado el cierre de las rutas terrestres, la reducción de los cupos de reasentamiento y de admisión bajo el estatuto de refugiado, y la limitación de los canales de migración regulares. Numerosas organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional a través de su campaña “SOS Europe”, han denunciado esta situación, destacando el fracaso de las soluciones que se han implementado hasta ahora para combatir las muertes en el Mediterráneo.

Y es que las acciones llevadas a cabo por la Unión Europea no consideran la migración como un desafío humanitario, sino como un problema de gestión de la seguridad en las fronteras. Basta con echarle un vistazo a los objetivos de las operaciones coordinadas por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, Frontex. Ésta, creada en 2004 con el fin de controlar las fronteras exteriores de la Unión, no se centra en la protección de las personas, sino en su control y aislamiento. Así, el primero de noviembre de 2014, Frontex implementó la operación Tritón, en reemplazo a la misión Mare Nostrum desplegada por Italia en octubre de 2013, después del doble naufragio de Lampedusa que ocasionó la muerte de 600 migrantes. Los objetivos de Tritón resultaron ser mucho menos ambiciosos que los de Mare Nostrum, que tenía un propósito humanitario y permitió rescatar a más de 150.000 migrantes según cifras del Gobierno italiano. Este cambio en las operaciones de control y rescate, significó una disminución drástica de los recursos otorgados, pasando de 9 millones de euros al mes, a menos de 3 millones (según el Informe de Amnistía Internacional, La vergüenza de Europa, a pique. Omisión de socorro a refugiados y migrantes en el mar, 2015), por lo que se dejó de dar prioridad a la búsqueda y al salvamento de náufragos.

Haber reforzado las operaciones de control en vez de enfocarse en la vida de las personas migrantes, contribuyó inevitablemente al drama que se vivió hace unas semanas.

Frente a esta situación, el Consejo de la Unión Europea se reunió de forma extraordinaria el 23 de abril pasado para tratar el tema. Se decidió aumentar los medios desplegados y triplicar los recursos de las operaciones Tritón (alrededor de Italia) y Poseidón (alrededor de Grecia). Sin embargo, el cometido sigue siendo el mismo: solamente de operaciones de gestión de fronteras. El ejemplo más representativo de esta gestión deshumanizada es la activación de operaciones de destrucción de embarcaciones en territorio africano para que éstas no puedan ser utilizadas por los traficantes. La iniciativa no es de ninguna ayuda para los y las migrantes que están desesperados/as al punto de pagar entre 500 y 6.000 euros (entre 300.000 y 4.000.000 de pesos chilenos, según cifras de Joel Millman de la Organización Internacional para las Migraciones) para emprender viajes que pueden durar hasta 2 años, poniendo en riesgo sus vidas con el único fin de huir de sus países de origen. Otro problema de la operación Tritón, es que se desarrolla solamente en las aguas territoriales (hasta 30 millas de las costas europeas) por lo que no es una solución para evitar los naufragios que tienen mayoritariamente lugar en alta mar. Consecuentemente, son los buques mercantes los que están cumpliendo esta tarea sin estar equipados y preparados para ello. En definitiva, existe una falta de compromiso de los países europeos. Un ejemplo de ello es el posicionamiento de Inglaterra que si bien se sumó a la operación Tritón, no acepta que las personas rescatadas por sus barcos puedan pedir asilo en sus tierras.

Y existen informaciones aún más preocupantes. El periódico británico The Guardian y WikiLeaks respectivamente los días 13 y 25 de mayo pasados, publicaron la estrategia que implementará la Unión Europea en Libia, en la que además de la campaña naval y aérea, se prevé operaciones en tierra para acabar con el tráfico de personas, con el fin de controlar los “activos” de los traficantes, entendiéndose por “activos” sus “recursos petroleros”, entre otros. Esta acción en tierra tendría que recibir la aprobación de las Naciones Unidas, pero por ahora ha sido negada por Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Por último, el documento admite que probablemente habrá víctimas civiles colaterales en las operaciones de destrucción de las embarcaciones utilizadas por los traficantes. El plan de la Unión revela por lo tanto, que la meta de las operaciones consiste sólo en detener el flujo de migrantes y no en encontrar soluciones a largo plazo para mejorar la calidad de vida de las personas que se ven obligadas a huir de sus países de origen.

Philip Luther, Director de la sección del Medio Oriente y Norte de África de Amnistía Internacional, indicó que introducir medidas en contra de los traficantes sin implementar al mismo tiempo rutas de migraciones seguras no logrará reducir el flujo de migrantes que se dirigen a Europa. Y es que mientras sean víctimas de violencia y miseria en sus países de origen (entre ellos Siria, Eritrea, Libia, Somalia, Sudán, Afganistán e Irak), las personas migrantes y refugiadas seguirán lanzándose al Mediterráneo para escapar, poniendo en riesgo sus vidas. Con el fin de prevenir nuevas dificultades, es urgente que los países europeos consideren la migración desde una perspectiva común y global para encontrar soluciones viables, en las que todos compartan la responsabilidad de acoger a las personas migrantes para liberar de la presión migratoria a los países costeros como Italia.

Amnistía Internacional considera que la prioridad actual debe ser crear un plan de búsqueda y salvamento en todo el Mediterráneo para impedir nuevas muertes. Y la solución a largo plazo es que los gobiernos europeos ofrezcan vías de acceso seguras y legales a Europa para evitar que las personas migrantes y solicitantes de asilo pongan en riesgo sus vidas.

Los naufragios en el Mediterráneo son una de las consecuencias devastadoras de una política migratoria restrictiva enfocada únicamente en resguardar la seguridad en las fronteras. En su trabajo de elaboración de una nueva ley de migración, Chile debe sacar las enseñanzas de este tipo de situaciones y crear una legislación que respete los derechos de las personas migrantes y refugiadas, dándoles la posibilidad de entrar legalmente al país. Las razones que desencadenan el proceso migratorio son mucho más potentes que la disuasión proveniente de los controles y de las políticas de Estado, por lo que cerrar las fronteras no detiene la migración, sino que solamente la vuelve más peligrosa. Implementar una legislación respetuosa con los Derechos Humanos permitiría no solamente disminuir la irregularidad, sino que también, fragilizar las redes de tráfico de personas y respetar la dignidad humana, tanto de las personas migrantes como de las personas que las acogen.