Más de la mitad de los $154 mil millones que el Gobierno inyectó a Fonasa para listas de espera oncológicas está destinado al sector privado

El recorte presupuestario que se hizo en el Ministerio de Salud fue uno de los que generó más críticas, de forma transversal, por el impacto que se estima que podría tener.

Fue el recorte más grande en términos monetarios, con $413 mil millones (el 2,5% de su presupuesto anual), distribuidos tanto en la atención primaria como en hospitales y otros organismos dependientes de la cartera.

Fonasa fue el organismo más afectado con un recorte de $259 mil millones, equivalente al 1,7% de su presupuesto, pero ahora también, según el decreto 375 con fecha de 12 de mayo que ya fue tomado de razón por Contraloría y al cual accedió The Clinic, la institución recibió una inyección de recursos por $154.963 millones.

El monto, eso sí, no es nuevo: corresponde al presupuesto destinado para fortalecer la Alerta Oncológica, para reducir las listas de espera y agilizar la atención de los casi 34 mil pacientes con cáncer que aguardan por un diagnóstico o tratamiento en el sistema público -ya sea GES o no GES-.

Ayer, de hecho, el Presidente Kast dijo en su cuenta pública que ya el 99% de los pacientes en la lista de espera por cáncer ya han sido contactados y que ha habido un avance del 80% en la resolución de los casos críticos.

Y si bien es una inyección por más de un tercio de los recursos que se le recortaron al ministerio, la diferencia radica en que estos recursos son exclusivamente para la resolutividad de listas de espera oncológicas.

En esa línea, solo estarán destinados para aumentar la capacidad de resolución del sistema público de salud, mejorar la gestión y las derivaciones al sector privado, garantizando una atención oportuna a las personas.

De esa forma, se busca que para el 30 de junio todos los pacientes que estaban en lista de espera oncológica al 31 de enero -correspondiente a 33.702 personas-, hayan podido recibir un diagnóstico o haber iniciado su tratamiento.

El relevante rol que se le está entregando a la colaboración público-privada para resolver las listas de espera

Al mirar el desglose, eso sí, se puede observar que del total, $65.289 millones están destinados a financiar principalmente la labor de los hospitales por Grupo Relacionado de Diagnóstico y en menor medida las prestaciones institucionales.

Pero la mayoría del presupuesto que se inyectó, es decir, $89.673 millones, están destinados al ítem de “provisión de prestaciones médicas”, el cual alude a los servicios que se le solicitan a la red de prestadores privados.

Y es que en el contexto de la alerta, se permite el aumento de tratos directos con prestadores del sector privado en aquellos casos en que el sector público no logre responder a tiempo.

En la licitación de la lista de espera GES y no GES realizada en 2024, fueron 61 los prestadores privados que se adjudicaron la resolución de la cartera, dentro de los cuales 21 eran oncológicos y contaban con una disponibilidad de resolución de casi 1.900 cupos.

Pero ahora con las ampliaciones que garantiza la alerta se sumaron 24 prestadores más, lo que permitió que se duplicara la capacidad de resolutividad.

“Activamos la complementariedad público-privada y, a través de Fonasa, dispusimos más de 4.800 cupos para atender retrasos oncológicos en distintas regiones del país”, dijo ayer el Presidente Kast.

Con ello, en el sector estiman que el sector privado sería capaz de resolver en estos 90 días que fijó el Minsal como meta, cerca de 12 mil pacientes, por lo que los 21 mil restantes deberían ser gestionados por la red pública.