Coronel de Carabineros relató “presiones” de la Intendencia para realizar operativo en que murió trabajador de El Salvador

El Prefecto de Carabineros de Atacama, Coronel Jorge Garrido, dijo en su declaración ante el fiscal que investiga la muerte del trabajador subcontratado Nelson Quichillao, haberse sentido presionado por el intendente Miguel Vargas (PS) para actuar la madrugada del 24 de julio en el bloqueo de ruta de trabajadores de El Salvador. El intendente Vargas, por su parte, negó dichas presiones y aseveró que en la escala jerárquica no tiene facultades para ordenar a los uniformados.

24 de Julio de 2015/ SANTIAGO J—venes sostienen una pancarta durante la velat—n convocada por la CONES en Plaza Italia para exigir justicia y el fin a la represi—n por parte de Carabineros contra los trabajadores en el marco del asesinato del trabajador Nelson Quichillao. FOTO: MATIAS DELACROIX/ AGENCIAUNO

Fue en la segunda declaración que realizó ante el fiscal de Diego de Almagro cuando uno de los encargados del operativo para despejar el camino que une esa ciudad con El Salvador y el ingreso a la mina, el Prefecto de Carabineros de Atacama Jorge Garrido Díaz, relató las “presiones” que supuestamente le transmitió el Intendente de esa región, Miguel Varas (PS), para llevar adelante el procedimiento que desalojaba a los manifestantes de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que durante el mes de julio realizaron manifestaciones en la zona.

Según consta en la carpeta de investigación que lleva adelante el fiscal adjunto de Diego de Almagro, Julio Artigas, en su segundo testimonio Garrido respondió casi exclusivamente por el operativo que llevaron adelante efectivos policiales bajo su mando, que terminó con el trabajador subcontratado Nelson Quichillao muerto tras recibir un disparo del sargento Marcos Guerrero, uno de los uniformados que se enfrentaron a los mineros la madrugada del 24 de julio.

En la declaración, a la que accedió The Clinic Online, Garrido señala que Varas le insistió telefónicamente en varias oportunidades y durante varios días para el despeje del camino, presionado a su vez por sus superiores en el “nivel central”.

“Debo indicar que recibí llamadas del Intendente de Atacama, don Miguel Vargas, desde el martes 21, en que solicitaba una pronta actuación de Carabineros para despejar las vías bloqueadas, incluso actuando de noche, existiendo las instrucciones de sus superiores en el mismo sentido, o sea a nivel central. Esto yo lo sé en atención a que el Intendente me lo indica dentro de su línea argumental, se notaba que tenía presiones para que se interviniera y esas presiones me las transmitía categóricamente en el sentido de actuar de inmediato, incluso de noche”, dice Garrido.

Ante las preguntas del fiscal Artigas, Garrido reiteró que entendía “claramente que a nivel central, Ministerio del Interior, se había dispuesto la intervención policial en este conflicto de los trabajadores movilizados en El Salvador. De esto tomé conocimiento por lo que me relató el Intendente en sus comunicaciones telefónicas que sostuve con él día 21 del presente, las que efectuó al teléfono institucional que me ha sido asignado correspondiente al número 6243XXXX, recepcionadas desde distintos teléfonos utilizados por don Miguel Vargas, los que puedo identificar revisando el historial, uno es el 7141XXXX, y el otro: 6158XXXX”, dijo.

Si bien el uniformado señaló también que la decisión sobre la hora de la intervención la tomó él, a lo largo de su testimonio insiste en que mientras Vargas pedía la intervención de Carabineros desde el primer día de manifestaciones (21 de julio), el seremi de Justicia, Freddy Arancibia, y él optaban por una salida por otras vías.“Hasta que debí cambiar mi posición”, precisa.

Finalmente, en su testimonio dice que las autoridades de quienes recibió órdenes de proceder fueron sus superiores, el General Leonidas Venegas Briceño y el General Christian Fuenzalida López. “Respecto del Intendente, como referí, también recibí su solicitud de que se interviniera, sin que exista una relación jerárquica con él, por lo que su petición estuvo a mi discrecionalidad, ahora, en el sentido del cumplimiento del deber me pareció que lo que planteaba era lo que correspondía legalmente”.

Sobre la hora del operativo, que comenzó a las 23:00 horas, según relatan diversos testigos en la investigación, Garrido dijo que “ya que era vital el elemento sorpresa para tener una mayor probabilidad de éxito en despejar los puntos 1 y 2 que según mi cálculo era en lo que estábamos con probabilidad de realizar”.

Según Garrido, esa era la mejor hora ya que durante el día la presencia de mujeres y niños implicaba una mayor cantidad de gente. Además, el carabinero -también ingeniero civil en tránsito, según consta en su declaración- dice que el Intendente siempre se comunicó vía telefónica con él, con excepción de la mañana del 23 de julio, cuando asistió a su oficina junto al General Leonidas Venegas, quien había tomado el mando como Jefe Regional de Carabineros comisionado por el General de Orden y Seguridad (s), Christián Fuenzalida López.

En esa instancia, el intendente no hizo objeciones al procedimiento que le comunicaron para sacar a los manifestantes e incluso habría proporcionado o gestionado un bus para el traslado de funcionarios de Fuerzas Especiales que provenían desde Valparaíso y colchones para quienes se encontraban en comisión de servicio en la Cuarta Comisaría de El Salvador. A esto se sumaba la coordinación que mantenían con la Gerente de Seguridad de Codelco, Alejandra Acuña, quien participó -según relatan otros uniformados en la causa- en la reunión de planificación en la que se zanjó el operativo de esa noche.

Imperativo legal de actuar

A lo largo de su declaración, Garrido señala que cuando el dispositivo regional de Carabineros se vio superado tratando de despejar “el sector del Puño de Diego de Almagro”, pidió dos arietes, los que consistían en un carro lanzaguas, un jeep blindado y un bus con dotación completa de personal de Fuerzas Especiales, compuesto por veinte funcionarios.

“Esto, en atención al nivel de organización, muy elevado, de los manifestantes; unido al nivel de violencia muy alto y es un movimiento que tiene nivel nacional, en El Teniente, Chuquicamata y otras minas de Codelco”, dijo, agregando ante la negativa a la negociación entre la CTC y la cuprífera estatal y la “presión ambiental” con la prolongación del conflicto se encontró con el imperativo legal de actuar.

El Prefecto de Atacama además le señaló al fiscal que efectivamente algunos oficiales no conocían el lugar en que se desarrollaría el procedimiento, ni sus características, pero que en la reunión de análisis previa, se expusieron los antecedentes por parte de quienes las conocían. Así, explicó que no había “una relación causal entre el conocimiento de la zona o del área de operaciones y el lamentable deceso acontecido”.

Por último, sobre el uso del arma de fuego, el uniformado señala que no existió ninguna orden o autorización de su uso, pero en los tres casos -los tres carabineros que dispararon contra los manifestantes- lo hicieron porque el riesgo era importante y que no sabían que las máquinas eran blindadas, aunque sí era posible evadirlas.

Según Garrido, “es muy posible que los disparos hayan evitado una consecuencia mayor, ya que con independencia que las balas no atravesaron el vidrio de la cabina el impacto puede haber generado la reacción del conductor de detener su avance en contra del personal policial”.

Intendente: “nunca hubo presión”

Por su parte, el pasado 1 de agosto el intendente Miguel Vargas, declaró ante el fiscal Artigas. En su testimonio, incluido en la carpeta de investigación a la que accedió The Clinic Online, Vargas señala que se enteró del conflicto de la CTC con Codelco a partir de la connotación pública y nacional que tuvo y que en esa división tenía otra connotación dado el anuncio de cierre de las faenas.

Pero además la autoridad regional rechazó tajantemente haber presionado al Coronel Garrido para la intervención en la zona. “Quiero dejar en claro que no existió ninguna orden de mi parte para que se adoptara algún procedimiento, ni en este caso ni en ningún otro. Lo que se hace es solicitar, manifestar preocupación para el cumplimiento de la función de Carabineros de mantener el orden público”, dijo Vargas.

Además el profesional señaló que “nunca en este caso efectué una presión hacia el Coronel don Jorge Garrido, sino lo que le efectué fue una solicitud de que se asegurara el orden público y el despeje de las vías de acceso a la mina de El Salvador. La presión puedo entenderse en una relación jerárquica, que en el caso de la relación del cargo de Intendente con el de Coronel de Carabineros no existe, no es posible una presión”.

Vargas agregó que subjetivamente el Coronel Garrido advirtió un escenario complejo y eso le puede haber generado preocupación, razonable dada la envergadura del problema. “Sin embargo tal preocupación no dice relación con la preocupación de Intendencia de que se garantice el orden público, o sea, no existió nunca una presión para hacer algo indebido, sino que se manifestó un problema de orden público, en que Carabineros debía intervenir, y que la actuación sería en un escenario complejo, si eso generó preocupación no se debe a presiones indebidas”, dijo.

Según Vargas, la movilización de los trabajadores subcontratados tiene legítimas aspiraciones, pero no es posible aceptar el corte de caminos o el prohibir el derecho a trabajar de otros trabajadores de Codelco, para lograrlas, lo que supuso la intervención de los uniformados.

“Yo deseo dejar en claro que los procedimientos le corresponden absoluta y exclusivamente a Carabineros, yo en el ejercicio de mis funciones no tuve ninguna injerencia, no dispuse instrucción alguna, no tengo las facultades para hacerlo, y yo no actúo fuera del ámbito de mis atribuciones. Por tanto, la forma, la planificación y ejecución del procedimiento policial que intentó despejar la ruta C183 y el acceso a la mina de El Salvador fue de resorte exclusivo de Carabineros”, dijo.

Junto con reafirmar que no tuvo injerencia en la decisión de aumentar o trasladar dotación de carabineros a la zona, Vargas dice que Carabineros en coordinación con el Ministerio del Interior dispuso el traslado de efectivos desde Santiago, La Serena y Valparaíso, y que la misma institución solicitó apoyo para el traslado de los efectivos hacia Diego de Almagro. Además, dijo que durante la reunión con Garrido y el general Venegas sólo fue informado del operativo que se planificaba.

Finalmente, el intendente aseguró que el apoyo logístico que se efectuó a Carabineros en este procedimiento se debe a la dependencia de la Institución con el Ministerio de Interior, por lo que su intendencia es parte para proporcionar los medios que los uniformados requieran, aunque dichos requerimientos para este caso fueron determinadas con independencia por Carabineros de Atacama.

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