Junaeb
A mediados de febrero, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) informó del primer gran traspié de la administración del nuevo director, Cristóbal Acevedo: Se dio a conocer que una de las empresas que se había adjudicado una licitación para proporcionar raciones alimenticias para los años 2016, 2017 y 2018, no entregó la información necesaria. Junaeb acusó que la empresa consultora del contador público y auditor Miguel Faúndez Malbran había falseado datos, que haría una denuncia al Ministerio Público y que se pediría que el Consejo de Defensa del Estado se hiciera parte del proceso.

Pese a la gravedad de lo denunciado, se dijo que el resto de la licitación auditada por Faúndez Malbrán -de $219 mil millones a repartir en 1,4 millones de raciones de alimentos al día- seguía en pie. Ello pese a que Faúndez había asegurado a El Mercurio que de las 28 ofertas que participaron del concurso, 24 tenían problemas en uno o más documentos presentados, y que 6 de las nueve compañías que ganaron la última licitación tenían, al igual que Dipralsa “más de un documento rechazado por estos auditores”.

Lo que hasta ahora no se conocía de Faúndez, y que corroboró The Clinic Online, es que el profesional es socio a través de su empresa Servicios Constructivos Pellahuen SpA de Lorenzo Pérez en “Multiservicios Ingeniería y Construcción SpA”.

Esta compañía está acusada desde abril de 2015 por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado de ser usada, junto a Inversiones Puertas Verdes de Pérez, como fachada para blanquear activos defraudados al fisco, acusaciones de las que Pérez se ha defendido.

Según la querella del CDE, el concejal de Maipú y administrador de Cerro Navia, Marcelo Torres -hoy en prisión preventiva- utilizaba junto a Pérez, Puertas Verdes y MIC para lavar dinero ilícito obtenido de supuestas coimas de KDM y el adquirido a través de un supuesto contrato de arriendo de vehículos. Lo habrían hecho comprando acciones por montos superiores a $500 millones a través de dos corredores de bolsa.

En Mercado Público, MIC desde el año 2010 ha tenido adjudicaciones millonarias en 7 municipios y dos organismos fiscales por un total de $3.283.109.466.

En Cerro Navia, en 2010, se ganó una licitación de $917 millones para construir un centro cultural, además del mejoramiento de áreas verdes y tres multicanchas por $127 millones. A eso se suma la cuestionada licitación de arriendo de vehículos por $630 millones. Los organismos públicos que figuran con contratos de MIC son la Junji y ChileDeportes. Faúndez aparece en estos contratos como contraparte y Gerente General.

El vínculo entre Faúndez y Pérez , según lo que pudo reconstruir este medio, se inició en Ahimco a espaldas de los inversionistas de la firma que hoy controla la compañía, Inversiones Traiguén. Hasta enero del año 2012, Pérez fue socio de la empresa. Según explicó el actual gerente general Iván Gatica, Pérez dejó la compañía en medio de un conflicto: “Nos enteramos que Lorenzo Pérez había formando una empresa paralela que era MIC, al amparo de Ahimco y sin informar. Operaba con MIC y a la vez trabaja como gerente general nuestro. Además, se había asociado con nuestro auditor externo Miguel Fáundez. Funcionaban acá sin informarle a nadie de Ahimco. Nos enteramos por casualidad, trabajaba con nuestros clientes y utilizaban nuestra base de datos”, explica Gatica quien precisa que en la actualidad Ahimco, tras este impasse, no tiene relación alguna ni con Pérez ni con Faúndez.

The Clinic Online se contactó con Faúndez Malbrán, quien aseveró que “es indesmentible” que su sociedad MIC está siendo investigada por lavado de activos y que efectivamente él se ha desempeñado como gerente, pero argumentó que la investigación del Ministerio Público se centra en su socio, Lorenzo Pérez y que, por lo mismo, está tranquilo. Respecto de la licitación de la Junaeb, argumentó que por recomendación de su abogado no puede hacer declaraciones, pero que mantiene la versión entregada hace semanas a El Mercurio.

Desde Junaeb, se envió una declaración pública en la que aseguran: “La contratación del servicio del auditor Miguel Faúndez para evaluar y clasificar financieramente a empresas, se realizó a través de una licitación pública de acuerdo a los principios de la normativa de compras públicas contenido en la ley N°19.886 y su reglamento. Según la inscripción que consta en el registro oficial de Chilecompra, el auditor a la fecha del proceso de licitación figuraba como hábil para contratar y además está inscrito en el registro de inspectores de cuentas y auditores externos que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros.

Apenas identificamos que el auditor en cuestión había falseado información respecto a la capacidad crediticia de una de las empresas proveedoras del servicio alimentación escolar, presentamos una denuncia por eventual fraude al fisco en el Ministerio público y vamos a requerir la intervención Consejo de Defensa del Estado en relación a la información falsa presentada”.