Columna: Rol público en la educación superior

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Por estos días debiera darse a conocer con mayor detalle el proyecto de ley de reforma a la educación superior. Legislación necesaria que idealmente nos permitirá soñar con un sistema de educación acorde a un país desarrollado y no uno injusto y desregulado como el actual. Temas como la gratuidad debiesen, ahora sí, encontrar mayor sustento en la discusión y entrar de lleno a la plaza pública para que todos podamos definir quiénes, qué, cómo y por qué debe el Estado financiar esta área del desarrollo.

Nuestra convicción es que la educación debe ser entendida como una tarea de liberación humana, como una búsqueda colectiva del bien común, en donde hombres y mujeres alcancen un pleno desarrollo espiritual y material. Por otra parte, la economía y el Estado, deben estar al servicio de las personas y, por lo tanto, los jóvenes deben instruirse para dominar, y no para ser dominados por estas herramientas.

Ciertamente una de las tareas más complejas estará en la definición del rol público en las instituciones de educación. Punto clave que deberá adecuarse a la diversidad existente entre organismos estatales y privados, universitarios y de formación técnica-profesional. Aquí, la integración y valoración de todos los actores en un clima comunitario será clave, ya que una reforma que mantenga los actuales beneficios arbitrarios de algunos estará condenada al fracaso.

La presencia del rol público como eje formativo debe ser un mínimo exigible a todas las instituciones. Características concretas en la gestión interna que orienten el esquema formativo hacia la valoración de la comunidad, hacia la ética ciudadana y el compromiso por la lucha en contra de la desigualdad como proyección para el desarrollo del país.

Será también prioritario la existencia de instituciones con nuevos y más altos estándares de transparencia que permitan la fiscalización pública, con políticas que promuevan la participación estudiantil con derecho a voz o voto y, con la mirada centrada constantemente en la calidad educativa. Agenda ambiciosa pero necesaria si estamos hablando de una reforma estructural que asiente las bases de la educación superior chilena de los próximos 50 años.

En este marco, cabe preguntarse si los estudiantes de Chile aceptaremos la existencia de instituciones de educación superior que abiertamente podrán dejar de lado el rol público y el compromiso con el desarrollo del país, hacer vista gorda a la participación estudiantil y cerrar las puertas a la transparencia institucional. Un escenario riesgoso si es que recordamos hechos recientes que nos han mostrado cómo el mercado ha dañado el sentido más puro de la educación y el cómo el Estado no ha sabido responder adecuadamente frente a aquellos estudiantes sin protección.

Hoy tenemos la opción de ser protagonistas del cambio. Una sociedad de mercado ha terminado por hundir lo más puro de la ética y los valores educativos, situación que no ha sido ajena a la educación superior. Avanzar en la discusión propositiva es la mejor alternativa; construir juntos un sistema educacional de nivel superior más transparente, democrático, inclusivo y de mayor calidad, es un deber de todos.

*Luis Vargas Atton
Presidente Federación de Estudiantes
Universidad del Desarrollo – Santiago