MANUEL GUERRA

El abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente y querellante del caso Penta, SQM y Corpesca, Mauricio Daza, se refirió a la elección del próximo fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, la que el viernes pasado puso al tope de la terna posible al fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra.

Tras aventajar a Tufit Bufadel y Paula Falcón, el persecutor radicado en Iquique, cuestionado por los nexos de su mujer con abogados que han defendido a SQM y por su investigación en la arista de supuestas filtraciones del exfiscal regional Metropolitano Oriente Alberto Ayala, está en el ojo del huracán por la posible participación que podría tener como eventual fiscal regional, en la zona donde se concentran los casos más emblemáticos sobre financiamiento ilegal a la política.

Ante esto, el abogado Daza señala que, de ser ratificado, lo esperable es que Guerra se inhabilite, clarifique que “no está influenciado por parte de SQM o cualquier otra empresa” y no desmantele el equipo liderado por el fiscal Carlos Gajardo, que ha llevado adelante la investigación desde hace más de un año. “Si al cabo de unos meses más se desmantela el equipo que ha llevado a cabo esta investigación, estaríamos frente al comienzo del fin de todas estas causas”, dice.

¿Cómo reciben la noticia de la terna que postula para quedarse con el cargo de Fiscal Regional Metropolitano Oriente?

Primero decir que nos sorprende obviamente que el nombre de Carlos Gajardo no esté incluido en la terna, toda vez que se trata de un profesional de excelencia que ha demostrado con resultados que cuenta con las competencias suficientes para liderar una fiscalía tan importante como la Metropolitana Oriente. Sin perjuicio de lo anterior, dentro de los nombres que están incluidos en la terna creemos que hay fiscales relevantes, con una trayectoria dentro del Ministerio Público, y esperamos que puedan estar a la altura de los desafíos que involucra dirigir una fiscalía que tiene a su cargo causas tan importantes como, por ejemplo, aquella relacionada con los aportes ilícitos del Grupo Penta a distintas campañas políticas.

En específico, la terna quedó liderada por el fiscal de Tarapacá Manuel Guerra, del cual se ha conocido que su esposa tiene un vínculo comercial con abogados de SQM. ¿Qué debiera ocurrir si Guerra es ratificado en ese cargo?

Yo creo que con el objetivo de poder resguardar la necesaria credibilidad y transparencia en las investigaciones que hoy día se están llevando a cabo por fiscales de la regional Oriente, vinculado con aportes ilícitos a la política, lo que corresponde es que Manuel Guerra, en caso de ser electo, se inhabilite de conocer estas causas. Esto es necesario en la medida en que estamos frente a un situación donde hay un cuestionamiento muy grande respecto de cuál es la credibilidad de todas nuestras instituciones y el debido funcionamiento de este proceso penal exige que se despeje toda duda de la opinión pública, más allá de que estemos presentes a una causa legal, que le impida eventualmente al fiscal Guerra asumir estas investigaciones. Por otra parte, no creemos de que la labor de un fiscal regional o fiscal nacional sea el asumir directamente la investigación de estas causas. Lo que corresponde es garantizar de que los fiscales adjuntos que iniciaron las indagaciones en esta materia puedan continuar con la autonomía suficiente para poder realizar las acciones propias de una indagación que afecte grandes intereses de orden político y económico.

Pero además el fiscal Guerra fue el encargado de investigar las supuestas filtraciones del caso SQM por parte del fiscal Alberto Ayala hacia el Gobierno, una investigación que luego pidió sobreseer. ¿Ese punto también puede jugarle en contra para ser ratificado?

Con prescindencia de las competencias profesionales que tiene el fiscal Manuel Guerra, la verdad es que es un escenario que puede dar pie a una serie de críticas a que el acceda al cargo de la persona a quién investigó hace solo un par de meses en relación a las denuncias de filtraciones graves de la investigación de SQM, en el caso de aportes ilegales a la política. Además, a estos se suman los cuestionamientos que se han formulado respecto de los nexos que tendría la señora del fiscal Guerra con abogados de Soquimich en la región de Tarapacá. Insisto que, más allá de las conocidas aptitudes profesionales y académicas del fiscal Guerra estos son elementos los cuales él debiese despejar, señalando con claridad que él no está influenciado por parte de SQM o cualquier otra empresa, en un contexto en el cual creemos que en cualquier evento lo mejor para estas investigaciones es que él se limite de conocerlas y las deje radicadas con plena autonomía en quienes las han llevado hasta ahora.

¿Cómo un fiscal de Tarapacá llega a ser la primera preferencia para la Metropolitana Oriente?

Es bien sorprendente porque hay que considerar que el fiscal Guerra no es alguien que desarrolle su actividad profesional en las cortes de la jurisdicción de Santiago ni San Miguel. Por lo tanto, resulta bastante llamativo que haya sacado esa mayoría contundente dentro de los miembros de esas cortes.

Lo digo porque las últimas designaciones de autoridades del Ministerio Público han estado marcadas por las relaciones familiares o profesionales con personas vinculadas a las empresas investigadas.

A ver, el problema se origina en febrero de este año cuando Sabas Chahuán asume directamente la investigación de los casos Penta, SQM y a lo cual después se le sumó la arista relacionada con Corpesca. La verdad es que yo personalmente tengo la convicción de que esto fue una jugada con la finalidad de lavar su imagen en relación a una deplorable administración que asumió durante los últimos ocho años el Ministerio Público, que le causó un enorme daño tanto a la institución como al sistema de persecución penal en general. Hoy día el Ministerio Público es una sombra de lo que debería ser y eso es responsabilidad de Chahuán. Sin embargo, él ha logrado colocarse como una suerte de ‘zar anticorrupción’ a partir de atribuirse el trabajo ajeno de un grupo de fiscales quienes estaban llevando una indagación de una forma bastante consistente, hasta febrero de este año, cuando entre gallos y medianoche se pretende sacar al fiscal Gajardo del caso Penta.

¿Ese es el primer punto de inflexión?

Esto es lo que origina todas estas distorsiones en los nombramiento de las más altas autoridades del MP porque la verdad es que no es el papel del fiscal nacional ni de los fiscales regionales asumir la dirección de causas, sino que ellos deben garantizar que los fiscales adjuntos, quienes sí están a cargo del día a día de las investigaciones de su dirección, puedan ejercerlas de una manera realmente autónoma, en términos de que se respete el principio de igualdad ante la ley y debido proceso y que no se vean afectados por presiones políticas o económicas. Por lo tanto, finalmente que el señor Abbott o que el señor Guerra eventualmente puedan tener algún tipo de cuestionamientos que para muchos debería incidir en su inhabilitación en estas causas, no debiese ser algo relevante en el contexto del funcionamiento normal del Ministerio Público. Acá lo único que pone en riesgo el funcionamiento de estas causas es que los fiscales que constituyen el motor de estas indagaciones -que son los fiscales Gajardo, Arias y Norambuena- pueda ser desarticulado o no se garantice de que ellos puedan obrar con plena autonomía e independencia.

¿Con el nombramiento de Abbott y ahora, probablemente, de Guerra está en juego la desarticulación de ese equipo en específico?

Nosotros esperamos que no y que todo lo relacionado con la dirección de las causas relativas al financiamiento político sean reencausados al curso natural que debe tener, en el contexto de funcionamiento normal del Ministerio Público. Y esto implica que las causas sean devueltas a quienes realmente han estado detrás durante todo este tiempo de tales investigaciones.

¿Cómo se le explica al ciudadano común y corriente el sinnúmero de relaciones y reuniones que desplegan los fiscales para sumar apoyo y conseguir los puestos de relevancia al interior del Ministerio Público?

Bueno, los últimos procesos de designación de fiscales al interior del Ministerio Público se suman a una serie de otros hechos que ponen al descubierto que finalmente no vivimos en un estado de Derecho pleno, el cual esté constituido a partir de los principios de una democracia en forma. Chile es república en construcción, en contra de lo que muchos creen y de lo que tratamos de proyectar internacionalmente. Y obviamente esto en alguna parte desalienta en cuanto a este conjunto de gestiones entre cuatro paredes, a espaldas de la ciudadanía, con la finalidad de poder acceder a determinados cargos públicos. Sin embargo, también da pie a que muchos tengamos la esperanza de poder hacer cosas que involucren de alguna manera a cambiar este hábito de falta de transparencia en la administración del poder público. Pero obviamente estamos frente un escenario que en muchas ocasiones se maneja como impresentable y que aleja a la comunidad de la política o de las instituciones. Si hoy día la crisis no es solamente del Congreso y del Gobierno, sino en general la crisis de credibilidad es de todas las instituciones. Por eso que nosotros instamos a que también haya un cambio estructural que se concrete a través de un proceso constituyente participativo y que involucre en lo posible la constitución de una asamblea constituyente.

En general, entonces, el llamado es a estar atento a las resoluciones y definiciones en la Fiscalía.

Bueno, obviamente debemos estar atentos a cómo se van a desarrollar estas causas. Tenemos la convicción de que hay muchas personas que están en posición de poder que están dispuestas a sacrificar la credibilidad de las instituciones y el interés general a costa de buscar una salida para ellos mismos o para personas afines. Y eso no puede recurrir en una democracia en forma. En esa perspectiva nos llama mucho la atención esta oferta de procedimiento abreviado que se ha hecho con respecto a Jovino Novoa, que es una persona la cual habría operado, según lo que dijo la misma fiscalía, una estructura fraudulenta para poder obtener dineros ilícitos de grupos económicos y distribuirlos también de manera fraudulenta a partir de la obtención de terceros de un conjunto de boletas por servicios falsos.

¿Por qué?

Porque estamos hablando de un conjunto de numerosos delitos tributarios reiterados con múltiples agravantes, respecto de lo cual obviamente no se explica que se haga una oferta de esta naturaleza. Si a cualquier otro ciudadano que se le imputaran con estos antecedentes de esta índole obviamente jamás accederían a una oferta de pena rebajada de tres años, la cual obviamente, de prosperar esta situación, va a ser una sanción que nunca se va a cumplir de manera efectiva. También llama la atención que se haya pactado una pena cerrada de tres años, lo que involucra que también se tuvo en consideración el que se mantuvieran los derechos políticos del imputado Jovino Novoa, a pesar de la gravedad de los hechos que se le atribuyen y que él los estaría reconociendo. Esto en la medida de que si se hubiese planteado una pena de tres años y un día, hubiera perdido sus derechos políticos, como le ocurre a muchas personas que en la misma situación están imputadas de delitos tributarios reiterados. Por lo tanto, eso nos llama la atención además de que sea un acuerdo entre cuatro paredes y a menos de un mes que el fiscal Chahuán deje la dirección de esta institución. Obviamente es una muy mala señal, que esperamos no se reitere. Si al cabo de unos meses más se desmantela el equipo que ha llevado a cabo esta investigación, estaríamos frente al comienzo del fin de todas estas causas, lo cual obviamente generaría y con justa razón, un costo muy importante para la convicción que tengan los ciudadanos en cuanto al debido funcionamiento de nuestras instituciones.

Cabe recordar que Novoa fue el que señaló fuera del mismo edificio de la Fiscalía que esto era una “investigación ideológicamente falsa”.

¿Cómo se entiende que Sabas Chahuán presente una solicitud de procedimiento abreviado el día después que Jovino Novoa declara por primera vez ante la fiscalía y se le reconozca que esa declaración tenga la calidad de una colaboración sustancial, cuando él durante todos estos meses que se ha llevado el procedimiento, no solamente no ha aportado ningún antecedente sino que se ha dedicado a basurear abiertamente al Ministerio Público y a todas las personas que ponen en duda sus actuaciones? Desde esa perspectiva a nosotros nos llama la atención de que se aplique una vara distinta respecto del imputado Novoa a lo que se podría aplicar a cualquier otro ciudadano, respecto de cuál jamás se le estaría reconociendo una colaboración sustancial sobre todo si es que ya existían antecedentes suficientes con prescindencia de ese testimonio para señalar la existencia de los delitos y la participación criminal que le podría haber cabido de los mismos al imputado Novoa. Este procedimiento debe terminar en un juicio oral donde se analicen todas las pruebas de cargo en contra del imputado Novoa y sea la justicia en el contexto de debido proceso y sobre todo de igualdad ante la ley, la que defina si estamos frente a una persona culpable o inocente, pero no a través de una negociación de último minuto hecha o protagonizada por un fiscal al que le quedan tres semanas para dejar el cargo y que se realiza entre cuatro paredes para garantizarle al imputado Novoa una pena reducida que lo mantiene con todos sus derechos políticos y que va a ser cumplida en libertad.