Secciones

The Clinic
Buscar
Entender es todo
cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad

Opinión

4 de Octubre de 2015

La democracia nos exige más

El ímpetu refundacional, reflejado en la muy poco feliz expresión de la "retroexcavadora", empujó hacia la improvisación que surge del voluntarismo; lanzarse sin las previsiones correspondientes redujo el campo de alianzas y generó un efecto público desfavorable, en medio del cual el gobierno perdió la mayoría nacional requerida para sortear eficazmente las dificultades. Si la idea era avanzar más rápido, lo que se consiguió fue un avance más lento y difícil. Si se quería facilitar las reformas, se las hizo más difíciles. Al gobierno, la presión por hacerlo todo de una sola vez, le puso la carga mucho más pesada.

Compartir

consejodegabinete

Arribamos a un nuevo aniversario del 5 de Octubre de 1988, fecha en la que se realizó el Plebiscito que rechazó la perpetuación de Pinochet en el poder, decisión ciudadana que abrió el camino a la transición democrática en el país.

Ya no hay dos opiniones. Ese 5 de Octubre cambió la historia de Chile. Las fuerzas que ganaron celebran por evidentes razones, la decisión de enfrentar al dictador en su propio escenario fue arriesgada, pero profundamente acertada. Los grupos autoritarios que perdieron el Plebiscito, saben que sus planes de perpetuarse fracasaron. Los que dudaron o pensaron abstenerse, finalmente reconocen que fue lo más justo para Chile.

La democracia no sólo fue necesaria sino que inevitable, representaba el retorno de la libertad perdida. A esa altura, hablando estrictamente del periodo posterior a las Jornadas de Protesta Nacional, el régimen carecía de un plan político alternativo. La hora del cambio había llegado.

El dictador fue incapaz de captar una cuestión fundamental. Había perdido el control de la situación. En comparación al Plebiscito fraudulento de 1980, el país había experimentado un cambio profundo; en rigor, Chile era otra realidad; la llamada “paz de los cementerios”, denunciada por el inolvidable cardenal Raúl Silva Henríquez, había sido reemplazada por una ciudadanía dispuesta a jugarse por el cambio del régimen imperante. Al optar por el Plebiscito para intentar perpetuarse, Pinochet entregó a sus opositores las herramientas para rehacer su unidad y derrotarlo política y pacíficamente.

Desde entonces ha pasado más de un cuarto de siglo. Nuevamente, el país ha experimentado un cambio de efectos incalculables. La democracia logró asentarse sólidamente, el crecimiento económico permitió que el PIB se incrementara más del doble del que era en 1990; se avanzó en materia de Derechos Humanos en verdad, justicia y reparación, aunque muchos responsables de crímenes de lesa humanidad lograron eludir la acción de la Justicia. Así también, en Vivienda, Educación, Salud se atendieron las demandas más apremiantes dejadas por la “deuda social” de la dictadura.

EL-PLAN-SECRETO-DE-LAGOS-foto-alejandro-olivares

Las reformas constitucionales del gobierno del Presidente Lagos, en el 2005, tuvieron el mérito indudable de resolver un aspecto medular de la transición, eliminar la tutela militar expresada constitucionalmente. Negarlo sería absurdo. Se terminó la inamovilidad de los Comandantes en Jefe y del Consejo de Seguridad Nacional se eliminaron las cláusulas del tutelaje castrense. Sin embargo, no podían borrar el origen ilegítimo de la Constitución, por ello, persiste la necesidad de una Nueva Constitución, “nacida en democracia”.

Con la consolidación democrática nacieron nuevos movimientos sociales, que dinamizaron la situación nacional, como el de los “pingüinos” en el 2006 y en el 2011 por la reforma educacional, cuyo reclamo puso de manifiesto los atrasos, imperfecciones o incongruencias de ese mismo proceso de avances democráticos.

También, se hicieron presentes las demandas de respeto hacia la igualdad de género y la diversidad sexual, así como creció la solicitud de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Se fue instalando la convicción que el eje de la política social debía centrarse en la lucha contra la desigualdad. En tal contexto, se inició en el 2014, una nueva Presidencia de Michelle Bachelet. El gobierno puso en marcha una serie de reformas económicas y sociales en esa dirección, las reformas tributaria, educacional y laboral, así como comprometió un proceso de participación ciudadana, con vistas al reemplazo de la Constitución de 1980.

Sobre el programa de gobierno existían diversas interpretaciones: desde una visión reformadora coherente con los contenidos del primer periodo de Bachelet, hasta la idea refundacional que desconoce los 20 años de la Concertación y postulaba comenzar de cero. Al inicio del gobierno esos enfoques podían articularse en una estrategia que sacara el debido provecho de lo valedero de cada uno de ellos. No tenían por qué ser excluyentes. Cada cual contenía elementos necesarios de ser incluidos en la nueva etapa. La conducción política debía hacer de la diversidad de ideas, una positiva complementación de enfoques dentro de una estrategia común.

Por una parte, el diseño de las reformas democratizadoras como un proceso sucesivo y no simultáneo se constituyó en el centro nervioso de la reinstalación del Estado de Derecho, desde que ganó el NO, el 5 de Octubre de 1988, aislando y derrotando los rezagos más contestarios del pinochetismo. Por otra parte, la idea de apurar el tranco para evitar mayor desencanto social ante el continuo avance de la desigualdad, era también una dimensión a incorporar. Sin embargo, no hubo articulación de ambas perspectivas; el ímpetu refundacional, reflejado en la muy poco feliz expresión de la “retroexcavadora”, empujó hacia la improvisación que surge del voluntarismo; lanzarse sin las previsiones correspondientes redujo el campo de alianzas y generó un efecto público desfavorable, en medio del cual el gobierno perdió la mayoría nacional requerida para sortear eficazmente las dificultades. Si la idea era avanzar más rápido, lo que se consiguió fue un avance más lento y difícil. Si se quería facilitar las reformas, se las hizo más difíciles. Al gobierno, la presión por hacerlo todo de una sola vez, le puso la carga mucho más pesada.

A ello se agregan los efectos de los casos de corrupción y el ambiente de crispación política que han creado grupos influyentes de la derecha. En su seno existen abundantemente los expertos comunicacionales que han sabido explotar los desaciertos con que, desde los propias filas oficialistas, se les ha dado munición requerida para sus ataques.

Por eso, hay una situación nada fácil; que no se debe simplificar, la que se expresa en que un año más tarde de instalado (mayo 2015), ante las dificultades, el gabinete de ministros hubo de ser renovado, y la propia Presidenta puntualizó que no era posible aplicar de manera simultánea todas las transformaciones previstas. Así se inició un amplio debate en torno a la gradualidad de las reformas, con un escenario político en que ya se había registrado una fuerte caída en la adhesión ciudadana.

Nicolás Eyzaguirre A1

Pocas semanas después del cambio ministerial, una de las figuras de gobierno más gravitantes, Nicolás Eyzaguirre, efectuó la autocrítica más dura que han tenido las reformas al calificarlas como una “vorágine”, que carecía de los diseños y planificación requeridos para llevarse a cabo. Dicho por uno de sus principales actores, se concluyó lo que se había hecho evidente, en especial en Educación, que los preparativos fueron enteramente insuficientes.

Sin embargo, es notorio que tanto la pérdida de apoyo social, como la radical crítica al sistema político del país, tiene su origen principal (no exclusivo, pero sí decisivo) en los casos de corrupción que han tenido un impacto tremendo en la credibilidad de los Partidos y de las instituciones políticas en Chile. La acción del “lobby” adquirió tal penetración que se transformó en un verdadero cáncer para la legitimidad del sistema político.

Lo que era motivo de orgullo se vio desmentido. Los políticos en Chile podían ser ni tan perfectos ni tan capaces, pero confiables; al saberse de las boletas fraudulentas se conoce que hay personeros de todas las fuerzas con aportes irregulares. Lo que se condena es la colusión de intereses entre actores del empresariado y personeros políticos, que configura una red de poder, impropia y nociva para el ejercicio de la gobernabilidad democrática. La conclusión es clara: los pasos que se den para impedir que se perpetúen los brotes de corrupción pasan a ser primordiales en la recomposición de la legitimidad del sistema político en Chile.

Hay que rescatar el valor de la política en democracia y levantar las banderas de su dignificación, superando las malas prácticas y tomando medidas que sean capaces de poner término a la corrupción. Nada es más negativo que menospreciar este factor en la conciencia y la actitud futura que asuma la ciudadanía en el país. Hay que excluir a los corruptos. No puede haber justificación a la descomposición moral.

Los que se muestran impermeables ante las dimensiones que ha adquirido el cuestionamiento a la legitimidad de la acción política, simplemente, no captan bien cuál es el país de hoy. Hay conductas que no dan cuenta del cuestionamiento que rodea al sistema político en su conjunto.

La democracia exige más de nosotros. Rescatar el valor de la política significa aceptar la diversidad de opiniones y el ejercicio del pluralismo existente en el bloque de fuerzas afines al gobierno. Tratar como ajenos y excluir a quienes formulan ideas diversas o sugieren opciones que no son una mera repetición de lo que se sabe o conoce, puede convertirse en una intolerancia que aísle y dañe muy negativamente. También puede ser una riesgosa simplificación la idea que todo ocurre por los afanes sediciosos de la ultraderecha.

Sin embargo, se debe asumir que un ambiente de crispación ayuda más a las posiciones extremas en la derecha que a las fuerzas reformistas que aspiran a equilibrar la cancha y avanzar en justicia social. Intentar polarizar la situación fue un grave error. Con ese clima se genera temor y este es un fuerte aliado de las fuerzas conservadoras y enemigo de la transformación social.

Hay que definir el plan de acción de acuerdo al grado de fuerzas capaces de respaldarlo; es por eso que la repetición de que todo sigue igual, sin variaciones, a pesar de que el apoyo ciudadano se modificó sustancialmente, provoca la sensación que el respeto a la opinión ciudadana no era una convicción real en quienes insisten en la rigidez de ignorar el cambio ocurrido en el país. De modo especial debiesen evitarse anuncios que luego se retiran como, lamentablemente, ha ocurrido en el tema de la educación superior.

No obstante, ordenándose el gobierno puede retomar la iniciativa. Hay que superar el pesimismo. Hay que lograr fortalecer la unidad en la diversidad. Sobre esa base un plan gradual de reformas es fundamental; reponer la inversión y reactivar la economía, hacerse cargo de la reconstrucción en Tocopilla, Atacama, Coquimbo e Illapel; llevar a un buen término la recuperación de la infraestructura y de las viviendas destruidas en Valparaíso; mantener el impulso a la agenda contra la corrupción, por la probidad y la transparencia; así como cumplir con la reposición de la salud pública, hoy seriamente debilitada en el país; atender las obras públicas, en puertos, aeropuertos y otras instalaciones claves para la marcha de la economía; en suma, una tarea de crecimiento económico y cambios institucionales, posibilita recuperar la iniciativa al cumplirse un cuarto de siglo desde que la civilidad democrática recuperara el gobierno de la nación.

Notas relacionadas