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El presidente del BCI Luis Enrique Yarur Rey, declaró en calidad de imputado en la investigación por aportes ilegales a campañas políticas y reconoció aportes a la última contienda senatorial de Iván Moreira.

De acuerdo a la información recabada por este diario, el monto llegaría a más de $30 millones entre Moreira y Evelyn Matthei, los que salieron de su patrimonio personal y no de la entidad financiera de la cual es dueño. Aunque respecto a Matthei, en la UDI descartaron esta información y explicaron que no hubo tales aportes.

El testimonio se llevó a efecto el pasado 8 de octubre con el fiscal Carlos Gajardo, oportunidad en que estuvo acompañado de su abogado Cristián Muga y trasciende a 24 horas de que la Cámara Alta deba votar por aprobar o rechazar el nombre de Jorge Abbott Charme a la Fiscalía Nacional.

Por lo mismo, fuentes de la UDI recalcan que se podría tratar de “otra presión indebida” del Ministerio Público en alusión a los términos en que se habría manejado por parte de la entidad las ofertas de salidas alternativas para Moreira y Felipe De Mussy que se conocieron en El Mercurio la semana pasada, un día antes de que la Presidenta Bachelet informara que su elegido como sucesor de Sabas Chahuán era Abbott. En particular, recalcan estas fuentes, “llama la atención que se conozca esta información si no hay boletas de por medio que configuren un eventual delito”.

¿QUÉ SE BUSCA?

Básicamente, Gajardo busca determinar si las platas habían salido del banco, ya que dicho acto complicaba la situación procesal de Yarur. En otras palabras, el fiscal sospechaba que podían existir de por medio boletas ideológicamente falsas, tal como ocurrió con Penta. Sin embargo y debido a que se trata de dinero personal, tendría un escenario complejo para acreditar un delito, indicaron fuentes de la fiscalía.

No fue lo único que testimonió Yarur, quien además es suegro del diputado gremialista Felipe De Mussy quien está formalizado por delito tributario por haber recibido $ 7 millones desde Penta.

Yarur también fue inquirido respecto del funcionamiento del banco, la estructura, cómo se manejaban eventuales aportes y cómo se adoptaban decisiones. Esto según las fuentes consultadas habría sido en calidad de testigo.

Sin embargo, existe otra arista que sí podría complicarlo dijeron en la fiscalía. Sucede que el BCI, tal como lo informó este diario, rectificó a mediados de junio ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) más de $ 250 millones, por aportes fuera de la Ley Electoral las que iban dirigidas principalmente a la UDI.

Los primeros indicios, aparecieron en el testimonio que prestó Ana Palacios ante la fiscal Carmen Segura.

En la oportunidad, la ingeniera comercial reveló que a petición de su cuñada Carmen “Titi” Valdivieso, la histórica asesora de Pablo Longueira, emitió una boleta al BCI por $ 9 millones. Lo hizo también a Cencosud Retail por 7 palos.

No fue lo único, hizo lo propio con SQM por más de $ 67,5 palos, también por recomendación de Valdivieso.

Así declaró: “Quiero agregar que la Titi me pidió otras boletas en el año 2010 para dos empresas distintas a SQM, al ver el documento de mis agentes retenedores del año 2011, una de estas empresas es Cencosud Retail… quien me retuvo el 10% de la boleta correspondiendo a $ 793.334 y la otra empresa es Banco de Crédito e Inversiones… la retención del 10% es $ 909.333. Los servicios de estas boletas yo no los presté a estas empresas y si bien conozco a Cencosud Retail y al Banco de Crédito e Inversiones, yo nunca les he prestado servicios a ellos y no conozco a nadie de las gerencias ni nadie intentó contratarme este año para prestarle ningún servicio”.

La maquinaria de aportes ilegales y las peticiones de boletas por parte de Valdivieso quedaron estampadas en la carpeta en las declaraciones de Solange Hermosilla, Ricardo Jorquera, y el ex concejal de RN, Patricio Lazcano. Los documentos fueron girados a empresas como Soquimich, Pesquera El Golfo y Metalpar en distintos periodos.

*Iván Moreira fue contactado por este medio, pero declinó referirse al tema.