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Nacional

21 de Febrero de 2016

El caso que activó la ofensiva judicial del Movilh para lograr el matrimonio igualitario

En enero de 2016 el presidente del Movilh, Ramón Gómez y su pareja Gonzalo Velásquez, pidieron una hora en el Registro Civil para contraer matrimonio. Tras el rechazo de su petición, iniciaron un camino judicial que podría llevarlos a demandar al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Basado en este caso y en uno ocurrido en 2011, el Movilh prepara para 2016 un llamado abierto para que parejas homosexuales pidan hora para casarse, y de ser rechazados, sigan la vía judicial.

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Cuando en octubre de 2015 se puso en práctica el Acuerdo de Unión Civil (AUC), el presidente del Movilh, Ramón Gómez y Gonzalo Velásquez llevaban dieciséis años como pareja. Tal como buena parte de su círculo de amigos y conocidos, pensaban usar el AUC para regular su relación, aprovechando uno de los logros más relevantes del movimiento LGBT en Chile.

Pero no estaban muy convencidos. Si bien valoraban el avance, les hacía ruido que no pudieran casarse, tal como las parejas heterosexuales.

Entonces apareció la opción del matrimonio común y corriente, hasta hoy sólo permitido entre un hombre y una mujer, como consagra el artículo 102 del Código Civil. A pesar de la imposibilidad de contraerlo apuntaron a la vía judicial. ¿El mecanismo? Pedir hora ante el Registro Civil y ante la obvia negativa, presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones reclamando discriminación debido a su orientación sexual.

Así lo hicieron. El 22 de enero de este año, como se informó en los medios, se presentaron en el Registro Civil y pidieron una hora para casarse. Una juez rechazó la petición en base a la ley vigente e inmediatamente comenzaron los trámites para presentar un recurso de protección, con el abogado Jaime Silva.

El 3 de febrero pasado, para la sorpresa de muchos, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró la admisibilidad del recurso, que solicita que se les conceda la posibilidad de contraer matrimonio, reclamando discriminación, en base a la Constitución y tratados internacionales suscritos por Chile.

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Ramón Gómez, presidente del Movilh

Actualmente el tribunal está trabajando en el caso y se espera que se realice el alegato en las próximas semanas para luego emitir un fallo. De no ser favorable a la pareja, apelarán a la Corte Suprema y barajan la posibilidad de consultar al Tribunal Constitucional.

Si el fondo del recurso se rechaza en todas las instancias, presentarán una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, apoyados por el Movilh, en contra del Estado chileno. Esta se sumaría a la que actualmente se aloja en el tribunal internacional por un caso similar ocurrido en 2011.

LA VÍA JUDICIAL

A partir del caso de Ramón, el Movilh tiene planeado para marzo realizar un llamado público a parejas del mismo sexo para que, bajo su guía, exijan una hora de casamiento en el Registro Civil, y de negárselo, presenten un recurso de protección. Si es rechazado en todas las instancias, el movimiento comprometerá su ayuda a las parejas que quieran presentar una demanda ante la Corte Interamericana.

“Vamos a insistir en la vía judicial, a través de este mecanismo que contempla ir al Registro Civil y después a la Corte de Apelaciones. Si nos va mal ahí iremos a la Suprema y en ella esperamos contar al menos con unos votos, aunque sean de minoría, que señalen que no hay razón objetiva y de ninguna naturaleza, que permita excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio. Sería un elemento más para la discusión política al respecto”, explica Rolando Jiménez.

La idea es presionar para que el matrimonio igualitario sea pronto una realidad, como lo es en Argentina, Brasil, Uruguay, Irlanda, Francia, Portugal, Holanda o en los Estados Unidos, donde fue la Corte Suprema quien declaró su legalidad.

Cabe destacar que el gobierno de Bachelet anunció en diciembre del año pasado que presentaría en el último trimestre de 2017 un proyecto de matrimonio igualitario, sin embargo, para las organizaciones LGBT, entre ellas el Movilh e Iguales, el plazo es excesivo y exigen que se adelante.

“Esa fecha es la fecha del gobierno pero no es la que nosotros esperamos. No basta que dejen presentado un proyecto de ley cuando estén cerrando la puerta de La Moneda por fuera”, dice Jiménez.

En línea con su ofensiva judicial, el Movilh está chequeando a algunas parejas que ya se han mostrado interesadas en utilizar ese camino para presionar por el matrimonio igualitario. Algunas ya se han formalizado bajo el AUC y otras no, pero no se hará diferencia al respecto.

“El llamado que haremos será un llamado abierto, pero lo único que se verificará (y que se verifica actualmente con algunas parejas) es que sean parejas reales y genuinas. No queremos que esto sea una performance para presionar por el matrimonio, queremos que sea de verdad, con gente seria y que tengan cierto tiempo de relación”, indica Ramón.

LA DEMANDA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA

Ramón y Gonzalo, de sufrir el rechazo definitivo de su recurso de protección en todas las instancias (Corte de Apelaciones, Suprema y TC) presentarán una demanda ante la Corte Interamericana apoyados por el Movilh.

De ser así, seguirían el camino de otras tres parejas que el año 2011, con la ayuda del movimiento, presentaron una demanda ante el tribunal internacional por negarles la posibilidad de casarse.

Al igual que a Ramón y Gonzalo, el Registro Civil les rechazó una hora para matrimonio y acudieron a tribunales, que traspasó al Tribunal Constitucional los antecedentes. En noviembre de 2011, el TC rechazó la inaplicabilidad del artículo 102 -que regula el matrimonio-, solicitada por los afectados.

Sin embargo, hubo un voto a favor del recurso y cuatro jueces, a pesar de votar en rechazo, dejaron en claro que la Constitución no establece que el matrimonio debe ser, de forma excluyente, entre un hombre y una mujer y que el Estado debe proteger a las personas que deseen vivir en pareja, cuando son del mismo sexo.

Jaime Silva, el abogado que llevó la causa de 2011 y que actualmente tramita la de Ramón y Gonzalo, cree el fallo del TC fue muy relevante para la lucha LGBT en el país. “No me cabe ninguna duda que el AUC se debe a lo que el TC resolvió en ese momento. Por eso, este tipo de instancias pueden servir para acelerar los procesos”, explica el abogado.

Pero ese caso tendría otras consecuencias, patentes hoy. Con el fin de encontrar una solución amistosa a la demanda de 2011 en la Corte Interamericana el gobierno tuvo una mesa de negociación con el Movilh, donde se trataron diversos temas de la política de minorías sexuales. Esa negociación llegó a un acuerdo general, que se debe corroborar en marzo, luego que se presente la propuesta final por parte del gobierno, que actualmente revisa algunas precisiones.

En esa instancia, según indica Jiménez, no se habló de la fecha que el gobierno anunció públicamente para el proyecto de matrimonio igualitario. “En la mesa no se habló de la fecha (último trimestre 2017), por lo tanto esperaremos a que se formalice la propuesta. En todo caso, no es la fecha que queremos. Veremos si hay margen para que se adelante”, explica.

En cuanto al futuro de su caso y a la ofensiva judicial, Ramón Gómez explica que “nosotros vimos la experiencia de lo que está pasando en Colombia (donde se aprobó la unión civil), en Argentina o en Estados Unidos. Eso fue a través de presiones judiciales. Recuerdo que hace ocho años los argentinos nos decían que hiciéramos esto acá, pero en ese momento era imposible. Ahora, hay movimiento en las cortes, hay voces distintas. Uno puede perder, pero no las está perdiendo todas”, asegura.

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