Columna: Sobre propuesta del Mineduc al Movimiento Estudiantil

Hace cinco años, surge en las calles una consigna que nos cautivó e identificó a miles de familias y estudiantes: “educación pública, gratuita y de calidad”. El trasfondo de las tres palabras no era azaroso: mientras haya mercado en la educación, se seguirán reproduciendo las injusticias sociales. Además, el aumento en el acceso desde la vuelta a la democracia, evidenciaba haber sido a costa del endeudamiento de las familias chilenas.

Nada se avanzó durante el gobierno de Sebastián Piñera, y luego el 2013 la campaña presidencial de la Nueva Mayoría parecía traer nuevos aires pues plasmaron las consignas estudiantiles en su programa. Pero bajo todo escepticismo, bien hicimos al no bajar los brazos, porque recién a mediados de julio de este año mostraron una propuesta para la Reforma a la Educación Superior, avisando que recibirían retroalimentación hasta el 20 de agosto. La propuesta y el plazo nos parecen insuficientes.

Podrá sonar cliché que sigamos inconformes, pero tenemos razones que pasamos a esbozar:

En primer lugar, nos sorprenden con un anuncio de que el 2016 se financiará la gratuidad al 60% más vulnerable de las Universidades del CRUCH, CFT’s e Institutos Profesionales, poniendo como condición que no lucren. Luego, el ministerio nos dijo el 21 de Mayo que se partiría con las universidades del CRUCH para la implementación de gratuidad, definición respaldada en el documento presentado por el ejecutivo el pasado martes 14.

¿Por qué se usa un criterio tan arbitrario como partir por el CRUCH? No hay un marco para afirmar que tales ues. cumplen con “orientación pública”. Miremos a la PUC, que es del Cruch pero con un proyecto educativo elitista, es decir, que no responde a las necesidades sociales y que imparte conocimientos sesgados.

¿Por qué en los CFT’s e IP’s el fin al lucro es solo necesario si se quiere recibir financiamiento? La prohibición del lucro debiese ser un criterio mínimo de existencia si el Gobierno dice mirar la educación como derecho social. El gobierno simplemente no quiere meterse con un empresariado que tiene peso gravitante en la política chilena.

Segundo, el gobierno distingue a las Universidades entre tres tipos: 1) Estatales con “trato preferente”, 2) Privadas con financiamiento por tener “orientación pública” -acceso equitativo, democracia, calidad, etc., pero sin explicar qué se entiende por cada uno de esos elementos-, y 3) Privadas sin financiamiento por no seguir orientación pública.

Problema: por un lado algunas universidades optarían por no ser públicas, sin recibir dinero del Estado, financiándose por aranceles, y forjarían universidades de elites. Del otro lado, habrá universidades que no podrán cumplir con los criterios de calidad, quedarán sin financiamiento, y seguirán albergando a los estudiantes más precarizados del sistema que por lo demás quedarán a la deriva ante un potencial cierre de la institución.

Entonces el Estado asegurará “educación pública, gratuita y de calidad” para solo un sector, y otro grupo de instituciones seguirán bajo el arbitrio del mercado y bajo escasa regulación. Es decir el Estado sostiene que “lo público” no debe ser una orientación de todo el sistema, sino que solo será una condición para recibir financiamiento.

Ante esta eventual desregulación es que nosotros hace más de dos meses propusimos al Mineduc que se fijen verdaderos criterios mínimos de existencia, como lo son la prohibición del lucro; democracia interna y calidad sujeta a las necesidades del país. Nuestras propuestas no se agotan ahí, pues también hemos propuesto que para las instituciones estatales -que deben ser columna vertebral de sistema educativo-, las condiciones de entrada a la gratuidad universal vayan aumentando hasta que el financiamiento de las instituciones, de los estudiantes y de la investigación, sea cubierta completamente por fondos estatales. Estos criterios de entrada serían: democracia interna; matrícula heterogénea; docencia más investigación y extensión; proyecto educativo pluralista y condiciones laborales dignas.

He aquí la razón por la cual no se cumple la promesa de la educación como derecho, porque de lo contrario implicaría des mercantilizar el sistema educativo, y no una coexistencia entre educación pública y educación de mercado. El Estado debería ser capaz de definir la educación que quiere para todos los chilenos -desde luego no desde arriba, sino imbricada en procesos que consulten a los chilenos la educación que quieren y necesitan-, y no dejando un margen a la educación de mercado: ella solo nos llevará a una reproducción de las desigualdades existentes que nos mantienen movilizados hace más de cinco años.

*Presidente Fedep y vocero Confech y Secretario de Comunicaciones Fech