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Nacional

15 de Septiembre de 2015

Estado deberá pagar más de 4.500 palos a 31 prisioneros que estuvieron en Isla Dawson durante la dictadura

El fallo ratificado por la Corte Suprema señala que existe responsabilidad del Estado de Chile en los daños de diversa índole que sufrieron estas personas en dicho centro de reclusión política: "Es menester dejar en claro que el fallo asentó como fundamento de la pretensión indemnizatoria el hecho de ser víctimas de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado de Chile, especificándose en cada acontecimiento las datas de sus secuestros, las torturas soportadas, el tiempo que permanecieron privados de libertad y las secuelas que padecen, menoscabos que hasta ahora persisten en todos los ámbitos de su vida".

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El Estado deberá indemnizar por un total de 4.500 palos a un grupo de personas que estuvo prisionero en la Isla Dawson en pleno periodo de dictadura militar. Así lo ratificó esta semana la Corte Suprema.

Según consigna Emol, la decisión del máximo tribunal fue tomada de forma unánime por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemuller, Haroldo Brito, Hugo Dolmestch y el abogado (i) Jaime Rodríguez Espoz. Con esto la justicia echó por tierra el recurso de casación presentado para evitar el hecho de tener que pagar 150 palos a los 31 prisioneros que presentaron esta demanda.

El fallo señala que existe responsabilidad del Estado de Chile en los daños de diversa índole que sufrieron estas personas en dicho centro de reclusión política: “Es menester dejar en claro que el fallo asentó como fundamento de la pretensión indemnizatoria el hecho de ser víctimas de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado de Chile, especificándose en cada acontecimiento las datas de sus secuestros, las torturas soportadas, el tiempo que permanecieron privados de libertad y las secuelas que padecen, menoscabos que hasta ahora persisten en todos los ámbitos de su vida”.

La justicia basó su decisión en “la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueron sometidos los demandantes, que incluye el tiempo que estuvieron prisioneros, al punto de ser reconocidos como víctimas del Estado chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”, además del “dolor y aflicción que se les provocó, no solo físico e inmediato sino causante de un estado de vulnerabilidad con efectos permanentes”.

En esa línea la justicia determinó y calificó como “ilegal” mantener a estas personas prisioneras “en una isla del fin del mundo”, lugar en el que sufrieron “los maltratos y la agonía de la incertidumbre de su propia existencia”.

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