Taller milicogate

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Morir atropellado en un choque, aparentemente casual, o acribillado desde la ventanilla de un Ford Mustang negro. Dos alternativas que la mente de César Fuentes barajó en milésimas de segundos, apenas notó que un vehículo comenzó a perseguirlo mientras regresaba en bicicleta a su hogar. Sintió un leve escalofrío, recuerda. Acababa de recibir amenazas telefónicas en su contra hacía un par de días. Si hablaba, le dijeron, era hombre muerto.

César Fuentes no solo tiene miedo, tampoco puede dormir en paz. La empresa familiar que administra, un taller mecánico ubicado en avenida Vivaceta, es uno de los proveedores del Ejército investigados por la fiscal Ximena Chong, quien lleva la arista civil del denominado Milicogate, después que el Ejército detectara la falsificación de la firma del coronel Pedro Ferrer por 303 millones de pesos en facturas a nombre de Raúl Fuentes Quintanilla, su padre, pagadas con fondos de la Ley Reservada del Cobre. Un desfalco millonario a través de facturas falsas y trabajos que jamás se realizaron.

La avalancha acaba de tocar a César Fuentes. La semana pasada fue sacado de la lista de proveedores del Ejército y la fiscal Chong lo citó a declarar. Su testimonio es clave para desentrañar cómo operaba la red de defraudaciones al interior del Ejército, la que se estima supera los diez millones de dólares entre todos los involucrados. De ahí las amenazas. El miedo. El temor al mustang negro que lo acompañó una cuadra y luego desapareció sin dejar huellas.

LA FAMILIA

La mecánica ha estado en el ADN de la familia Fuentes desde hace al menos seis décadas. El primero en tener un taller mecánico fue el abuelo de César, el mismo que transmitió su oficio a Raúl y que este luego heredó a su primogénito. Tres generaciones ligadas al rubro de la mecánica. Los Fuentes, oriundos de La Esperanza, un pueblo ubicado en plena Carretera de la Fruta, en la Sexta Región, pronto comenzaron a especializarse en el arreglo de tractores y maquinaria agrícola, hasta que la crisis del campo los obligó a probar suerte en la capital.

Raúl llegó a Santiago a los 14 años, poco tiempo después se compró un taxi. Allí descubrió que el transporte era un negocio pujante. Se casó con Otilia Campusano en 1973 y tuvo dos hijos: César y Katherine, quienes desde niños trabajaron junto a su padre en el taller. En la década de los ochenta, Raúl se especializó en refaccionar buses averiados para ponerlos nuevamente en circulación. Sus primeras máquinas formaron parte del recorrido Ovalle Negrete. El negocio fue exitoso y se mantuvo en el período de las “micros amarillas”, operando las líneas 120 y 154. El patriarca del clan llegó a tener más de 40 buses, un taller en la calle Vivaceta y un local comercial de venta de repuestos automotrices.

En un rubro dominado por familias como los Marinakis y los Navarrete, los Fuentes se hicieron un nombre y una pequeña fortuna. La bonanza económica duró hasta que comenzó a operar el Transantiago. El ambicioso proyecto incluía buses modernos, ecológicos, pago con tarjeta, nuevos recorridos y orden en los horarios, infraestructura que dejaba obsoleto el negocio de Raúl. El caos de la implementación, sin embargo, lo devolvió nuevamente al juego.

Junto a otros empresarios en su misma situación, Fuentes decidió “enchular” sus micros para arrendárselas a las empresas concesionadas. La apuesta fue un completo fracaso y le quedaron debiendo plata. Fue tanta la desesperación del gremio, que Raúl junto al empresario Demetrio Marinakis, su amigo, viajaron a Cuba para intentar vender las máquinas al gobierno de Fidel Castro. El negocio tampoco prosperó y las micros “enchuladas” terminaron deshuesadas, convertidas en chatarra, vendidas al kilo. Raúl entonces comenzó a explorar nuevos horizontes a través de la venta de repuestos y echó mano a un viejo cliente: el Ejército.

-Después del Transantiago los talleres quedaron desocupados y tuvimos que reinventarnos. Empezamos a venderle repuestos de buses al Ejército. El negocio partió siendo el uno por ciento de las ventas y ahora representa el cuarenta –explica César Fuentes, el mayor de los hermanos y el primer profesional de la familia.

En el año 2009 el nuevo proyecto comenzó a tambalear. El Servicio de Impuestos Internos descubrió facturas clonadas de Raúl Fuentes Quintanilla y fue obligado a dar término de giro a su negocio. Una vez más debió reinventarse, esta vez bajo una nueva razón social: Inversiones y Comercio Capellán. No obstante, el patriarca desoyó la orden del SII y siguió emitiendo facturas con su nombre al Ejército.

“ESTILO CAPELLÁN”
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Lectura de foto: César Fuentes en el taller de Independencia.

Los que estuvieron presentes recuerdan la escena como una suerte de ensayo de revista militar. Todos los mecánicos vestidos de overol y bototos, ropas que jamás utilizaban a diario, parados frente a un oficial del Ejército escoltado por Raúl Fuentes Quintanilla. Juntos recorrían el taller con las manos entrelazadas en la espalda. Después de que el militar abandonaba el taller, Raúl ordenaba guardar las prendas para una próxima ocasión.

El desfile de militares en la empresa comenzó a partir del año 2002, cuando César Fuentes logró ingresar como proveedor al Ejército, luego de comprar un camión Unimog en remate que posteriormente transformó en grúa. Los contactos cultivados por su padre sirvieron para que Capellán permeara un gremio copado en su mayoría por empresas de exoficiales.

César no solo comenzó a venderle repuestos al Ejército sino a conocer de primera mano cómo operaba el sistema. “Ellos mismos te lo empiezan a dibujar”, aclara. “Tú entras como un proveedor normal, te hacen parte de una necesidad concreta y sientes que eres útil para la institución, hasta que te das cuenta que fuiste engañado”.

La máquina, perfectamente aceitada, funcionaba en un desorden aparente. Muchas veces, reconoce César, la institución no tenía dinero para pagar los repuestos y la empresa terminaba pasándolos por reparaciones. Trabajos “fiados” a varios meses. Ventas a plazo que casi siempre ocultaban el mismo modus operandi: Platas destinadas a una cosa y gastadas en otras. Un terreno fértil para todo tipo de complicidades. César Fuentes atribuye la naturaleza de las prácticas a “un desorden del Ejército”. “Nosotros hicimos los trabajos”, se defiende.

-Uno no solo reparaba o vendía repuestos, ayudabas en las catástrofes, aluviones, y adquieres cierto estatus. No es que llegue un general a solicitar algo, solo dan órdenes verbales a través de subalternos. Siempre llegan de manera muy sutil. Te arman el cuento- explica César.

Ser proveedor del Ejército, admite, involucraba apoyos de forma permanente. “Colaboraciones”, les llama. Recuerda haber arrendado carpas para celebraciones de cambio de mando, financiar parte de las corridas de la institución y comprar material de escritorio para alguna división. Méritos que lo catapultaron rápidamente al estatus de proveedor estratégico del Ejército, es decir que estaba dispuesto a ayudar cuando las formalidades complicaban los caminos para los militares.

Desde entonces, Capellán nunca más paró de adjudicarse trabajos: reparaciones de ambulancias, camiones Mercedes Benz 1114, mantención de diversos vehículos y venta de repuestos y cajas de mantenimiento. Varias unidades del Ejército solicitaban sus servicios: el Comando de Apoyo a la Fuerza, la Dirección de Logística, la División de Mantenimiento, la Brigada Acorazada Cazadores, la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, entre otras.

Jaime, un exempleado de Raúl Fuentes, recuerda que al principio los trabajos se hacían, pero que pronto pasaron al terreno de la ficción. “Pura pantalla”, resume. El extrabajador cuenta que por orden expresa del jefe empezaron a “maquillar” las reparaciones con piezas reacondicionadas y una mano de pintura en los motores. “Qué estai cambiando huevás”, recriminaba Raúl Fuentes a sus trabajadores cuando intentaban cumplir con lo solicitado en las licitaciones. “Uno tenía que morir pollo”, recuerda.

César niega tajantemente que los trabajos no se hayan realizado. Algunos exempleados también reniegan de su expatrón. El mismo Jaime, encargado de refaccionar unos camiones Mercedes Benz 1114, cuenta que tuvo que ir en busca de una caravana que quedó en panne en el norte después de un supuesto ajuste de motor que nunca se hizo. “Si esos camiones van a una guerra, lo más probable es que queden tirados antes de llegar a destino”, reflexiona hoy.

Los vehículos generalmente solo se pintaban con Ral 6002, el clásico color verde olivo, que compraban en la tienda Sipa de Plaza Chacabuco. “Raúl Fuentes me ordenaba desarmar los motores, limpiarlos y pintarlos de verde. Parecían nuevos, no se notaba que eran los mismos”, cuenta José, otro exmecánico del taller, que al principio pensaba que la pintura era para que se viera más “presentable”, hasta que se dio cuenta que se trataba de una completa simulación. Los trabajos, salvo excepciones, se hacían a medias. La mayoría de las veces, aseguran los exempleados, eran pura fachada. El modo de operar del ex empresario microbusero era conocido por sus colegas del gremio como el “Estilo Capellán”.

César, el primogénito del patriarca, dice que siempre defenderá a su padre. No obstante, admite que pudo cometer “errores”.

Otros proveedores que participaron en las mismas licitaciones siempre sospecharon sobre las reiteradas adjudicaciones de Capellán. La trampa, aseguran, estaba en las bases. “Son muy genéricas, un auto tiene casi mil componentes y el Ejército nunca especificaba que tipo de mantención tenía que hacerse en cada ítem, por lo tanto no sabías bien cómo cobrar”, recuerda uno de ellos. “Te sentías en el limbo”, precisa. En este difuso escenario, Capellán siempre jugaba a ganador. Por esto mismo, varias empresas del rubro optaron por no postular cuando el negocio de los Fuentes asomaba su nariz. La conclusión de la competencia fue siempre la misma: las licitaciones estaban arregladas. “Cobraban por otro lado”, aseguran.

La tesis de las coimas es una arista que hoy contempla la fiscalía. Raúl Fuentes Quintanilla declaró ante la fiscal militar Paola Jofré que realizaba tratos directos con militares, a veces incluso sin licitación de por medio, y que no recordaba el nombre de ninguno de ellos. Sus exempleados, sin embargo, aseguran que cada fin de mes, sagradamente, aparecía en el taller un militar con un maletín, un tal coronel Díaz, en busca de una porción de la “torta”.

Otro de los beneficiados, coinciden, sería un suboficial de apellido González. Todo apunta a que se trataría de Claudio González Palominos, exfuncionario de la División de Mantenimiento, actualmente detenido en el regimiento de la Policía Militar junto al coronel Clovis Montero, la sargento Millaray Simunovic, el sargento Miguel Escobar y el cabo Juan Carlos Cruz, acusado de gastarse unos 2.400 millones de pesos en las máquinas tragamonedas del casino Monticello.

González Palominos, en su declaración entregada a la fiscal militar Paola Jofré, aseguró que le entregaba al suboficial Escobar, en el mall de Maipú, “el dinero que cobraba con un proveedor en el banco”.

Los oscuros negocios de la familia Fuentes, aseguran sus dos exempleados, comenzaron a tornarse “más descarados”. José recuerda haber visto llegar al taller camiones del Ejército repletos de repuestos que almacenaban en las bodegas y que luego ocupaban en los mismos vehículos militares. También innumerables tambores de aceite, con logo institucional, que luego revendían a empresarios microbuseros. “Pasó varias veces, un milico llegaba con el camión, lo descargábamos, después pasaba a cobrar y se iba”. César Fuentes asegura que los tambores eran donados por la institución para acumular desechos. “Venían vacíos”, dice.

En otra ocasión, recuerda el mismo mecánico, le habría tocado retirar repuestos a un regimiento de San Bernardo. “Cargamos paquetes de resorte, tambores, patines de freno, bombas, y repuestos de jeep. Se trataba de abaratar la mayor cantidad de plata para que quedara más dinero para repartirse”, agrega. El encargado de los pagos, aseguran los exempleados, era César Fuentes, que será formalizado los primeros días de enero.

PACOGATE
Taller milicogate

Antes que la Ley de Probidad normara los regalos que los civiles podían entregarle a los funcionarios públicos, Raúl Fuentes y sus hijos acostumbraban a llegar con obsequios para sus clientes en fechas como el 18 de septiembre y Navidad. Había una, sin embargo, que era especial: el Día del Carabinero. Cada 27 de abril, Raúl llegaba al Departamento de Transporte de la policía, y repartía vino y torta entre los funcionarios del lugar. “Varias veces llegaron con cajas para todo el taller. En ese tiempo éramos como 80 personas. Venía un vino, una champagne y un pan de pascua”, recuerda un expolicía.

El L3, que en jerga policial significa Departamento de Transportes, es un gran taller mecánico ubicado en la calle Vivaceta 2700, a cuadras de la casa matriz de los Fuentes. Hasta allá llegan todos los vehículos que necesitan mantención: patrulleras, furgones, zorrillos, guanacos, buses, y blindados. El trabajo allí tiene ciertos protocolos: si la panne es simple, los mismos mecánicos de la institución se hacen cargo, de lo contrario, son derivados a talleres concesionados. Para cada orden de compra de repuestos y de reparaciones en recintos externos, los funcionarios deben emitir licitaciones y luego órdenes de compra. Raúl comenzó a participar de estos procesos al menos desde el año 2006. Según sus adjudicaciones en Mercado Público, el negocio comenzó con él como particular, luego a través de Inversiones Capellán, y posteriormente con una nueva sociedad, A y A.

Este entramado de compañías hizo ganar mucho dinero a los Fuentes: 570 licitaciones adjudicadas, desde el 2006 hasta la fecha. Según un extrabajador, allí operaba la misma lógica de defraudación que tenía con el Ejército, pero bajo el modelo de compras públicas. “En Carabineros, el negocio estaba en la venta de repuestos. Ellos nos dateaban con anticipación sobre las licitaciones que iban a subir a Mercado Público, para que las ganáramos”, confiesa José, un extrabajador. Según su relato, la empresa se adjudicaba pedidos por piezas originales y luego entregaba usadas o alternativas. “El funcionario que los recibía en la bodega se hacía el loco. Si la licitación era por 15 millones, él cobraba 500 mil”, agrega.

José describe una dinámica donde el negocio estaba arreglado de comienzo a fin: trabajos simulados, a medias, o con sobreprecios, “un traje a la medida en el que todos ganaban”. Otro exoperario, avala su versión. “Muchas veces, para hacer pasar repuestos alternativos por originales, compraban cajas, imprimían etiquetas con los logos de las marcas, y las pegaban antes de ir a dejarlas”.

A cargo del negocio estaba Nicole Fuentes Chávez, hija del segundo matrimonio de Raúl y socia de Capellán, ingeniera comercial como César. Ella fue la encargada de forjar una estrecha relación entre la policía y la familia. Las oficinas de la empresa pasaban todo el día con uniformados entrando y saliendo, y fuera del trabajo organizaban partidos de fútbol entre los mecánicos de ambos talleres. “La Nicole corría con todos los gastos de los polis. Si tenían una pichanga pagaba de la bebida para arriba. Yo mismo una vez les fui a dejar una carne. Una vez se les echó a perder el baño y ella lo mandó a arreglar. Siempre estaban atentos a la jugada”, recuerda Jaime.

César Fuentes dice que esos comentarios son cahuines inventados para desprestigiarlo. Asegura que todos sus ex trabajadores se han ido en mala con él. Verdad o mentira, lo cierto es que Carabineros se convirtió en un cliente tan bueno como el Ejército. En el 2012, por ejemplo, la policía gastó dos mil millones de pesos en reparaciones y mantenciones de los vehículos de la Región Metropolitana. En ese mismo año, la Contraloría detectó las primeras irregularidades en estas adjudicaciones e inició una auditoría. Evidenció desorden en las licitaciones y contratos que se firmaban meses después de haberse realizado los trabajos. Un caldo de cultivo similar al que se cocinaba en el Ejército. El informe final, concluido en septiembre de 2013, puso especial énfasis en las adjudicaciones de Inversiones Capellán.

Según la investigación, el 20 de septiembre de 2012, la Subdirección de Gestión y Control de Adquisiciones envió un informe al Departamento de Transportes para alertarlos de que la empresa de Raúl Fuentes no cumplía con las normas mínimas para ser proveedor de la institución. Les dijo que en la licitación de los talleres para el parque automotriz de Santiago, la compañía quedó fuera por no cumplir con los requisitos técnicos: tenían piso de tierra, no habían normas de higiene y seguridad, no acreditaron la contratación de ingenieros mecánicos, no tenían un sistema contra incendios, y tampoco un registro de las mantenciones y reparaciones realizadas. Pese a eso, durante los meses de octubre a diciembre de ese año, el Departamento de Transportes siguió adjudicándoles trabajos por montos de hasta 500 UTM. En ese período, Capellán fue contratado por más de 148 millones de pesos a través licitaciones que fueron fragmentadas, para que no superaran el máximo permitido. La práctica fue impugnada por la Contraloría, quienes ordenaron a Carabineros realizar los sumarios respectivos. La institución entonces argumentó que las marchas estudiantiles de ese año, la obligaron a enfrentar la contingencia de esa manera.

Las ventas fragmentadas, sin embargo, continuaron durante 2013, 2014 y parte del 2015. En ese tiempo, Raúl Fuentes también comenzó a facturar a nombre de la empresa A y A. Fue el momento, recuerda César, en que su padre decidió iniciar un negocio en forma independiente.

Pese a que todas las compañías de los Fuentes mantenían la misma dirección comercial, en varias licitaciones se presentaron juntos, como si fueran competencia. A veces, ambas ganaban. Fue en ese periodo, que Inversiones Capellán se adjudicó más de cien licitaciones por diferentes trabajos. Se transformaron en un exitoso proveedor, llegando a obtener hasta seis contratos en un día. El 7 de enero de este año, por ejemplo, Capellán se quedó con las reparaciones de los carros lanza agua, de los autos de la flota de comando, de los camiones, las grúas, y de los buses para el transporte de las fuerzas especiales y del personal. Todas adjudicadas al mismo tiempo: a las 15:25 horas. Por esos trabajos, Capellán facturó 120 millones de pesos en total. A mediados de año, nuevamente se quedaron con las mismas licitaciones.

Según Carabineros, la empresa no estaba impedida para participar. Mediante un comunicado explicaron que “cada uno de los trabajos que se han adjudicado están acordes al interés institucional y resguardan el patrimonio fiscal”.

USADO

En la oficina de César, en Vivaceta, aún hay vestigios de la estrecha relación que el Ejército tenía con la familia. En su escritorio hay dos soldados de plástico arriba de un sidecar y en la pared cuelgan varios objetos que avalan el maridaje que existía entre ambos: un corbo enfundado, un certificado de apreciación por apoyar la corrida de las Glorias del Ejército en el 2012, y el original con el que Inversiones Capellán entró al registro de proveedores de repuestos para vehículos de potencial bélico, mismo listado del que fueron eliminados el 20 de noviembre pasado.
El documento de la baja explica que su salida se produjo por las irregularidades en tres facturas del 2011. Según el Ejército, dichos trabajos se pagaron, pero nunca se realizaron. César asegura que no hay nada pendiente. “Es una discriminación, porque no hay ningún juez que haya dictado una condena en contra nuestra. Sacarnos fue una medida desesperada del Ejército, porque quieren tirarnos la pelota a los proveedores y no reconocer el desorden administrativo y la falta de control”, se lamenta.

César enfatiza en que hacer los trabajos, era el último procedimiento tras la larga cadena de mando que se necesita para dar curso a una compra o a una reparación. Dice que los uniformados siempre se le presentaban con la orden de un superior y que él no tenía cómo saber si lo que le pedían era cierto o no. Tampoco podía negarse. El Ejército se había convertido en el cliente más importante de su negocio. Perderlo, tal como le sucedió ahora, amenazaba su estabilidad financiera.

Su versión tiene cierta lógica. Resulta difícil de creer que un cabo, un suboficial, y un proveedor de repuestos automotrices, se coludieran para realizar entre 2011 y 2014 un fraude por diez millones de dólares, sin otra complicidad mayor dentro de la institución. Tal como se han dado las cosas, sin embargo, César cree que el hilo se va a cortar por lo más delgado. Se siente abandonado y enumera una serie de sucesos recientes donde el Ejército, dice, pecó de malagradecido: los repuestos fiados que instalaron en los camiones que fueron a Copiapó por el aluvión; la reparación de un camión que quedó en panne un día domingo en la Cuesta Las Chilcas, mientras trasladaba un helicóptero. Todas situaciones en que César se sintió aportando a una buena causa y que hoy han tomado otro significado: “te hacían sentir comprometidos con la institución y ahora resulta que todo fue un engaño. Mi error fue confiar en ellos, creer que estaba siendo bien visto y evaluado, cuando en realidad me estaban usando”, se lamenta.

*Algunos nombres que aparecen en este reportaje han sido cambiados para proteger la identidad de las fuentes.