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Nacional

4 de abril de 2016

Caso Tsunami: Familiares de víctimas expondrán en audiencia y tribunal decidirá si hay acuerdo para suspensión condicional

Esta mañana el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidirá si se aprueba el acuerdo entre la Fiscalía Metropolitana Occidente y los acusados en la investigación del denominado caso Tsunami, que le pondría suspensión condicional a la causa a cambio de compensación económica y una disculpa pública.

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bachelet 27f A1

Esta mañana el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidirá si se aprueba el acuerdo entre la Fiscalía Metropolitana Occidente y los acusados en la investigación del denominado caso Tsunami, tras el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.

En la audiencia, que se desarrolla durante esta jornada en el Centro de Justicia, también expondrán los familiares de las víctimas, quienes se han opuesto a que a fiscalía llegue a un acuerdo con las seis exautoridades imputadas por la fallida alerta de tsunami.

El acuerdo implica un pago de $245 millones a las familias de las víctimas, lo que suspendería la causa por cuasi delito de homicidio contra seis personas, entre los que destacan el exsubsecretario del Interior Patricio Rosende y la exdirectora de la Onemi, Carmen Fernández, entre otros.

La decisión viene después que se acreditara que en el caso de 73 personas fallecidas, no se encontraron responsables dado que la muerte de esas víctimas ocurrió antes de que llegaran las autoridades formalizadas esa madrugada a la Onemi, según explicó Emol.

Dicha suspensión condicional del procedimiento sería a cambio de la compensación económica, pero además una declaración pública respecto a lo que sucedió el 27F.

De esa forma, al pago se sumaría el exjefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI, Johaziel Jamett; el exdirector del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano Rojas; el exjefe de operaciones del SHOA Andrés Enríquez; y el exoficial de guardia del SHOA Mario Andina.

En tanto, la misma Fiscalía anunció que anunció que no perseverará en la investigación en contra de la Presidenta Michelle Bachelet, sindicada por uno de los querellantes como responsable de la fallida alerta de maremoto del 27 de febrero de 2010.

Según señaló el fiscal José Luis Pérez Calaf señaló que no existen antecedentes que vinculen a la Mandataria con las muertes que provocó la tragedia en la zona centro-sur del país.

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