Minsal modifica criterios para que recintos atiendan enfermedades de la “Ley Ricarte Soto”

De acuerdo a la Ley Ricarte Soto, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de enfermedades de alto o costo, para que un profesional de la salud o un recinto hospitalario pueda diagnosticar, tratar o hacer seguimiento de un paciente debe estar acreditado.

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De acuerdo a la Ley Ricarte Soto, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de enfermedades de alto o costo, para que un profesional de la salud o un recinto hospitalario pueda diagnosticar, tratar o hacer seguimiento de un paciente debe estar acreditado, según indica El Mercurio.

No obstante, como hasta el 16 de noviembre nadie se había acreditado y debido a que el pasado viernes entró en vigencia dicha ley, el Ministerio de Salud (Minsal) cambió, vía decreto exento, los estándares exigidos a quienes prestan el servicio.

La modificación señala que durante los tres primeros meses de vigencia de la ley, hasta el cuatro de marzo, solo basta que el director de un recinto hospitalario envíe una declaración jurada a la comisión, en la que precise que tiene las condiciones necesarias para atender a un paciente. Una vez que la comisión aprueba la petición, el prestador adquiere la acreditación.

Según indica la subsecretaria de Redes Asistenciales (s), Gisela Alarcón, “la comisión evalúa y aprueba según la declaración y los conocimientos que tiene de ese centro (…) eso es para acelerar el proceso, porque igualmente tienen que mandar los antecedentes en un plazo de dos meses. Si no cumplen, se retira la aprobación”.

Dentro del mundo político existen algunos cuestionamientos frente a este iniciativa. En ese sentido, la diputada Karla Rubilar se pronunció al respecto y enfatizó que “esto es una prueba más de que echaron a andar la ley contra viento y marea. Estamos ante una flexibilización extrema de los criterios que se plantearon para asegurar la calidad de las atenciones”.

Por su parte, la vocera de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, Cecilia Rodríguez, sentenció “si bien está vigente legalmente, para nosotros no va a entrar en vigencia hasta que un paciente no sea diagnosticado, tratado y tenga su medicamento (…) hasta ahora, nadie sabe cómo va a funcionar esto”.

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