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El Senado aprobó este martes la indicación que busca castigar a quienes violen el secreto en investigaciones judiciales, con una nueva redacción que excluye a los periodistas. Esto luego de que tras ser aprobada por el Senado la semana pasada la norma generara críticas entre los fiscales y la prensa.

“Los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación, los peritos, y las personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público o una orden de un tribunal, estarán obligados a guardar secreto de las mismas”, especifica la nueva norma.

En ese sentido, agrega que “igual obligación tendrán los intervinientes que señala el artículo 12 respecto de las diligencias de la investigación a las que hayan tenido acceso”. Esto se refiere a querellantes, víctimas y abogados.

“Las personas indicadas que infrinjan el deber de guardar secreto serán sancionadas con la pena de multa de 20 a 200 Unidades Tributarias Mensuales, o presidio menor en su grado mínimo”, señala respecto de las penas.

El Colegio de Periodistas se manifestó en desacuerdo con la aprobación de la medida. La presidenta de esa instancia, Javiera Olivares, aseguró a CNN que permanece la ambigüedad en la redacción de la indicación y que ésta puede mermar el acceso a fuentes por parte de los medios de comunicación.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, valoró la aprobación de la denominada “Ley mordaza” y aseguró que en ningún caso pretende obstaculizar la libertad de información.

“Aquí no hay que perderse. Esto se trata de una norma que está vigente, el secreto de investigación penal de terceros extraños a ella es una norma que data desde el año 2000 y hasta el día de hoy nadie a cuestionado esa norma”, señaló.

En esa línea agregó que “no se toca el tema de protección de la fuente que tienen los periodistas. Es un tema que no está tratado en esta ley, no tiene que ver con la prensa, tiene que ver en cómo se le otorga al Ministerio Público una herramienta eficaz para esclarecer los delitos”.

Araya había explicado que la norma sólo afectara a quienes cometan “dolo directo”, es decir, quienes “tengan la intencionalidad con la filtración de hacer fracasar una investigación penal”.