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Sr.
Director:

En mérito del derecho a réplica, en mi calidad de abogado de derechos humanos, pero principalmente en el ejercicio del derecho a la verdad, que es la antesala para hacer efectivo el derecho a la justicia que tienen las víctimas y sus familiares, de manera directa responderé a lo planteado, mediante entrevista en The Clinic, respecto de la causa Caravana de la Muerte episodio La Serena, por el abogado del militar en retiro Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinosa.

A la lectura de la entrevista del defensor letrado, sin saber por qué no habla el mismo Cheyre Espinosa, pareciere que a pesar que desde septiembre de 1973 el Ejército decía que estábamos en guerra, que la cantidad de prisioneros y torturados al interior del regimiento de La Serena se contaron en ese periodo por miles y donde la violación a los derechos humanos tomo ribetes de masividad y espanto nunca vistos, se nos quiere hacer creer que aquel oficial sólo izaba la bandera y que los testigos sobrevivientes, los militares de inferior rango -a la época entre los oficiales de línea en La Serena Cheyre estaba en la triada del poder-, los detectives que han indagado y los abogados de los familiares de las víctimas se han puesto de acuerdo y todos mienten… salvo, por supuesto Juan Emilio Cheyre.

Esa visión de “verdad absoluta”, de menosprecio al dolor del otro y falta de humanidad con los afectados, es justamente lo que primó en el regimiento serenense tras el golpe de Estado. Ahora bien, podría ser que el abogado del ex uniformado se esté refiriendo a hechos de otro expediente, que yo no conozco, y eso llame a la confusión, lo que permite que hablemos de dos verdades, la de un Cheyre Espinosa que sólo izaba banderas y la de un Cheyre que se comportó leal con la dictadura que se imponía, decidiendo el destino de civiles y condenando a los prisioneros y torturados en el fortín militar, por lo que hoy es un inculpado en la Caravana de la Muerte.

En cuanto al señalamiento, efectuado por el distinguido abogado defensor de Cheyre, que los informes “Rettig” y “Valech” no han identificado a los testigos de la causa, sino que –en lo que aparece como un acto maquiavélico- han sido presentados por un abogado de derechos humanos, es necesario recordar que, justamente, por las presiones de los militares el “Informe Rettig” sólo divulgó el nombre de las víctimas ejecutadas y detenidas desaparecidas y omitió el nombre de los culpables y testigos, en cuanto al “Informe Valech”, por motivos símiles, dio cuenta de los recintos que se torturó y los apremios más recurrentes, pero no señaló el nombre de las personas que sufrieron en cada centro de torturas, ni el nombre de los torturadores, por lo que mal esas comisiones podrían aportar testigos en esta u otra causa. En lo referente a la actividad que apunta a este abogado de los querellantes, siempre es bienvenido por los colegas, me refiero a los que tramitan y no a los que hacen lobby ni alegatos de pasillo, que se les reconozca el trabajo en pos de la justicia, mas en este caso es mérito de los familiares de las víctimas, que han ido reconstruyendo la historia, buscando e insistiendo por verdad y justicia. Ahora, si al “jefe”, al infractor de ley, al violador de los derechos humanos, al que puso a prueba “su hombría” frente a hombres y mujeres amarrados, vendados y abusados le molesta lo que hacemos, entonces estamos haciendo bien la pega.

No dejaré pasar por alto que hay cientos de chilenos, en especial chilenas, que han hecho de su vida “El Nunca Más”, son las madres, hermanas, parejas e hijas de los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, para ellos y ellas debiese haber el reconocimiento y gratitud por su labor, no para un general, de absoluta confianza de Pinochet (incluso Cheyre fue su Intendente en Copiapó), que en virtud de la sangre derramada para conquistar la democracia y porque repitió una frase que no le pertenece, por la que no sólo no luchó, sino que nada hizo por ella, cree que merece un monumento. El que un general diga “Nunca Más” no debe ser sinónimo de impunidad ni inmunidad para él.

El “Nunca Más” fue el compromiso y lucha desde la dictadura y hasta ahora de una ciudadanía, que no acepta ni ha aceptado la impunidad. Los militares nos ofrecieron un “Nunca Más” con:

– Penales Cordillera (creado durante el mando de Cheyre y que un gobierno de derecha cerró) y Punta Peuco (con lugares para asados y privilegios).
– Una “Mesa de Diálogo” que aseguró a la familia de Juan Luis Rivera Matus que ese detenido desparecido había sido lanzado al mar, yendo esa familia al inmenso Océano Pacífico a una sepelio simbólico, hasta que meses después en un recinto del Ejército aparecieron los restos de ese dirigente sindical comunista, es decir lo hicieron desaparecer dos veces.
– Con militares que estuvieron en la DINA y/o la CNI, que ascendieron gracias a Cheyre y que hasta hoy trabajan, al menos cobran un sueldo, en el Ejército. Entre tales cito el caso de Ricardo Ortega Prado: felicitado por su actividad represora en Concepción tras el golpe de Estado, fue Jefe de Unidad y de Dpto. en la CNI, reconocido por una víctima como su torturador en Cuartel Borgoño el año 1987 y hoy recontratado, con sueldo millonario, en el área Clima y Cultura del Ejército.
– Un pacto de silencio y negativa a entregar toda la información y antecedentes para juzgar a los violadores a los derechos humanos.

Ese “Nunca Más” castrense es tan honesto, inútil y lesivo como el amor al prójimo que prodigaba Fernando Karadima. A propósito del Sr. Karadima, su cercano, el Obispo Juan Barros asumió como general de Ejército durante el mando de Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús, recibiendo Monseñor un sueldo mensual del Ejército que llegó a ser superior a los dos millones de pesos.

Regresando a La Serena de 1973, pertinente es señalar, aunque no le guste a quienes lo defienden, que además de los múltiples testimonios en su contra por torturas y responsabilidad en Caravana de La Muerte, el hoy ex Comandante en Jefe preparó la tropa de La Serena que vino a Santiago para participar del golpe, tropa que ingresó a sangre y fuego a la Universidad Técnica del Estado el 12 de septiembre de 1973, además fue Cheyre Espinosa quien el 11 de septiembre tomó por asalto el Aeropuerto y la Intendencia de La Serena y eso fue sólo el principio.

Pero lo descrito, ciertamente, no es todo, adjunto y pido a The Clinic que facilite a los lectores dos documentos. El primero firmado por varios generales en servicio, quienes en un verdadero pacto de impunidad institucional y estatal comprometieron, expresamente y en democracia, al Ejército a favor de Pinochet, con el resultado que todos conocemos: ninguna prueba, ninguna colaboración hubo por parte del Ejército para juzgar a Pinochet, el mando militar hizo un pacto de silencio y de apoyo a favor del ex dictador Pinochet y, como corresponde, Cheyre Espinosa lo firmó, se comprometió y cumplió, Pinochet murió libre y protegido, con la Escuela Militar como lugar de homenaje. El segundo documento es aquel en que consta que en pleno Apartheid y anticomunismo furibundo en Sudáfrica, el año 1980, Juan Emilio se fue a un curso de Comando y Estado Mayor a Pretoria, me pregunto ¿qué diferencia hay entre enviar a un oficial de Ejército a la Sudáfrica de 1980 o a la Corea del Norte de 2015?

Para hacerse una idea del anticomunismo de Juan Emilio, estimo conducente aludir a carta que él remitió y publicó The Clinic, el 16 de julio de este año, en que en directa alusión a mí señala que un abogado que trabaja con un comunista lo acusa en tribunales. Con ese antecedente, en que necesita ver que los comunistas son los culpables y desprecia a los familiares de las víctimas, invito a los lectores a ponerse en el lugar de los comunistas, “los marxistas”, que estuvieron vendados, indefensos y amarrados a disposición de ese y demás oficiales del regimiento de La Serena.

Prosigo. Muchos, al parecer no sus defensores, escuchamos y nos enteramos que Cheyre Espinosa dijo que en realidad o en la práctica jamás condenó a nadie en los Consejos de Guerra de La Serena, pero al enrostrársele que eso no era cierto y que a Óscar Olivares lo condenó a presidio perpetuo, respondió que sí había condenado pero a penas bajas, es decir no a cárcel. Nuevamente, le pido a The Clinic que publicite dos fallos, de los que remito copia, de los Tribunales Militares en Tiempo de Guerra en que Juan Emilio condenó, entre otras, a penas de 5 años y un día y 10 años de presidio a presos políticos de La Serena.

A los lectores de The Clinic les llamo a preguntarse ¿cómo es posible que si las torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas se perpetraron al interior de su regimiento y Cheyre estaba allí asevere que no tenía conocimiento ni responsabilidad en ninguno de ellos? Aclaro que dentro del regimiento y en la época de aquel fueron ejecutados, de un modo aleve y tras torturas, 17 chilenos (todos ellos arrojados clandestinamente en fosas comunes y dos de ellos eran padre e hijo), otros 2 fueron hechos desparecer, cientos de hombres y mujeres fueron torturados y vejados, a ellos debemos sumar las ejecuciones del matrimonio Lejderman-Ávalos, cuyo hijo llegó a manos de Cheyre.

En el caso de Caravana, con 15 chilenos desarmados y amarrados, cruelmente torturados, quebradas sus costillas, vértebras y clavículas, con al menos 10 de ellos que recibieron tiros de gracia, que clamaban piedad en el regimiento, recinto en que Cheyre Espinosa reconoce haber estado el día de los hechos, y a pesar que hay muchos testigos, civiles y militares, como documentos emanados desde el Ejército y del Estado, que nos hablan inequívocamente de participación y “divertimento” generalizado de mandos de La Serena en las violaciones a los derechos humanos en aquel cuartel, ese ex oficial pretende salir impune y señala ni siquiera haber visto ni escuchado lo que pasaba.

Finalizo, invitando a Juan Emilio a que discutamos de cara a la opinión pública sobre su rol en el regimiento de La Serena, imagino que no aceptará, ya que quizás cree que él no debe responder y recordándole que citado al tribunal él no asistió y debió ser compelido bajo apercibimiento de arresto, ello además que, en lo que considero un engaño, señaló como domicilio un recinto militar para que el Tribunal concurriese a tomarle declaración allí. No hago extensiva la invitación en cuestión a sus defensores y asesores de imagen, ya que no fomento la publicidad engañosa, y si bien creo que el ex militar no será veraz, jamás le afectaré su derecho como inculpado a guardar silencio y a no decir la verdad.

Lea la entrevista de Jorge Bofill