Gobierno revisará si contratos suscritos con empresas creadas por administrador de La Moneda cumplen con la ley

El Gobierno revisará los contratos firmados entre 2013 y 2015 entre el Estado y las sociedades A y R y Greentec, creadas por el cuestionado administrador de La Moneda, Cristián Riquelme.

“A propósito de esa información de la que tuvimos conocimiento ayer tarde, hoy instruimos a la Subsecretaría de Redes hacer un levantamiento de la información respecto de esos contratos, si se ha cumplido con la ley de compras o no, y estamos a la espera de los resultados que van a ser dados a conocer en su momento”, dijo el ministro de Salud (s), Jaime Burrows.

Según reveló Ciper, se trata de contratos por un total de $417 millones por medio de 39 órdenes de compra, cuya gran mayoría fue por servicios entregados al servicio de salud pública de este gobierno.

“Vamos a levantar la información y vamos a cumplir con todo lo que requiere la ley de nosotros respecto de los controles que tienen que realizar sobre las compras que se hacen a nivel de los servicios”, agregó el secretario de Estado.

Actualmente, el nombre de Riquelme ya no figura como socio de estas compañías, pero son personas de su entorno las que ahora aparecen en su lugar.

La revelación produjo una batahola de cuestionados, tanto de la derecha como de la Nueva Mayoría, desde donde pidieron la salida del funcionario.

El más duro de ellos, fue el UDI, Felipe Ward, quien llamó al gobierno a dar la cara, e incluso emplazó a la propia Presidenta Bachelet a hacer un alto en sus vacaciones para zanjar el asunto.

Requerido sobre el particular, el ministro del Interior, Jorge Burgos, declaró que “tengo una opinión sobre eso, se la voy a dar a la Presidenta cuando vuelva, que ya está pronto, de su periodo legal de vacaciones, no tengo nada más que agregar que eso, que tengo una opinión y esa se la voy a dar a la Presidenta cuando vuelva de su periodo legal de vacaciones”.

Los contratos en cuestión no hacen más que ahondar en las críticas vertidas contra Riquelme, cuestionado por haber visado el formateo del PC de Dávalos en la Dirección Sociocultural, por la incompleta declaración de intereses que en un principio entregó, y por los 40 millones que autorizó para que se realizará el documental de Bachelet.