15 de Diciembre de 2015/SANTIAGO  Se da inicio en el centro de justicia a la preparación del juicio oral en el marco de la investigación del caso Tsunami FOTO: FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO

La Fiscalía Metropolitana Occidente llegó a un acuerdo para suspender el juicio oral de los seis imputados del caso Tsunami, a cambio de que éstos se comprometan a tener una conducta intachable por un año, pidan perdón públicamente por lo ocurrido y que indemnicen a los familiares de las víctimas del maremoto que azotó al sur de Chile el 27 de febrero de 2010.

En cuanto a las compensaciones económicas, el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende deberá cancelar 80 millones de pesos, Carmen Fernández, ex directora del Onemi 49 millones de pesos, y Johaziel Jammett, ex jefe de Alerta Temprana de la Onemi, dos millones de pesos, según publica Publimetro.

Asimismo, los tres ex integrantes de la Armada, Mariano Rojas (ex director del Shoa), Andrés Henríquez (ex jefe de operaciones) y el ex oficial Mario Andina, deberán pagar cada uno 40 millones de pesos.

La suma de estas indemnizaciones da un total de 245 millones de pesos, de los cuáles cerca de $ 230 millones estarán destinados a los familiares de las víctimas, mientras que el resto ($ 15 millones) irán para un seminario sobre cómo enfrentar este tipo de emergencias.

A pesar de que el fiscal occidente, José Luis Pérez Calaf, anunció que le informará a los abogados de los familiares de las víctimas sobre el acuerdo, el querellante en el caso en representación de ciudadanos de la zona de Constitución, Carlos Fairlie, advirtió que éste será rechazado en tribunales.

“Esto fue un acuerdo a espaldas de las víctimas, y de esa perspectiva no podemos estar conformes con algo que ni siquiera fue comunicado en su oportunidad. Desde ahí nosotros haremos valer todos los recursos legales, entre ellos las apelaciones respectivas, porque creemos que esto no tiene sentido para las víctimas, el acuerdo indemnizatorio tampoco es para ellos”, sentenció.

Pérez Calaf dará a conocer el acuerdo oficial el próximo 14 de marzo, durante la audiencia de preparación de juicio oral del caso. Si el tribunal termina aceptándolo, los querellantes podrán apelar ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y si en esta instancia se rechaza, el caso estará cerrado.