Transantiago: Las declaraciones clave del proceso por estafa que pesa sobre los principales operadores chilenos

El lunes 3 de abril serán los alegatos en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago por el caso en que el 34 Juzgado del Crimen de Santiago sometió a proceso a siete de los principales controladores de empresas operadores del Transantiago y ex dirigentes microbuseros por el delito de estafa y apropiación indebida.

El pasado 27 de noviembre de 2015 la jueza Claudia Salgado declaró reo a dos de los principales empresarios chilenos del transporte capitalino: Juan Pinto Zamorano, principal accionista de Metbus y Buses Vulé; y al presidente ejecutivo y accionista mayoritario de STP Santiago S.A., Jorge Gómez Pérez.

Justamente los controladores de las tres empresas que hoy lideran el “Ranking de calidad de Servicio de las Empresas Concesionarias de Transantiago” medido por el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) y que cuentan a la fecha con 162 de las 372 líneas de buses, aproximadamente el 44% del total del Transantiago.

Junto a ellos, la jueza procesó a otros cinco empresarios de transporte, entre los que destaca el exlíder microbusero y expresidente de la Asociación Gremial Metropolitana de Transportes de Pasajeros (AGMTP), Manuel Navarrete Muñoz.

Una causa en la que, un año antes, todos desmintieron las imputaciones y aseguraron no haberse coludido ni apropiado de las acciones de las sociedades formadas por los exmicreros amarillos, la empresas que crearon para no quedar fuera del sistema cuando se iniciara el Transantiago.

APROPIACIÓN ILÍCITA Y ESTAFA

En el dictamen de primera instancia de la jueza Salgado llegó a la convicción de que durante los años 2004 y 2010 “diversos individuos vinculados al rubro del transporte público de pasajeros, ejecutaron y/o celebraron una serie de actos jurídicos y/o contratos, aparentemente revestidos de legalidad, tales como venta o traspaso de paquetes accionarios, giros de cheques, compraventa de bienes raíces, ventas de flujos futuros (recaudaciones de meses futuros) y resciliaciones de contratos de prestación de servicios, entre otros, que no tuvieron otro objeto de desviar el patrimonio con que hasta esa fecha contaba la Asociación Gremial Metropolitana de Transporte de Pasajeros o A.G.M.T.P.”.

Dicho patrimonio, dicen los micreros que presentaron la querella en contra de quienes resultaran responsables, dinero y bienes raíces aportados por al menos 2.800 empresarios microbuseros que operaban en los diferentes recorridos de la capital hasta el inicio del Transantiago.

Sin embargo, en las declaraciones que forman parte de esta causa, a las que tuvo acceso The Clinic Online, tanto Juan Pinto Zamorano como Jorge Gómez Pérez y Manuel Navarrete negaron rotundamente haber estafado a los asociados a la AGMTP.

Gómez, quien fue dirigente de la Federación de Dueños de Taxibuses de Chile, fue el primero de los tres en declarar ante el 34 Juzgado del Crimen de Santiago. Lo hizo el 21 de octubre de 2014 señalando que su organización, la Federación Nacional de Dueños de Taxibuses, no tenía relación alguna con la AGMTP y que constituyó STP Santiago S.A. con “capitales personales y bienes raíces” que ascendían aproximadamente a 700 millones de pesos, más los aportes de un socio llamado Luis Troncoso.

“No fueron incluidos los buses que mi familia adquirió durante los años 1993 a 1996. Independiente a esto, a los socios de la Fundación Nacional de Dueños de Taxibuses jamás se les solicitó aporte alguno para formar la empresa STP, eran independientes de ella. Sin perjuicio a lo anterior y una vez que STP se adjudica la licitación, varios socios de la Federación concurrieron ante STP para arrendarnos sus buses”, dice Gómez.

Su declaración fue respaldada por los dichos de Luis Barahona Moraga, gerente general de STP Santiago desde mayo de 2004, quien actuó paralelamente como gerente general de la quebrada Buses Gran Santiago S.A. en agosto de 2008 en que dicha sociedad celebró un contrato de Compraventa de Flujos Futuros con las empresas STP Santiago S.A. y Buses Brasil S.A.

Dicho contrato -según argumentaron los querellantes en una ampliación de la querella presentada en diciembre de 2014, que fue posterior a las declaraciones de los procesados- les reportó una ganancia de 11 mil millones de pesos en tres meses por la venta de la totalidad de los ingresos derivados del contrato de concesión de la unidad alimentadora Nº 8 (micros de color rojo que operan en las comunas de Independencia, Huechuraba, Quilicura, Recoleta, Conchalí y Renca) y que, según acusan los querellantes en esta causa, fue realizado por los mismos dueños, ya que desde abril de 2008 los principales accionistas de STP Santiago eran al mismo tiempo los principales accionistas de Buses Gran Santiago.

Barahona, tal como el presidente ejecutivo de STP, señala que “respecto de los querellados Juan Pinto, Jorge Gómez, Gabriel Mallia y quien habla, nunca fuimos socios ni del querellante ni del resto de los querellados y nuestra única relación con AGMTP, fue haberles comprado las acciones que ellos tenían en Buses Metropolitana, en el año 2008, operación que fue perfectamente legal, toda vez que fue visada tanto por abogados de Chile, como Brasil”.

Según el ejecutivo, fue el mismo Manuel Navarrete quien “temiendo el fracaso del Transantiago el año 2008, nos buscó para ofrecernos las acciones que tenía la asociación gremial y las que tenía en una sociedad conformada particularmente por el mismo, llamada ‘Sociedad La Primavera’, en la sociedad de Buses Metropolitana, ocasión en la cual se celebró una reunión. En dicha cita, se acordó un precio, tanto por la participación que tenía ‘La Primavera Limitada’, como la que tenía la AGMTP, efectuando dicha operación (sic)”.

Esa venta fue informada en abril de 2008 por el propio Barahona -actuando como gerente general de STP Santiago y Buses Gran Santiago al mismo tiempo- a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), con la cual la empresa liderada por Jorge Gómez Pérez pasó a tener el control de la sociedad que en 2004 habían formado los exmicreros amarillos.

Actualmente, STP Santiago opera 31 recorridos correspondientes a la Zona F de Transantiago con una flota de 435 buses contratados en las comunas de Puente Alto, La Pintana, San Bernardo, La Cisterna, El Bosque, San Ramón, La Granja y La Florida.

En noviembre pasado, eso sí, la empresa asumió el control del recorrido de la la línea 213e, que era operado por la empresa “extranjera” Subus, pero que le fue quitado por el Ministerio de Transportes por la mala calidad del servicio y reasignado a STP Santiago.

En el ranking anual de calidad de servicio elaborado por el ministerio, STP Santiago fue la mejor empresa en cuanto al Índice de Cumplimiento de la Regularidad (ICR) con un 87% y quedó en tercer lugar en el Índice de Cumplimiento de Frecuencia (ICF) con un 96,2%, detrás de las empresas de Pinto: Metbus (98,9%) y Buses Vulé (97%).

Transantiago: Ampliación de querella acusa millonaria “pasada” en la quiebra de Buses Gran Santiago – The Clinic Online

LA COLUSIÓN Y EL ROL DE NAVARRETE

El exdirigente microbusero que fue condenado por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado “por atentar contra el libre desplazamiento de los ciudadanos” con el paro del 10 de agosto de 2002, también se defendió de las imputaciones en su contra en esta causa, por la que fue declarado reo en noviembre pasado.

“Respecto a que nos repartimos el negocio como se dice, eso no es efectivo: hubo mucha competencia por extranjeros y chilenos que participaron en el proceso de licitación. Incluso yo le gané Metropolitana a Juan Pinto, entonces en qué juego iba yo. Incluso, quienes le vendieron las acciones, como dije anteriormente, fueron los propios directores de líneas, incluido el propio querellante Luis Vargas. Quiero señalar el tribunal que voy a acompañar toda la documentación relacionada a acreditar mis dichos y las adjudicaciones a las cuales accedí”, señaló el exdirigente microbusero en esa oportunidad.

Curiosamente, fue el mismo Navarrete quien hizo entrega de una fotocopia de este documento -que fue protocolarizado ante un notario público en junio de 2012- pero en otra causa en su contra: la querella que presentó el también empresario Ulises Urzúa en contra suya en el 17 Juzgado Civil de Santiago, presentada en 2013.

El documento denominado “ACUERDO”, fechado el 10 de diciembre de 2004, tiene las firmas del entonces presidente de la asociación gremial, Manuel Navarrete Muñoz, y los empresarios Jorge Gómez Pérez y Juan Pinto Zamorano, y en él suscriben un acuerdo en el que aparentemente se favorecería a todos los asociados de las líneas que entonces representaban.

La idea principal era distribuirse los cupos que se obtuvieran en conjunto en la licitación del Transantiago, proporcionalmente en relación a la cantidad de buses que tenía cada uno de ellos.

El detalle de la repartición era el siguiente: Jorge Gómez a nombre de STP Santiago S.A., con 550 buses y 16,38% del negocio; Juan Pinto a nombre de La Montaña S.A., Los Halcones de Tulahuen S.A. y Comercial Nuevo Milenio, con 780 buses y 23,29% del negocio; y Manuel Navarrete a nombre de las cuatro sociedades formadas por los exmicreros amarillos: Buses Huelen S.A., Buses Metropolitana S.A., Buses La Capital S.A. y Buses Gran Santiago S.A., con 2.500 buses y un 60,32% del negocio.

Dicho documento motivó una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por posible colusión, aunque ésta finalmente concluyó que los empresarios no fueron del todo exitosos en su intención, pero además los hechos al momento de la denuncia ya se encontraban prescritos.

En las declaraciones a las que accedió The Clinic Online, el empresario Jorge Gómez negó ante el 34 Juzgado del Crimen de Santiago incluso haberse reunido con Navarrete o Pinto.

“Nunca he asistido a alguna reunión con Juan Pinto Zamorano o Manuel Navarrete Muñoz, con el objetivo de formar empresas para licitar. A las reuniones que asistí fueron a reuniones informativas, en donde Manuel Navarrete entregaba datos, noticias y exigencias que se iban a necesitar para postular a las licitaciones para Transantiago”, dijo en octubre de 2014.

EL ASCENSO DE PINTO

El empresario Juan Pinto Zamorano partió su declaración del 11 de noviembre de 2014 diciendo que “circunstancialmente hace 35 años aproximadamente, me informé lo que ganaba un dueño de micro y comparé lo que yo ganaba como profesor y al comprar mi primer bus, me di cuenta que el negocio era espectacular. Desde ese día han pasado 37 años y que he trabajado día y noche por cuanto soy un trabajólico empedernido y he estado en diferentes etapas del transporte público de Santiago (sic)”.

El hoy exitoso empresario -declaró percibir 30 millones de pesos mensuales en esa oportunidad- es sindicado por los querellantes en esta causa como uno de los principales responsables. De hecho, la querella fue presentada en su contra “y otros presuntos responsables”.

En la acción legal que presentó el abogado Héctor Concha Humeres a nombre del actual presidente de la AGMTP, Luis Vargas Pavez, en el año 2006 dicha asociación gremial tenía el 86% del capital de Buses Metropolitana y Juan Pinto Zamorano 8,4% de las acciones.

Pinto señala en su declaración que en 2004 se adjudicó con la empresa Comercial Nuevo Milenio la licitación para proveer servicios a la línea de buses “alimentadores” nº6 y que desde el año 2001, cuando renunció al directorio de la AGMTP, lideraba la Federación Siglo 21 cuando Manuel Navarrete lo invitó.

“A principios del año 2005, mi excolega, me refiero al señor Navarrete, me invita a participar en la Sociedad Anónima Buses Metropolitana y una de las razones fue que me habían sobrado 800 buses, lo que implicaba que una cantidad grande de empresarios que formaban parte de ‘Siglo 21’, quedarían sin trabajo y también, me invitó a participar en dicha sociedad como accionista, para lo cual puse todos mis ahorros y algunos dineros prestados por un banco, aproximadamente a 300 millones de pesos y propiedades, un departamento de la calle Pocuro y dos propiedades en Maipú correspondientes a un taller mecánico de una hectárea y una casa (…). Con ello obtuve el 7 por ciento de la propiedad de la empresa Buses Metropolitana (sic)”, dijo en esa oportunidad.

Pinto declaró además que ese mismo año “se me invita a participar del directorio y yo lo hice pensando en mirar los aportes que había puesto y me di cuenta que esa empresa se estaba dirigiendo muy mal” y que “en febrero del año 2008, me piden que asuma la responsabilidad de la gerencia de dicha empresa, puesto que en Comercial Nuevo Milenio, tenía un proceso exitoso”.

Desde ese cargo, tal como señalan los querellantes y los exdirigentes que declararon en la causa, Pinto pudo tomar el control de Buses Metropolitana, hoy conocida como METBUS. El empresario señala en su declaración que “recién habiendo asumido el cargo como gerente general de Buses Metropolitana S.A., hubo un aumento de capital de 3 mil millones de pesos, más uno de mil millones. Ese dinero se hizo para completar una exigencia del Ministerio del Interior, con repecto a los contratos de concesión y cuando cumplimos ese hito, el ministerio de Transportes le dio a Buses Metropolitana un certificado alargando la concesión hasta el año 2018”.

Pinto dice que “como gerente general fue la mejor decisión que tomó el directorio en esa ocasión” ya que se pudo cumplir con el dinero que exigía el gobierno, se pudo pagar sueldos impagos de conductores, pago de proveedores, deudas, finiquitos de trabajadores que no servían “y un montón de cosas que tenían hundida a la empresa”.

De hecho, el empresario señala que después de este aumento de capital los empresarios fueron a venderle sus acciones, las que adquirió “a un precio de mercado, mediante proceso transparente ya que las acciones estaban prendadas al Banco Do Brasil y para transferirlas había que tener el visto bueno de ese bando y un estudio jurídico de santiago, Claro y compañía”.

“Jamás se adquirió una acción de manera abusiva o ilegal. No quiero mentir pero por ese entonces cada acción costaba entre 3 a 5 UF, aproximadamente. Con ello en la actualidad cuento con más del 30 por ciento de las acciones de la empresa Buses Metropolitana. Incluso entre ellas, el propio querellante me vendió sus acciones e incluso me dio facilidades de pago”, señala.

Transantiago: El proceso por estafa y apropiación indebida que pesa sobre los principales operadores chilenos – The Clinic Online

LAS OTRAS DECLARACIONES CLAVE

En el expediente también se encuentra la versión de otros dirigentes de la AGMTP que dan cuenta del proceso. Entre ellas, las del exgerente de finanzas de Buses Gran Santiago y Buses Metropolitana, Cristián Luis Ramírez.

En su declaración, Ramírez señala que no fue parte ni estuvo presente en ninguna reunión en la que se le informara de los acuerdos que Juan Pinto y Jorge Gómez tomaron para el proceso de postulación para Transantiago, “pero tomé conocimiento de que existió una reunión y de ella me enteré pocos días antes de la licitación pública a que llamó el gobierno de la época, ya que le solicité a mi asesor y compañero Carlos Román, para que concurriese a hablar con Manuel Navarrete, quien era presidente de la AGMTP para que señalara el motivo por el cual la empresa a la que yo pertenecía, no estaba postulando a la licitación de la troncal 5. Se me informó que no participábamos debido a la existencia de un acuerdo previo entre Manuel Navarrete y Juan Pinto y que ya estaba repartidas las postualaciones para licitar”.

Según Ramírez, él insistió hasta convencer a Navarrete de postular pero se les permitió hacer “con la condición que la reserva técnica fuera muy mínima, postulando de esa manera con quinientos mil dólares. Esta reserva era una variable de desempate para los efectos que todos tuviéramos las mismas condiciones y quien aportaba más, se adjudicaba la licitación”.

Pero además, el exdirigente dice que ya relevado de su cargo en 2008 “conocí físicamente el documento al cual se le ha llamado el documento de la ‘colusión’, el cual más o menos textualmente decía que por sugerencia de las empresas asesora, la mejor forma de resguardar los intereses de la licitación y guardar los cupos que hasta ese momento se teía, era no competir entre ellos. Al suceder esto, cada uno de los integrantes se pusieron de acuerdo en no competir y adjudicarse los servicios que le fuesen convenientes a cada, esto en el marco de la licitación del Transantiago”.

El exgerente de finanzas dice que supo de la venta de acciones de Navarrete en Buses Metropolitana a Jorge Gómez y que éste luego le vendió su parte a Pinto, de boca del propio Navarrete ya que él le mostró los cheques que Jorge Gómez le había entregado por la venta señalada.

El exejecutivo dice que Navarrete “fue en el contexto de que una empresa colombiana, Express Santiago Uno, quería adquirir las acciones de Manuel Navarrete, que equivalían al 15 por ciento, pero este ya las había vendido”.

Dicha operación fue relatada también por el gerente general de STP, Luis Barahona, pero los querellantes señalaron en la primera acción legal que Inmobiliaria e inversiones La Primavera Ltda. era de propiedad de la entidad gremial, y que a nombre de ella Navarrete pagó 10.213 acciones de Buses Metropolitana S.A. con la venta de un terreno sobrevalorado en Frutrono, Valdivia.

Ramírez también agrega que a esa altura -en 2008- la importancia de la AGMTP era mínima y que las reuniones trascendentales estaban “Luis Valdés y Miguel Herane, junto a Manuel Navarrete y otros que no recuerdo”.

En efecto, Luis Lisandro Valdés Vallete y Miguel Elías Herane Escaff también fueron procesados por la jueza Salgado y deberán apelar a ese dictamen este lunes en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones.

La declaración de Ramírez también ratifica que a los empresarios de “máquinas amarillas” se les solicitó dineros, los que se incrementaron con el traspaso de bienes para la Sociedad de Fomento de Transporte S.A., entidad que fue dueña del edificio corporativo de la AGMTP ubicado en Catedral #1712, hoy arrendada por la Universidad SEK.

Para terminar, Ramírez señaló que desde su punto de vista “lo más anómalo que ocurrió fue que en el transcurso de treinta días, nos quedamos sin ninguna de las dos empresas; me refiero a Buses Metropolitana y Buses Gran Santiago, las cuales fueron cedidas a Jorge Gómez a través del traspaso de acciones y a Juan Pinto, que le tocó asumir la gerencia general de Buses Metropolitana, quien posteriormente le imprimió aportes económicos propios, tomado el control absoluto de la empresa (sic)”.

Otra declaración clave es la del exdirigente microbusero José Flores, quien señaló que Navarrete comunicó en distintas oportunidades a los demás dirigentes del acuerdo “de no agredirse” con Juan Pinto y Jorge Gómez, al mometo de licitar.

Sin embargo, lo más relevante es sobre una imputación realizada en la querella que inició la causa, que da cuenta de cuatro cheques de 75 millones de pesos cada uno girados desde la cuenta de la AGMTP hacia Jorge Gómez.

Flores señala que el entonces presidente de la asociación gremial “me pide que le gire trescientos millones de pesos a Jorge Gómez, en 4 cheques de 75 millones cada uno, por concepto de asesorías”.

“Como todas las asesorías se pagaban a través de la Sociedad de Fmento y Transporte, por transparencia tributaria, giré tales cheques firmados solo por Manuel Navarrete, a los que acompañé una nota a Jorge Gómez, a quien le solicité como respaldo las boletas de honorarios, situación ante la cual me devolvió los cheques. Ante tal situación se reunió en mi oficina Gómez y Navarrete, quienes me dijeron que yo debía hacer los cheques, puesto que según ellos era por una buena causa, que era un acuerdo que había costado 500 millones de pesos, de los cuales 300 millones le correspondían a la gremial y que era un sesenta por ciento y el saldo lo pagaba Juan Pinto y Jorge Gómez: el primero un 25% y el segundo un 15%. Entonces tuve que girar esos cheques de la cuenta 000-01-10707-0, del Banco del Desarrollo, a nombre de Jorge Gómez Pérez, quien me explicó que el destinatario final de los cheques era Richard Gutiérrez, empresario que estaba asesorando a otras empresas en el proceso de licitación. Según me consta este tal Richard Gutiérrez, había recibido los dineros; hoy cuento con una de sus firmas que dan cuenta que recibió al menos uno de ellos (sic)”.

Flores señala además que en un momento se citó a todos los accionistas de Buses Gran Santiago “sin mostrarnos absolutamente ningún documento, flujo de caja o algo que respaldase y Manuel Navarrete nos dice textualmente ‘su empresa esta quebrada’ y que Jorge Gómez se ofrece a tomar las acciones de cada uno y en un plazo de dos años, le devuelve el bien raíz que aportó a la empresa. Señaló además, que los arriendos atrasados de los buses iban a ser cancelados y que la empresa seguiría funcionando. Estos dichos fueron respaldados por Jorge Gómez, quien también estaba presente. En ese momento el 80 por ciento de los accionistas, para no perder, transfirieron sus acciones a la Sociedad de Transporte de Personas, de propiedad de Jorge Gómez, quien aparecía como el instrumento de salvación de los asociados”.

Tras las declaraciones, será ahora la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago quien deberá definir si ratifica o revoca el procesamiento emanado el 27 de noviembre pasado por el 34 Juzgado del Crimen de Santiago.

En esa oportunidad deberán presentar sus descargos al procesamiento ordenado por la jueza Salgado, además de las imputaciones que fueron agregadas en una ampliación de la querella que alude a la participación de los mismos dirigentes en la supuesta quiebra fraudulenta de Buses Gran Santiago.