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Nacional

9 de Febrero de 2016

Historia: Un nombre en un telegrama

Por estos días se presentará una querella criminal en Iquique, la que busca reabrir la causa por el secuestro y desaparición del menor Henry Torres en 1974 en Pisagua, e investigar la existencia y destino de su acompañante, Hugo Martínez Martínez, ausente en los informes Rettig y Valech. Un importante hallazgo material, un telegrama emitido por el Ejército, podría sumar un nuevo nombre a la lista oficial de detenidos desaparecidos, el número 1211.

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DETENIDO DESAPARECIDO

“Ha llegado carta para la señora Rogelia Flores Mejías. Debe retirarla en la radio”. Parecía una frase pedestre, un mensaje más que se pierde en el espacio radiofónico. No lo fue. Cuando la aludida llegó a la emisora se enteró de que esa carta la había escrito Henry Torres Flores, su hijo menor, quien le informaba de su detención en el centro de detención que la dictadura montó en Pisagua, pueblo ubicado a 192 kilómetros al norte de Iquique.

“Mi querida y recordada mamita espero que al recibo de esta carta le deseo que se encuentre Ud. muy bien de salud, como también mis hermanos y hermanas, yo regular de salud, y después de saludarla paso a decirle lo siguiente: Mamá, esto para Ud., es muy triste si es que mi papá no le ha escrito dándole a saber que me encuentro detenido en Pisagua, junto con mi tío Hugo. Mamita, cuando Ud. sepa el motivo del porqué en el juzgado, no se sorprenda, todo tiene su explicación”, comienza la misiva fechada el 23 de julio de 1974 y en la que le solicita dinero y utensilios de aseo.

La información era perturbadora pero no alarmante. A pesar de tener sólo 15 años, Henry ya no vivía con su madre en Calama. Sin terminar el colegio y con la osadía de quien madura tempranamente ante circunstancias difíciles, había viajado a la población San Carlos de Iquique para trabajar con su padre como peoneta, descargando camiones. A veces volvía a Calama, a veces no. Que estuviera detenido junto a otros presos comunes por violar el toque de queda, como narraba el papel, en ese entonces era una posibilidad.

Con la carta en sus manos, Rogelia fue a comprar cigarros, un bloc de cartas, confort, máquinas de afeitar. Tomó la cédula de identidad que su hijo había olvidado en Calama y partió a la Sexta División del Ejército con la certeza que nuevamente cuidaría de su retoño. Probablemente la tranquilizó el hecho que Henry no estuviese solo. Lo acompañaba “el tío Hugo”, a quien ella no conocía, pero que había escrito la carta. Henry era analfabeto.

Una cosa sí le preocupó. La carta, sacada por algún detenido del campo de concentración, estaba timbrada por el Ejército con la palabra “censura”. Por eso prefirió no llevarla consigo. Hizo bien. Cuando llegó, Pedro Collao Martí, jefe de Inteligencia de la comandancia de la Sexta División del Ejército, le indicó terminantemente que no existía registro de la detención de su hijo y le pidió la carta de regreso. Nunca la entregó, así como tampoco nunca volvió a ver a su hijo.

Rogelia murió el año nuevo de 2009, años después que el padre de sus hijos. Hoy esa carta, guardada con celo por la madre, es el único recuerdo que conserva la familia Torres Flores del desaparecido adolescente. Lo más importante, sin embargo, fue que la carta constituye una contundente prueba física para determinar la detención y desaparición de Henry, y también, a la luz de un nuevo antecedente, la existencia y destino del “tío Hugo”, hasta ahora un “fantasma” en el proceso judicial.

El tío Hugo Martínez de Antofagasta

Florencio Torres Flores hoy vive en Iquique, la misma ciudad donde nació. Es el mayor de los tres hermanos hombres de Henry. Con él, eran seis. Siendo un veinteañero, a principios de los años setenta llegó a vivir a Calama. Partieron todos los hermanos con su madre, pero dice que Henry se devolvía siempre donde su papá porque no le gustaba ir al colegio y, por eso, era analfabeto.

“No había posibilidades de restringirlo. Pero era un chico normal, alegre, se reía con todos, jugaba con todos, como cualquier niño. No participaba en partidos políticos, pienso yo, si no sabía leer ni escribir. Ninguno de nosotros participaba en política tampoco”, recuerda.

Cuando a mediados de 1974 le negaron la presencia de Henry en Pisagua, acompañó a su madre a poner la denuncia al primer juzgado de Iquique, por presunta desaparición. Además de la carta, con los años otros presos comunes del tristemente célebre centro de detención les entregaron más información sobre Henry.

“Adentro de Pisagua había mucha gente conocida que nos decían que a Henry se lo habían echado (asesinado). Por algo cuando fue a buscarlo mi mamá, le dijeron que no estaba y querían quitarle la carta. Ahora la carta la tiene mi hermano Pascual. Le sacaron copias y las pusieron en el proceso. Hasta hoy pensamos que puede aparecer, vivo o muerto, pero mi mamita falleció con ese dolor. Me dijo ‘usted va a tener que seguir los pasos que he seguido yo, como el hermano mayor que es'”, cuenta.

Durante la dictadura nunca tuvieron una respuesta. Recién en democracia llegó la PDI a tomarles declaración por el caso de Henry. “Ahí nos preguntaron por primera vez por el ‘tío Hugo’, pero no sabíamos nada. Nosotros supimos de él por intermedio de la carta que Henry le envió a mi mamá, nunca lo vimos antes, no sabemos si era joven o viejo, sólo sabíamos que estaba nombrado en la carta. Quizás mi hermano Pascual lo conoció”.

La información la completó hace un tiempo Freddy Alonso, un ex preso político que ha reconstruido minuciosamente la historia del centro de detención y tortura de Pisagua. Fue él quien dio con un dato clave, el apellido del acompañante de Henry. Le preguntó a Pascual Torres Flores quién era “el tío Hugo” y éste le contestó “Hugo Martínez, un amigo de mi hermano de Antofagasta”.

Muerte en Pisagua

DETENIDO

Freddy Alonso fue detenido en Iquique en noviembre de 1973. Técnico en Administración Pública y militante del MAPU, permaneció en Pisagua durante un año y después cumplió condena de arraigo en Iquique por dos años más. Sus investigaciones sobre los crímenes en Pisagua lo llevaron a trabajar estrechamente con Sola Sierra, la emblemática presidenta de la AFDD. Es el exdetenido que más sabe sobre lo que ocurrió en la corta pero letal existencia de este campo de concentración.

“Empecé a investigar mientras estuve preso. Y esto es algo que no me da vergüenza contar: anotaba todo en papelitos chicos que saqué en el poto cuando salí en libertad. Cuando llegamos a la aldea de Huara con la patrulla militar, entramos a un restaurante donde habían unos compañeros, aproveché de ir al baño y metí los papeles en los zapatos”. Así Freddy Alonso dio inicio a la reconstrucción de una historia que se convirtió en el libro “La verdad de Pisagua”, publicado en 2004.

El campo de prisioneros de Pisagua se levantó los primeros días tras el Golpe de 1973 y se destinó a los perseguidos políticos por la dictadura cívico militar hasta el 6 de mayo de 1974, cuando el ejército trasladó a todos los presos políticos al segundo piso de un supermercado en el mismo caserío. Diez días después llegaron 126 presos comunes al campo, donde Freddy volvía todas las mañanas, junto a dos conscriptos, a buscar los fondos (ollas de 30 litros) y llevarlos al improvisado nuevo centro de detención.

Otra vez allí, fue testigo del trato que los militares daban a lo presos comunes, el mismo que les daban a ellos y que ha testificado frente a los Ministros Juan Guzmán, Daniel Calvo, Joaquín Billard y Mario Carroza. “Por Pisagua pasó la mentalidad enfermiza del nazismo, practicamente se desarrolló una suerte de morbosidad y sadismo de parte de nuestros custodios: golpizas, flagelaciones, torturas, simulacro de fusilamiento y ejecuciones”.

Un hecho que nunca pudo olvidar Alonso, fue el ingreso de los 126 presos comunes a Pisagua, mientras iba buscar dichos fondos. Según su relato, “el comandante Ramón Larraín Larraín, a cargo del campo de concentración, les preguntó ‘¿quiénes son las señoritas que vienen en este grupo?’. Volvió a preguntar amablemente, pero a la tercera gritó ‘¿quiénes conchesumadres son los maricones que vienen en este grupo?’ Salieron dieciocho. ‘¿Y quiénes son los pololitos?’… Él mismo los emparejó, levantó la mano, apareció un camión Pegaso y los subieron arriba con destino al norte. Nunca más los vi”.

Aunque no existe evidencia de fusilamientos masivos de presos comunes, pues no hay denuncias, en 1998 Carlos Herrera Jiménez, ex agente de la CNI y asesino confeso de Tucapel Jiménez, echó algo de luz sobre la interna del campo en una entrevista con Mónica González. Destinado en Pisagua para el golpe, reconoció haber participado en la ejecución de delincuentes y menores de edad y contó que hubo un tiempo en que los fusilamientos se sucedían unos tras otros.

Aunque el Ejército de Chile, con ocasión de la Mesa de Diálogo, reconoció haber ejecutado a Henry Torres Flores en de julio de 1974, en la localidad de Pisagua, nada se sabe de los detalles de su muerte ni de la identidad de los responsables. El caso de Hugo Martínez Martínez es aún peor, pues nadie nunca presentó algún recurso por él y no figura en ningún informe del Estado. Esta nebulosa, sin embargo, podría despejarse a la luz de un nuevo antecedente.

Nueva evidencia: un telegrama del Ejército

El abogado de Derechos Humanos, Adil Brkovic, interpondrá por primera vez una acción judicial para dar con el paradero de Hugo Martínez Martínez. Esto, en el marco de una querella que exige la reapertura de la causa de Henry Torres Flores por secuestro calificado y sobreseída temporalmente.

Brkovic dio con su nombre hace unos meses, por otra causa. Investigando la responsabilidad de Enrique Fuenzalida Puelma (fiscal militar de Arica entre abril de 1974 y junio de 1976), en la muerte de otro detenido, Manuel Sanhueza Mellado, tuvo acceso a un importante material reportado por el Ejército: un telegrama a medio quemar que da cuenta del destino final de Henry y el “tío Hugo”.

Oficialmente el telegrama, que cuenta con los timbres y rúbrica de la VI División de Ejército de Chile, informa que don Manuel Sanhueza Mellado, se ahogó el 2 de octubre de 1974, en Pisagua, en un accidente pesquero, junto a los delincuentes comunes Henry Torres Flores y Hugo Eugenio Martínez Martínez.

“El antecedente determinante es que los militares, mediante este telegrama, los dan por muertos junto a Sanhueza, dirigente comunista detenido en Arica el 10 de julio de 1974 y trasladado a ese campo de prisioneros el 28 de julio junto a su suegro y cuñado, siendo fusilado, presuntamente, el mismo día que llegó. Anecdótico es que el telegrama está fechado el mismo día en que oficialmente se cierra el campo de prisioneros”, explica Brkovic.

Manuel Sanhueza fue encontrado en la fosa clandestina de Pisagua el 2 de junio de 1990, cuando la Vicaría de la Solidaridad dio con veinte cadáveres ordenados por fecha de ejecución en el cementerio del pueblo. Fue un descubrimiento que se preveía por las organizaciones de Derechos Humanos, pero que igualmente conmocionó al país entero.

Esta importante prueba está en el expediente que actualmente se encuentra en poder del ministro en visita Mario Carroza Espinosa, en el marco de la investigación por secuestro agravado de Manuel Sanhueza Mellado y acompañan la querella criminal que interpondrá Florencio Torres Flores en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de secuestro calificado de su hermano menor.

Brkovic reflexiona sobre las motivaciones de estos absurdos crímenes. “No tenemos explicación para las ejecuciones de Torres y Martínez, salvo la ‘limpieza social’, que fue uno de los criterios de la dictadura para ejecutar personas, además de las que consideraban militarmente peligrosas. Y es importante investigar la muerte de Hugo Martínez, porque al hacerlo se le devuelve la dignidad a la víctima, independientemente de su condición social, y nos dignifica a todos como sociedad”.

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