El escandaloso prontuario de Gendarmería

Una camineta Ford Ranger volcó en el bandejón de la Autopista Central, entre la caletera y la ruta cinco norte, cercano a la salida de Carlos Valdovinos, poco después de las siete de la mañana del sábado 23 de enero de este año. Octavio Torres se dirigía a trabajar cuando se percató del accidente y decidió, ante la ausencia de algún equipo de emergencia, prestar ayuda a quienes se encontraban dentro del vehículo.

La puerta del copiloto comenzó a moverse, Torres se montó arriba del vehículo y comenzó a abrirla. Lo primero que vio asomarse desde el interior fue una muñeca. Pensó que había niños y, por breves segundos, vislumbró una tragedia. Adentro de la camioneta, sin embargo, había sólo una persona. “Estaba tan cocío que me pidió que lo ayudara a dar vuelta el vehículo”, recuerda.

Torres lo trasladó a la vereda, el tipo le dijo que iba a perder la pega y que le prestara el teléfono. Nadie le contestó y decidió marcharse del lugar. Radio Biobío consignó en su portal la noticia: “Chofer de camioneta que volcó en autopista se da a la fuga”. Carabineros de la décimosegunda comisaría de San Miguel iniciaron un operativo para encontrarlo.

Hasta ahí todo parecía una historia predecible, salvo por el posteo que el propio Torres hizo minutos más tarde que la noticia fuera publicada en internet. Allí reveló que el fugado era un gendarme y que otros tipos, también funcionarios penitenciarios, habrían llegado al lugar igual de curados que el chofer. La historia, desde entonces, comenzó a transitar por un verdadero tobogán.
Dos días más tarde, el departamento de Investigación y Análisis Penitenciario ordena a sus funcionarios que comiencen a recopilar antecedentes para verificar lo que Torres había asegurado en el medio de comunicación y contrastarlo con versiones extraoficiales que manejaban internamente.

Las sospechas recayeron de inmediato en el cabo segundo Héctor Valdebenito Hernández, quien ese día ingresó a la Penitenciería de Santiago poco después del accidente con evidentes contusiones en el cuerpo, pidiendo ser atendido por funcionarios del hospital penal. El cabo segundo Adolfo Moraga, interrogado por los investigadores, relató que el gendarme habría ingresado al recinto a eso de las 8:45 de la mañana, con lentes oscuros y un gorro, ocultando bajo su ropa un bulto que luego reconoció como “la muñeca de mi hija”.
El teniente primero Daniel Alveal relató que Valdebenito venía “sucio y en malas condiciones de salud” y que el mismo habría llamado al teniente primero Juan Valdebenito, para informarle que su hermano había sufrido un accidente. El paramédico Manuel Antonio Moraga cuenta en su declaración que el gendarme accidentado le habría dicho que tenía un dolor de espalda y que al solicitarle sus datos para inscribir la atención éste prefirió retirarse del recinto junto a otro “funcionario de civil”.

Los cabos sueltos comenzaron lentamente a desatarse. La fuga de Héctor Valdebenito estaba practicamente confirmada, salvo por un testigo que argumentó todo lo contrario: su hermano. El teniente primero Juan Valdebenito declaró que aquel sábado habría llegado a la unidad a buscar una documentación tras haber volcado su vehículo. Una versión inverosimil que contrastaba con los testimonios esgrimidos por sus colegas que apuntaban a su hermano y que demostraba cuan burda era la coartada.

El teniente continuó sin apartarse del libreto. Dijo que luego del accidente habría quedado en shock y que se retiró del lugar porque temió ser agredido por transeúntes. Más tarde se presentó en la 12 comisaría de San Miguel, donde aseguró que le habrían practicado una alcoholemia. En la unidad le comentó a los policías que el volcamiento se produjo por un choque de un vehículo tipo “Kia Frontier” que, tras no respetar un disco pare, habría colisionado la camioneta que manejaba, una Ford Ranger, propiedad de su padre, el suboficial mayor en retiro de Gendarmería, Héctor de la Cruz Valdebenito Jara.

La indagatoria realizada por el Departamento de Investigación de Gendarmería a la que tuvo acceso The Clinic concluye que, ante la acumulación de antecedentes, podrían estar ante un delito de suplantación de identidad por parte del teniente Juan Valdebenito Hernández, en beneficio de su hermano Héctor y sugiere comenzar de inmediato un sumario administrativo. Ambos hermanos, según fuentes internas de la institución, serían parientes de Patricio Torres Rodríguez, Jefe de Gabinete del actual Director Nacional de Gendarmería, o sea, su brazo derecho. Los antecedentes del caso habrían sido derivados por oficio a la fiscalía centro norte el 5 de febrero. La institución, a través de su oficina de comunicaciones, respondió sólo una parte de nuestros requerimientos señalando que “los funcionarios aún se desempeñan en la institución, a la espera de la resolución de una investigación interna”.

Fuentes de la fiscalía señalan, sin embargo, que hasta la fecha no han recibido ninguna denuncia a nombre de los involucrados, salvo una causa del año 2009 por conducción en estado de ebriedad, sobreseída por salida alternativa, de Héctor Valdebenito Hernández, el mismo gendarme que habría sido suplantado por su hermano.

Narcogendarmes

Todo partió por una funa. A las 10:30 de la mañana del 27 de marzo, una llamada teléfonica alertó a los funcionarios de gendarmería que trabajaban a esa hora en el Centro Penitenciario Colina Dos, sobre una eventual entrega de droga en el recinto. Los antecedentes, entregados de forma anónima, detallaban que el día anterior una tal Ana Córdova habría entregado un kilo de pasta base al funcionario de Gendarmería que identificó como “cabo Cruz” quien, a su vez, pasaría la mercadería a un tal “Ricardito”. El jefe de regimen interno, capitán Mérida, según consigna la cuenta diaria del 29 de marzo, ordenó efectuar un registro fílmico para determinar la veracidad de la denuncia. Las cámaras registraron al cabo Mario Cruz Sandoval, encargado de la reja del gimnasio del recinto, conversando con el reo Patricio Cid Baeza, condenado por tráfico de estupefacientes y con antecedentes de robo a un camión de valores en el año 2001.

A las 14:06 de la tarde las cámaras registraron cuando el cabo Cruz cruzó el hall y caminó en dirección al baño de visita de los internos. Cinco minutos más tarde lo siguió Cid Baeza. Cuando el reo se retiraba del gimnasio, rumbo a la salida del recinto, fue interceptado por el capitán Mérida. Cid Baeza huyó en dirección al módulo 1, arrojando al techo del recinto un bulto que tenía escondido en sus pantalones. Uno de los gendarmes escaló la muralla, recogió el paquete, mientras otro se encargó de reducir al reo, descubriendo que tenía en su poder otro paquete de similares características. Al ser revisadas las dos bolsas de nailon se encontró una sustancia color ocre que arrojó en la balanza un peso de 931,4 gramos. Era pasta base de cocaína. La funa había funcionado.

El cabo Cruz, con un nerviosismo evidente, pidió en reiteradas ocasiones abandonar el recinto por problemas de salud. El fiscal de turno, alertado por la institución, tomo declaración al gendarme y el recluso, siendo remitidos los antecedentes al Ministerio Público. El ente persecutor, al ser consultado por The Clinic, aseguró que existe una investigación vigente por 40 días y que no existen aún formalizados.

Para Galo Muñoz, Director del Observatorio Penitenciario, una agrupación que reúne a distintas ONG vinculadas al mundo carcelario, la pasta base es un problema “serio” para Gendarmería. “El grado de contaminación criminógena al estar en constante relación con los presos es complejo. También a nivel de consumo y adicción, porque la droga fomenta las peleas entre internos que muchas veces terminan en muertes”.

Según estadísticas del Departamento de Investigación y análisis penitenciario, entre los años 2013 y 2014, murieron 42 presos en recintos penitenciarios de la Región Metropolitana producto de riñas .El caso de funcionarios ligados con el narcotráfico no constituyen hechos aislados en Gendarmería. Si bien la institución no quiso entregar antecedentes sobre la cantidad de involucrados en delitos asociados a la ley 20 mil, la seguidilla de eventos de este tipo en el último tiempo hace presumir que las cifras no son menores.

El 1 de abril, por ejemplo, en el centro penitenciario de Alto Hospicio fue interceptado el funcionario de iniciales A.H.G.R., justo en el momento que ingresaba a la unidad una mochila con 218 gramos de cannabis, 21 gramos de pasta base, dos celulares, un cargador y dos paquetes de papelillos. El gendarme fue formalizado por infracción a la ley 20 mil y y se decretó su prisión preventiva.

El 14 de abril fue detenido en la Penitenciaría de Santiago Mario Beltrán, luego de depositar en un basurero tres bolsas de nailon transparente que contenían 250 gramos de pasta base. Cincos días después, dos gendarmes de la cárcel de Rancagua fueron detenidos, luego de concertarse con un familiar de un preso que dejaba la droga en uno de los quioscos ubicados afuera del recinto. El total de la pasta base incautada bordeaba los 400 gramos. Todos los casos expuestos fueron detectados hace menos de un mes.

La Sección de Investigaciones Especiales de Gendarmería, encargada de investigar actos de corrupción dentro de la institución, detalló en la memoria anual del año 2015 la incautación de 322 kilos de pasta base en ese periodo. Una cifra alarmante considerando que el margen que ingresa, generalmente, es mucho mayor que el decomisado. Una situación que compromete las probabilidades de rehabilitación de los reos y que involucra a los gendarmes como correos humanos de los narcotraficantes en las cárceles.

César Pizarro, Presidente de la ONG 81 razones, asegura que la cárcel debería ser un recinto de abstención obligatoria pero que, dadas las circunstancias actuales, se ha transformado en un lugar absolutamente vulnerable. “Así es imposible que los reos adictos se sanen. Con las drogas nos encontramos con muertes inexplicables como cuando un recluso mata a otro por cinco lucas, porque necesita la pasta base que ingresó un gendarme. Ellos dicen que no pueden controlar la situación, pero no someten a los gendarmes a los mismos escáneresque utilizan con las familias de los presos. Sólo les pasan la paleta detectora de metales. Eso no detecta droga”.

Las golpizas de Chillán

Poco después de las 10 de la mañana del pasado 11 de marzo, el ambiente en el casino del módulo de imputados del Centro Penitenciario de Chillán empezó a caldearse. Un grupo de alrededor de 30 internos en prisión preventiva comenzaron a reclamar porque los gendarmes les prohibieron el acceso al teléfono público del penal.

La discusión terminó por ofuscar a los funcionarios que comenzaron a repartir palos a diestra y siniestra, desalojando a los internos del casino y obligándolos a ponerse de rodillas en plena cancha. A los tres “voceros del grupo” les tocó la peor parte. Según consta un video al que accedió The Clinic, el primero en ser llevado de vuelta al casino fue Pablo Zambrano Yáñez. Ahí fue agredido por el sargento segundo Cristian Gajardo, mientras era sujetado por el cuello por el cabo Muñoz. La escena es violenta. Entre ambos lo golpean varias veces en su cabeza con la palma abierta y le dan insistentemente patadas en los testículos.

Luego fue el turno de Juan Vaccaro Lizardi. En el vídeo se ve como cuatro gendarmes lo golpean y arrastran desde la cancha hasta el casino. Ahí, con la camisa rota y los pantalones y calzoncillos en sus talones, es golpeado brutalmente por el sargento primero Rodrigo Gutiérrez y el suboficial Norman del Valle. Golpes de puño y pie en sus genitales, piernas y estómago le caen uno tras otro durante minutos. Un bastón de servicio también sirve de arma para la agresión. Al finalizar la golpiza, uno de los gendarmes lanza dos baldes con agua y ropa sucia sobre su cabeza.
El último en la lista de agredidos fue Jonathan Contreras Belmar. En el video se aprecia como recibió innumerables patadas en su espalda y reiterados golpes en su oído izquierdo por el cabo segundo Raúl Malverde.

Los tres presos fueron derivados a la enfermería de la unidad y luego a la guardia interna del penal, donde denunciaron los hechos. Ahí pudieron contactarse con la Defensoria Penal Pública, dando cuenta de haber sufrido apremios ilegítimos.

Según consta en un parte oficial de Gendarmería, los internos Juan Carlos Vaccaro y Pablo Zambrano habrían incentivado “a los demás internos a realizar desórdenes y querer desalojar por la fuerza al personal de servicio que ahí se encontraba”. Y agregan: “producto de esta reducción, ambos internos resultaron con lesiones visibles constatadas por el paramédico del servicio”.

La denuncia derivó en una investigación en la Fiscalía local, a cargo del fiscal Juan Rohr. También se involucró el Instituto de Derechos Humanos (INDH) de la Región de Biobío, interponiendo dos días después de los hechos tres recursos de amparo a favor de los internos ante la Corte de Apelaciones de Chillán.

El 13 de marzo pasado, Juan Vaccaro asistió a una audiencia en el Tribunal de Garantía. Ahí declaró que la discusión empezó solo por el teléfono público. “Yo me acerqué a uno de los gendarmes y le dije que no lo sacaran y empezó a pegarme. Después empezaron a golpear a otros. No fui el único. Mire cómo me dejaron”, declaró en esa oportunidad ante la jueza Claudia Madsen.
Los familiares de los internos también se sumaron a la denuncia y mandaron una carta abierta a los medios de la zona. “Mi hijo y otros compañeros de la cárcel de Chillán fueron víctimas de tortura y flagelamiento por parte de gendarmes”. Y agregaron: “pedimos audiencia con la jefatura de la cárcel, pero nos amenazaron con trasladar a los presos a otras cárceles de Santiago y, además, nos dijeron que lo que había sucedido era algo rutinario y dentro de las normas”.

A principios de abril el Director Regional de Gendarmería, Pablo Toro, admitió a través de un escrito presentado en la Corte de Apelaciones, que hubo un abuso de fuerza en la agresión dentro del penal. “Se realizó un uso no racional de la fuerza por funcionarios de Gendarmería de Chile, acciones que este mando, aunque son aisladas, no puede ni debe permitir”, escribió el Director Regional.

Según pericias del Servicio Médico Legal, quienes sufrieron las peores consecuencias de la golpiza fueron Juan Vaccaro Lizardi, quién terminó con “traumatismos en la nariz, Tec simple, contusión nasal y policontuso”, y Jonathan Contreras, con una “contusión periauricular (tímpano izquierdo) y diversos traumatismos en su cabeza”.

El INDH, además, se hizo parte del proceso con una querella presentada el 5 de abril pasado contra todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito consumado de tortura.

Carolina Chang, Jefa de la Oficina Regional del INDH, afirmó que episodios como éste no son aislados en la región. “Este año es nuestra primera querella, pero en años anteriores hemos presentado al menos cinco contra Gendarmería y hemos presentado seis o siete amparos”. Macarena Albornoz, Directora del Departamento de Derechos Humanos de la ONG Leasur, dedicada a la promoción de derechos de las personas privadas de libertad, asegura que hay una ausencia de protocolos de investigación de delitos cometidos al interior de los centros en Chile, dificultando la indagación de casos como éste: “No hay aparataje estatal para proteger a los internos, por eso muchas veces se inhiben de denunciar por miedo a represalias”.

Albornoz también hace hincapié en la situación laboral precaria de los gendarmes y cómo eso influye en la violencia dentro de los penales. “Los gendarmes son los funcionarios con más licencias médicas, que más se suicidan en sus puestos se trabajo. Tenemos funcionarios estresados que muchas veces descargan su rabia en los internos”, explica.

En el año 2012, Gendarmería creó la Unidad de Protección y Promoción de Derechos Humanos que asesora a la institución en estas materias. Sin embargo, solo desde el año pasado la Unidad canaliza denuncias de vulneración a los DD.HH. Según cifras de la cuenta pública de Gendarmería del año 2015, existieron 374 denuncias por vulneración de derechos humanos dentro de recintos penitenciarios.

Macarena Albornoz afirma que las medidas tomadas por Gendarmería en materia de derechos humanos han sido insuficientes: “el énfasis tiene que estar en la formación que se hace en la escuela de Gendarmería. Deberían poner requisitos psicológicos más exigentes”.

Los funcionarios involucrados en la golpiza a los tres internos actualmente se encuentran suspendidos mientras dure la investigación. The Clinic solicitó más información sobre este caso a Gendarmería, pero no respondieron a tiempo a nuestra solicitud.

Las fugas de Concepción

La noche del 31 de diciembre del 2015, cuando todo el país se preparaba para la celebración de año nuevo, Matías Fuentes Valencia, reo del módulo cinco de la cárcel “El Manzano” de Concepción, tramaba su propia fuga. Minutos antes de medianoche y aprovechando el descuido de los centinelas del recinto, escapó montando una estructura con pisos de plástico, tirándose desde el muro de cuatro metros de altura envuelto en dos frazadas. El insólito escape lo habría ejecutado después de esconderse en un baño del recinto, burlando la cuenta nocturna de reos. Las dudas al respecto son evidentes: ¿Hubo realmente cuenta de reos aquella noche? ¿Estaban apostados en la guardia los centinelas? ¿Existieron celebraciones entre el personal de turno? Gendarmería no accedió a disipar las interrogantes requeridas por The Clinic.

Matías Fuentes estaba condenado a 10 años de cárcel por apuñalar a un joven de 29 años en la ciudad de Los Ángeles a fines del 2014. El caso generó bastante revuelo en la región, ya que Fuentes habría secuestrado y luego asesinado a Miguel Ossa Hernández junto a dos hombres más, que luego quedaron en libertad por falta de pruebas.

Después de tres meses de estar prófugo, con una orden de captura internacional decretada por la Interpol, Matías Fuentes fue detenido el 1 de abril pasado, en Cipolletti, una ciudad en la Patagonia Argentina, mientras robaba neumáticos de una camioneta estacionada en vía pública. Actualmente se está tramitando su extradición a Chile para que vuelva a cumplir condena en la cárcel “El Manzano”.

En lo que va del año, sólo en la octava región, se han registrado tres fugas desde el interior de recintos penitenciarios. Dos en la cárcel “El Manzano” y una en el Centro Penitenciario de Yungay.
La última fuga en el Centro Penitenciario de Concepción la protagonizó el reo Esteban Barría Ñanco, el 13 de marzo pasado. El interno, según información que Gendarmería entregó a la prensa de la región, se habría escapado a eso de las 04:38 de la madrugada, luego de romper un barrote de su celda y trepar dos muros de cuatro metros de altura del recinto. Los centinelas tampoco habrían advertido, igual que en el caso de Fuentes, el particular escape del reo. Barría, imputado por homicidio simple, aún sigue prófugo.