U-San-Sebastian

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló por el uso malicioso de un instrumento público falso, que permitió a la Universidad San Sebastián (USS) construir tres torres de departamentos de 19 pisos cada una. El conjunto cuestionado se ubica en el cuadrante que forman las calles Bellavista, Pío Nono, Darnignac y Ernesto Pinto Lagarrigue.

De acuerdo a la acción legal, que publica íntegramente The Clinic Online, el organismo apunta a que la USS -según la información surgida en el marco de la investigación por presunto pago de coimas al ex Director de Obras Municipales (DOM) de Recoleta, Carlos Reyes-, habría obtenido autorizaciones dolosas, burlando de esta manera la reglamentación que sólo permitía construir en dicha zona edificios con un máximo de 9 pisos.

El libelo revela que la USS recurrió en 2014 ante la Seremi de Vivienda, buscando revocar la decisión adoptada por el alcalde Daniel Jadue, quien ordenó la demolición parcial de dos edificios habitacionales. Fue así que en el contexto de dicho proceso administrativo, apareció un “Certificado de Informaciones Previas” fechado el 1 de abril de 2005 e identificado con el rol 283. Este documento era el único que debía existir para la aprobación del conjunto armónico del proyecto que incluye también a la casa de estudios. Sin embargo, existe otro papel similar, aunque con un contenido distinto, fechado en agosto de 2005 y con el mismo número de ingreso. Lo anómalo, según el CDE, es que ambos tengan precisamente el mismo rol.

“Dichos certificados no sólo son distintos en cuanto a su contenido, sino que infringen lo dispuesto la OGUC en su artículo 1.4.4 que señala que el certificado de informaciones previas debe estar fechado y numerado correlativamente, lo que evidencia la imposibilidad de que existan dos certificados con el mismo número”, detalla la querella.

Los papeles, según el CDE, le permitieron a la USS realizar la construcción irregularmente, hecho que fue confirmado en la investigación por el seremi del ramo Aldo Ramaciotti.

Por esta razón, el organismo pide que la fiscalía interrogue en calidad de imputados a Francisco Walker Prieto y Gonzalo Rodríguez Correa, representantes de la firma Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A., dueña del conjunto en cuestión.

Se suma a los anteriores, Claudio Casanova Mora, el funcionario que firmó y llenó ambos certificados, quien será objeto de una pericia caligráfica para verificar la autenticidad de la rúbrica. De no coincidir, se agregaría el delito de falsificación.

La USS además podría enfrentar que se investigue a la persona jurídica, es decir a la empresa como tal. Si se condena a una firma por esta figura legal, arriesga no sólo el término, también la aplicación de multas millonarias.

En tanto, el abogado que patrocina a las sociedades ligadas a USS, Cristián Espejo, aseguró desconocer aún la existencia de la querella del CDE, pues no ha sido notificado de ella. Sin embargo, explicó que desde el punto de vista legal existen efectivamente dos documentos, pero que ninguno de ellos es falso.

Asimismo detalló que el fechado en abril de 2005 no cae en la investigación de la fiscalía, ya que la reforma comenzó a operar en la Región Metropolitana en junio del mismo año.

Espejo insistió en que cuando se inició la construcción se realizaron los trámites legales correspondientes.

Coimas

Hay que recordar que la investigación original que condujo a la querella actual del CDE fue a Reyes, quien fue condenado en 2013 por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de cohecho reiterado, ya que recibía pagos de empresas ubicadas en la comuna con el fin de que siguieran operando, aun cuando presentaran problemas en sus estructuras. De hecho, usando la figura penal de la “responsabilidad penal de la persona jurídica” la Fiscalía Centro Norte logró que la empresa de pinturas Ceresita, pagara en beneficio comunal más de US$ 2 millones para evitar que fuera cerrada de por vida, ya que gracias a Reyes pudo funcionar con graves anomalías de seguridad.

Pues bien, es a partir de esta última indagatoria que la Fiscalía Centro Norte obtuvo un dato relevante aportado por el propio Reyes y que funda este nuevo libelo del CDE. Se trata de que el entonces miembro de la junta directiva de la USS, Enrique Herrera Rodríguez, le habría ofrecido casi $15 millones de pesos, buscando con ello una rebaja en el pago de la rampa de acceso a los estacionamientos que operan bajo la Universidad San Sebastián.

La idea era que se ampliara el permiso precario sobre el bien nacional de uso público por otros tres años. Ello permitiría a la casa de estudios y sus empresas asociadas un millonario ahorro. Estos hechos habrían ocurrido en 2012 cuando la alcaldía estaba en manos de Sol Letelier (UDI).

Este diario consultó al abogado Cristián Espejo, patrocinante de las sociedades ligadas a la USS sobre el particular. El profesional explicó que ambos documentos son legales y que en ningún caso existe falsificación.

Espejo indicó desconocer la querella del CDE, ya que no ha sido notificado hasta el cierre de esta edición. Insistió en que si bien los dos certificados existen materialmente, aseguró que cada uno de ellos fue solicitado por la vía formal a la Municipalidad de Recoleta en 2005 cumpliendo todas las formalidades del caso.

Apuntó a que el emitido en abril de 2005 está fuera de la égida de la fiscalía, ya que la reforma a la justicia comenzó a operar en junio del mismo año, por lo que de ser indagado, debe hacerlo el sistema de persecución penal antiguo. En tanto, el otro datado en agosto de 2005, cualquier eventual ilícito asociado a él, se encuentra prescrito, por lo que la querella del CDE carece de sentido. Recalcó que se trata de un tema de carácter administrativo asociado a la construcción del “conjunto armónico” que se encuentra solucionado.

Lea la querella completa