La Granja: Vivir entre industrias, contaminación y malos olores

En los días que se siente olor a podrido, antes de servir el almuerzo a sus nietos, María abre las llaves del lavaplato y deja el agua correr, luego cierra la puerta del baño y se asegura de cubrir los alcantarillados para evitar que el olor proviene de la curtiembre Jordec invada su casa y sus nietos comiencen a quejarse.

En la vereda de enfrente, Jaime, dueño de un taller mecánico, lava el auto que tiene que entregar. Una hora después, parece como si nunca hubiera pasado por el agua, sino por un camino de tierra. Vuelve a empezar y así hasta que llega el cliente. Su taller está justo al lado de la minera Santa Ana y es víctima del polvo que irradia la empresa.

Unos metros más allá de la calle Santa Ana, la señora Ema, tiene un pequeño almacén frente a la curtiembre, hace unos días, unos carabineros fueron a comprarle mote con huesillos, pero a la uniformada le vinieron unas arcadas feroces por el mal olor y los dejaron a medio empezar.

Jaime, Ema y Ana viven en La Granja, una comuna que registra un triste récord: está en los últimos lugares de los índices de calidad de vida de la Región Metropolitana según el ICVU 2015. Los vecinos del sector de Santa Ana lo saben bien, hace décadas conviven con un cordón industrial a metros de sus casas y sus consecuencias: Polvo en suspensión, material particulado, ruidos molestos, plagas de ratones y olor a podrido. De los desagües de sus casas sube un hedor nauseabundo.

El cordón ubicado entre las calles Santa Ana y La Victoria, en el paradero 19 de Santa Rosa, está compuesto por 28 industrias, pero son tres de ellas las que preocupan a los vecinos. Llevan cerca de diez años haciendo gestiones con las autoridades para que sean trasladas a otro sector. Se trata de la curtiembre Jordec, la Minera Santa Ana y la empresa de pinturas Zincgal, que están justo frente a las casas de los pobladores.

Con el tiempo y muchos reclamos de por medio, la situación ha ido mejorando, reconocen los vecinos. Las tres empresas cuestionadas han aplicado medidas mitigatorias para paliar las externalidades negativas que producen en la comunidad. Pero para un grupo de vecinos esto no es suficiente, están preocupados por la contaminación a la que están expuestos, y sobre todo, porque están convencidos que su salud corre peligro. Si bien no existen datos concretos que avalen las sospechas de los vecinos, asocian la presencia de las empresas a los casos de cáncer que existen en el barrio. Mito o realidad es un temor extendido entre ellos.

Ernesto Gramcsh, doctor en física y experto en contaminación ambiental del aire, conoce de cerca el caso. Gramcsh, profesor de la Universidad de Santiago (USACH) hace 20 años, asegura que estas empresas no deberían estar en sectores poblados: “No es recomendable que las comunidades vivan tan cerca de empresas de este tipo, efectivamente, la exposición prolongada a elementos tóxicos pueden generar daños a la salud. Se sabe que cuando los niveles mp2,5 promedio aumentan, el riesgo de enfermedades y cáncer también se incrementa”.

De hecho, el Plan Regulador Metropolitano de 1994, propuso desplazar estas industrias calificadas como molestas fuera del radio urbano de Américo Vespucio, para crear zonas industriales exclusivas. Entonces, ¿por qué se mantuvo esta zona industrial en La Granja?

El arquitecto y profesor de la Universidad Católica, Iván Poduje, experto en materia de urbanismo, explica que “lamentablemente se crearon normas para saltarse esta obligación, como ocurre en la Granja. En 1994 se fijó un artículo transitorio que permitía mantener las industrias ‘congeladas’, es decir, sin posibilidades de ampliación o mejoramiento asumiendo que el traslado a las zonas industriales exclusivas de la periferia sería paulatino. El problema se produce en 2002 ya que, inexplicablemente, se autorizó a descongelar estas zonas”, comenta respecto a la contradicción de la normativa.

Para Poduje, el trasfondo de esta problemática tiene que ver, por una parte, con la carencia sostenida de políticas consistente de planificación urbana y, por otro lado, con la inequidad urbana: “Indudablemente que influye el ingreso promedio de las comunas. Til Til es el caso más emblemático y dramático, pero lo mismo vemos en las zonas de extracción de áridos, vertederos ilegales, etc. Lo mismo ocurre en Puchuncaví donde hay varias centrales termoeléctricas al lado de barrios o playas con veraneantes, algo que nunca ocurría en el Cajón del Maipo o Punta de Choros, donde se levantó medio país para rechazar un proyecto eléctrico. En estos barrios con suerte logras armar una marcha de vecinos y la razón, es su bajo ingreso y la ausencia de redes. Es lamentable”.

Una opinión similar tienen muchos vecinos, que luego de tantos años con el mismo problema, se sienten resignados: “Llevamos años en la misma. No podemos hacer nada, nosotros somos pobres, vivimos donde podemos no más, somos el pez chico y ellos el pez gordo, es gente de plata, así que, qué vamos a hacer. No los podemos echar”, dice la señora Carmen, vecina de la calle Santa Ana, quien trabaja en una de las empresas cuestionadas.

“Por la curtiembre, antes teníamos plaga de guarenes, el olor es asqueroso. Estas empresas no deberían estar al interior del cordón de Américo Vespucio y acá esa ley no se cumple. Tenemos la casa llena de polvo, el aseo no dura nada. Esto no pasa para el barrio alto, si los dueños viven en Vitacura, por qué no las ponen allá. Los niños se enferman de los bronquios. Por qué una minera metida en la ciudad, es paradojal”, se queja Don Luis, vecino de la minera Santa Ana.

Y los reclamos continúan: “Las autoridades no hacen nada porque no viven aquí. No están ni ahí, no se han querido comprometer a hacer algo, para ellos es más importante la plata que dan las industrias a la Municipalidad. ¿Porque nosotros qué vamos a darles? Yo no pago el derecho a basura, si estoy viviendo en un basural ecológico, así que no les pago”, confiesa, la señora María, quien pertenece a la capilla San Esteban y visita a 15 enfermos del barrio, la mayoría con cáncer al estómago o los pulmones, que ella adjudica, a la contaminación de las empresas.

La curtiembre y el mal olor

La empresa de Jorge de Camino concentra las críticas por el fuerte olor que emana de la curtiembre Jordec. Para tratar el cuero de animales, se utilizan químicos potentes y se generan residuos líquidos que deben ser tratados y van a dar a los alcantarillados. El olor de los desechos se expande por la red subterránea y sube por los desagües y alcantarillados de las viviendas. También se expande por el aire. El barrio y las casas están impregnadas de olor a químico y podrido, dicen los vecinos. En algunas ocasiones los alcantarillados se han tapado con el pelo de los animales y lo peor viene al mediodía cuando las temperaturas en esta época del año son altas. Otro, en cambio, reconocen que esto ha disminuido y afirman que las empresas dan empleo.

En la curtiembre, instalada en el sector desde 1977, trabajan 50 operarios, producen cueros para zapatería, marroniquería, vestuario y carteras, también exportan a China. El gerente comercial, Gonzalo de Camino, explica que cuando llegaron el sector no estaba poblado. “Con los años la ciudad se fue acercando a nosotros. Sabemos que el olor es la principal molestia para los vecinos. Hemos tratado de dar soluciones. Por eso, desde hace cinco años nos hemos preocupado de invertir en el manejo de olores, tenemos una planta de tratamiento de las aguas residuales con rieles, instalamos filtros biológicos. No nos hemos quedado parados. Somos constantemente fiscalizados y estamos cumpliendo con la normativa. Somos productores nacionales y damos trabajo a la gente del sector”.

La minera Santa Ana y el material particulado

La minera Santa Ana de propiedad de la familia Budnik está a sólo una cuadra de la curtiembre. Es un planta chancadora, es decir, corta y reduce el tamaño de piedras para ser utilizadas en la confección de baldosas, elementos ornamentales y productos de hormigón. Como consecuencia, genera ruido, polvo en suspensión y material particulado.

El doctor en biología de la Universidad de Santiago, Sergio Castro, el año pasado emitió una opinión desfavorable para la minera: “De acuerdo al informe técnico de análisis de Sílice Libre emanando por Cesmec el 27/12/2013, se puede establecer que la concentración de Sílice en la muestra (1,3 % de fracción respirable), superan la norma señalada por el Ministerio de Salud a través del Decreto Supremo No 59 No. 594, de 1999, la que fija en un 0,08% de fracción respirable. Dependiendo de la concentración y tiempo de exposición al Sílice Libre, las personas pueden sufrir enfermedades respiratorias, silicosis y cáncer”.

Esta situación es negada por el representante de la firma, Alejandro Fortabat, quien asegura que los niveles de emisiones cumplen con la normativa y afirma que la salud de la comunidad ha sido un tema central para la minera. “Es un sector de la comunidad la que no nos quiere en el barrio, con otros vecinos tenemos muy buena relación. Para nosotros el tema de la salud y de no afectar a nuestros trabajadores y vecinos es central. Estamos preocupados de no generar contaminación acústica ni material particulado. Cumplimos con la norma, nos han fiscalizado y estamos bajo los niveles. También hemos contratado mediciones privadas y estudios acreditados. Hemos hecho harta inversión, encapsulamos y redujimos los ruidos, y se lo hemos tratado de transmitir a los vecinos. En época de emergencia ambiental, nosotros no paralizamos porque nuestros niveles de emisión son

La pintura y emisiones de Zincgal

En calle Ghiardo, paralela a Santa Ana, donde se ubican la minera y la curtiembre, funciona la industria Zincgal. Una empresa familiar que confecciona estructuras metálicas para obras menores y se trabaja con pintura electrostática. Un método que utiliza polvo seco para una terminación más resistente que la pintura tradicional. Vecinos afirman que los techos de sus casas y alrededor de la empresa son salpicados por la pintura en polvo.

Desde la empresa aseguran que la pintura que utilizan no es tóxica ni tiene solventes, que cuentan con la patente y todos los permisos sanitarios correspondientes. Después de una fiscalización, aplicaron mejoras y contrataron una asesoría externa. Gonzalo Tapia, encargado de la empresa, comentó: “Ahora pintamos dentro de cabinas bien selladas con ciclones. Hemos invertido en varias mejoras y si tenemos que hacer más, las haremos, para nosotros es una pena que nos tilden como una de las empresas que dañamos y contaminamos, nos tienen estigmatizados. Somos una empresa familiar que está aquí hace años, esta es nuestra fuente de trabajo, somos parte de la comunidad y queremos convivir bien con los vecinos”.

Además, según Tapia la molestia de los vecinos se generó porque durante el 2012, se agruparon y el municipio estuvo dispuesto a comprar el terreno para construir casas, pero ellos no aceptaron la oferta. “Los vecinos quedaron un poco resentidos porque no se pudo hacer ese proyecto”.

La lucha de la Agrupación por la vida digna

A pesar de la adversidad y el desinterés de algunos vecinos, un grupo de ellos, liderados por el dirigente social Víctor Hugo Barrientos, el 2010 crearon la Agrupación por la vida digna. “Todo esto surgió por los problemas de salud y contaminación grave que había en la comunidad. Hicimos denuncias en todas las instituciones que correspondía, enviamos cartas al Municipio, al Seremi de Salud, pedimos fiscalizaciones. Pero tenemos la sensación que las autoridades, en definitiva, no protegen ni cuidan a los pobladores, cuidan los derechos de las empresas, no a nosotros. Queremos que trasladen a esas tres empresas a otros sectores, donde hayan parques industriales. Si esta fuera una comuna rica, no los dejarían estar aquí. Es una injusticia tremenda. Los vecinos están muriendo de cáncer”., afirma.

Una vez conformada la agrupación, se hicieron asesorar por la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, recién entonces, cuenta Barrientos, las autoridades los comenzaron a tomar más en serio. Entre sus gestiones, se descubrió que habían irregularidades en las ampliaciones de las empresas y que las patentes de la Minera Santa Ana y la curtiembre Jordec no existían. Por ello, la alcaldía, durante la gestión de Claudio Arriagada, firmó de forma exprés el Decreto Nº 2259 el 5 de julio de 2012, para regularizar sus patentes y argumentó que las originales se habían quemado en un incendio en 1978. Barrientos, asesorado por la Clínica, presentó un recurso de ilegalidad frente a la Corte de Apelaciones de San Miguel para revocar las patentes, pero fue rechazado.

Actualmente y para despejar dudas de contaminación el doctor Gramsch ofreció realizar un estudio para monitorear la contaminación ambiental en el sector, pero los insumos deben ser financiados y tienen un costo aproximado de 5 millones. Los recursos fueron solicitados al alcalde Felipe Delpin, quien se comprometió públicamente, pero luego en una reunión con el administrador municipal y el asesor jurídico, se explicó que no sería posible. También hicieron las gestiones frente al gobierno regional, pero tampoco obtuvieron el financiamiento.

El actual presidente de la agrupación, el sociólogo Daniel Fredes, considera que en la comuna se ha privilegiado la propiedad privada: “Es importante que Jordec, Santa Ana y Zingcal se vayan de la población porque están enfermando a los vecinos y afectando nuestra calidad de vida. No puede ser que la propiedad privada esté por sobre la vida de los pobladores. ¿Por qué no se financia el estudio? Esa es una muestra de la voluntad política del municipio: que las empresas no se vayan, que el problema se acabe no porque se solucionó la contaminación, sino porque los vecinos se cansen de luchar”.

Desde el Municipio de La Granja, el administrador municipal, Marcelo Ortiz, explica que se han realizado las fiscalizaciones para las que están facultados, según la ley de urbanismo y ordenanzas municipales. Sin embargo, argumenta, es la Seremi de Medio Ambiente y de Salud de la RM, los organismos que tienen que fiscalizar si hay contaminación o daños a la salud. “Ellos pueden aplicar sanciones o incluso prohibición de funcionamiento. Nosotros hemos tratado de tomar medidas, pero hemos topado con las normativas legales. Producto de la polución, el año pasado, el alcalde Felipe Delpin fue a clausurar la Minera Santa Ana, pero tenían los permisos de la Seremi al día que les permite funcionar. En rigor, las empresas cuentan con los permisos y autorizaciones para estar en la comuna”.

Relativo a la petición de financiamiento para efectuar el estudio de la USACH que permita comprobar o descartar los agentes contaminantes, Ortiz sostuvo que el municipio no cuenta con la facultad para pagar estudios técnicos ni entregar recursos a privados.

La Seremi de Salud y Medio Ambiente alegaron falta de tiempo para contestar los requerimientos de este medio.