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A primera hora de hoy, Lorena Pizarro, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, pedirá una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch Urra, para manifestarle su indignación luego de tres fallos de la tercera sala del máximo tribunal en que se desestima la pertinencia de Gendarmería para dictaminar a quién debe entregarse la opción de obtener libertad condicional y se abre la puerta para que condenados por violaciones a los derechos humanos accedan a este beneficio.

Entre quienes optarán por esta vía figura Miguel Krassnoff Mertchenko, el ex brigadier del Ejército e integrante de la Brigada Lautaro de la DINA que suma más de cien años de sentencia.

“Esto es nefasto, gravísimo porque se está buscando cualquier resquicio para liberar a estas personas. Me recordó mucho el proceder de muchos jueces en dictadura. Hay informes de Gendarmería que dicen por qué no son beneficiarios y la Suprema establece que no son válidos porque el objetivo final es
abrir una puerta siniestra de suspensión de condena a sujetos que han gozado de una impunidad obscena en cárceles especiales”, asegura la dirigente, que cuestiona, además que la Corte haya optado por requerir informes al Servicio Médico Legal y al municipio de Colina para revisar la situación de los prisioneros.

“Lo de Colina sólo se entiende porque el alcalde es UDI (Mario Olavarría), no hay otra explicación porque aún no hay decisión de trasladar a los reos desde Punta Peuco, que está en Til Til, no en Colina”, argumenta.

En los fallos de la Tercera Sala, emitidos el 18 de abril, el 27 de abril y el 2 de mayo, la Suprema, en respuesta a recursos de protección presentados, revocó las resoluciones de la Corte de Apelaciones que había denegado la libertad condicional para Conrado Alfredo Sesnic Guerricabeitia, oficial de carabineros que formó parte del Comando operativo del Centro de Inteligencia Regional (CIRE) del Bío Bío que secuestró, torturó e hizo desaparecer al obrero y militante del MIR Rudy Cárcamo Ruiz en 1974; Alex Ambler, agente de la CNI condenado a 7 años por el homicidio calificado de Rafael Vergara Toledo, uno de los hermanos en cuya memoria se estableció el día del joven combatiente; y Claudio Salazar Fuentes condenado a cadena perpetua por el asesinato en 1985 de José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero.

En los argumentos usados por la Corte para justificar su proceder se consigna que “la información remitida a la Comisión de Libertad Condicional por parte del Tribunal del Conducta del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, en lo tocante a la evaluación psicológica y social del interno, es insuficiente, toda vez que se trata un informe elaborado por personal dependiente de Gendarmería de Chile, cuyas conclusiones se repiten reiteradamente y sin mayores modificaciones en cada uno de los casos de quienes se encuentra recluidos en dicho centro penitenciario, lo que permite concluir que en su elaboración no se actuó con la prolijidad y profundidad que tal labor requiere”.

Al considerar que los cuestionamientos de los reos al Tribunal de Conducta tienen “asidero” planteó que es preciso realizar “un nuevo informe psicológico y social por un profesional de una entidad pública distinta de Gendarmería de Chile, para luego de ello emitirse un nuevo pronunciamiento de su solicitud por parte de la Comisión de Libertad Condicional”.

Según la información oficial recabada por este medio, la Corte Suprema ha requerido los nuevos informes a los que hace alusión en los fallos al Servicio Médico Legal y al municipio de Colina, dirigido por el UDI Mario Olavarría.

Punta Peuco está emplazado en Til-Til, pero el penal ha sobrepasado su capacidad y desde hace meses que se trabaja en la implementación de módulos en Colina 1 para que los militares cumplan allí sus condenas.

Con todo, fuentes consultadas por The Clinic Online precisan que si bien se han hecho estos arreglos y, transitoriamente se podría incluso ocupar la unidad siquiátrica forense para estos fines, la decisión depende de la Presidenta Michelle Bachelet, quien no ha entregado señal alguna al respecto.

Ahora, más allá si se cierra o no Punta Peuco, la aplicación del criterio de la Tercera Sala de la Corte Suprema con Sesnic, Ambler y Salazar abre la posibilidad de que otros condenados por violaciones a los derechos humanos puedan optar al beneficio.

Entre quienes se encuentran en esta situación, según pudo constatar este medio, están Krassnoff; Miguel Estay Reyno (El Fanta), Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro, presos por el Caso Degollados; Francisco Ferrer Lima, quien fue parte, entre otras actividades represivas, de la Operación Colombo; el coronel (R) Hernán Ovalle Hidalgo condenado como cómplice en el homicidio calificado de tres personas de empresa textil “Sumar”; y el capitán de fragata ® Hugo González Dárcangeli, detenido por la muerte de Rudy Cárcamo.

Al respecto, Lorena Pizarro, quien está invitada hoy a la Comisión de Derechos Humanos, destaca que “se deben buscar todas las alternativas, y las analizaremos con los abogados, para evitar que la impunidad se siga perpetuando en nuestro país”.