Constitución A1

*

¿Cuáles son los deberes más importantes que la Constitución debiera establecer para todas las personas: El deber de proteger y promover los derechos de los niños, el deber de proteger y promover la dignidad de nuestros adultos mayores, el deber del respeto a los derechos civiles y políticos de sus conciudadanos, el deber de hacer un buen uso de sus derechos sociales, el deber del respeto y apego a las leyes que regulan nuestra convivencia, etc.?

La pregunta no está tomado de la novela Facsímil: Libro de ejercicios, donde Alejandro Zambra parodia el absurdo sistema evaluativo de la Prueba de Aptitud Académica, sino de la “Guía metodológica del Proceso participativo territorial” en la que el Consejo Ciudadano de Observadores (CCO), sin intención paródica alguna, entrega una pauta para el desarrollo de los diálogos ciudadanos previstos para la fase del ‘proceso constituyente’ que se inicia ahora, incluyendo unos formularios, de los que está extraído el texto anterior. Sería tentador citar extensamente el folletín del CCO para reírse un poco, si no fuera porque ya no queda tiempo ―el proceso comienza ahora mismo― y el asunto es demasiado grave.

De acuerdo con el anuncio presidencial del 13 de octubre pasado, en efecto, ahora se inicia la segunda fase del proceso constituyente en el país, una fase que el discurso presidencial denominó con cautela como un “proceso ordenado de diálogos ciudadanos”, que se realizaría primero a nivel comunal, luego provincial y finalmente regional.

Como puede apreciarse en la ‘Guía…’, sin embargo, la cautela presidencial cedió su lugar al cinismo procedimental y metodológico. Los participantes en estos diálogos tendrán que ser capaces, en una sola sesión, de responder unos cuestionarios mal diseñados e incomprensibles, donde se les pide priorizar listados interminables de valores, derechos, deberes e instituciones. Tendrán, por ejemplo, que priorizar entre el derecho a la cultura, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad de género, etc. ¿Qué se supone que hemos de hacer ante tamaña payasada? ¿Creerán nuestros metodólogos que en todo orden de cosas se puede proceder como en los estudios de mercado? ¿De qué servirán esas tontas listas de preferencias a la hora de elaborar un proyecto de constitución?

Ni a los detractores ni a los que apoyan la idea de una nueva constitución se les pasa por alto que se trata de un acontecimiento cuya importancia es difícil sobreestimar, incluso cuando, como es mi caso, se tenga la convicción de que la sociedad no se transforma por la mera promulgación de leyes, aunque se trate de las leyes fundamentales. Una cosa es que no basten las leyes y otra muy distinta sería desdeñar su eficacia, sobre todo en el caso de la constitución. Y es que cuando se trata de generar un proceso constituyente para cambiar la constitución de un país, de lo que se está hablando no es solamente de un conjunto de leyes. Lo que se pone en juego en este caso remite a unas condiciones políticas y sociales que exceden lo estrictamente legal. Es por eso que me parece preocupante la liviandad de la Guía Metodológica del CCO, ella trivializa y, peor aún, bloquea lo que a mi juicio es definitivamente lo más importante del proceso constituyente al que nos enfrentamos, la fase de los ‘diálogos ciudadanos’.

Estos diálogos son lo más importante porque, sea cual sea el resultado final del proceso constituyente ―si es que efectivamente se produce uno―, sea cual sea el contenido de una eventual nueva constitución, si finalmente ella no es reconocida por los ciudadanos como algo propio sino como el producto de una elite política en la que, por buenas razones, nadie tiene confianza, si la participación ciudadana en el proceso constituyente se diluye en una parodia de participación, simplemente no va a tener más legitimidad que la actual, peor aún, agudizará la sensación de que no cabe ya legitimidad alguna en un orden social percibido como puras relaciones de fuerza.

Hay que recordar que en un “proceso constituyente” lo que se constituye no son sólo las reglas abstractas que regulan el ejercicio del poder político y los derechos de los ciudadanos sino que, ante todo, lo constituido es ese nosotros que, como ‘pueblo’, en los estados democráticos es el único detentor legítimo de la soberanía, esto es, el único que legítimamente puede aspirar a darse una constitución. Por supuesto, hay implícita en esta manera de poner las cosas una fuerte idealización, pero eso no le quita ni le pone nada: en la medida que la política supone ideas como libertad, igualdad, soberanía, etc., ella desde luego supone idealizaciones.

Los ‘diálogos ciudadanos’ o ‘encuentros locales’ y ‘cabildos ciudadanos’ son el lugar, el medio, la atmósfera, en la que ese nosotros político (hay que insistir en esto, se trata de un nosotros político, no comunitario) puede ser provocado por un proceso constituyente. Será más tarde ese nosotros la única instancia ante la que la nueva constitución podrá acreditarse ―o no― como un ordenamiento legítimo. Pero entonces, estos diálogos ciudadanos no pueden entenderse ni organizarse como un simple trámite que habría que despachar lo más rápido posible. Un diálogo sobre asuntos tan fundamentales para la convivencia democrática tiene que hacerse atendiendo a los ritmos y requisitos propios de la deliberación pública. La metodología propuesta por el CCO no sólo no contempla esos requisitos, sino que nos obliga a una tarea pre-formateada y absurda.

Más allá de los torpes comienzos, sin embargo, es posible que el proceso constituyente efectivamente despegue y tengamos en las próximas elecciones parlamentarias la ocasión de ver en acción a una ciudadanía más enterada, que les exige a sus candidatos decir lo que piensan y no escudarse en la gráfica de la sonrisa. A todo esto, ¿alguien sabe de qué se ríen los candidatos?
* Marcos Aguirre es Director del Instituto de Humanidades de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Licenciado en Filosofía, Universidad Central de Barcelona. Doctor en Filosofía, Universidad de Chile.