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La Fiscalía interna de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) se encuentra recabando antecedentes para definir si corresponde o no realizar acciones legales tras la querella presentada por el empresario Gonzalo Vial Concha, propietario de Inversiones Graneles del Sur S.A, en contra de Caval por el delito de estafa.

El delito se habría producido tras la venta, por parte de Natalia Compagnon, de ocho estudios por un total de $1000 millones que corresponderían a material publicado por la entidad fiscal.

Según fuentes de Cochilco consultadas por The Clinic Online, la organización está a la espera de conocer en detalle el documento y los anexos presentados por Vial al Juzgado de Garantía de Rancagua, para verificar si efectivamente los textos que acompaña el empresario en su querella corresponden a informes de Cochilco y precisar si fueron plagiados por la empresa de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet y vendidos como propios. De ser así, la entidad podría presentar acciones legales.

“Estamos en etapa de indagatoria interna porque si bien los antecedentes son preocupantes, hasta ahora son sólo datos de la prensa”, argumenta un integrante del directorio que precisa que la información recogida en estos días será materia de análisis en la próxima reunión de la entidad.

El análisis, destacan, será técnico y jurídico, no político, más allá de que la determinación afecte a un familiar de la jefa de Estado. “Cualquier decisión legal se va a sustentar en los datos reales que existan, no en consideraciones de otro tipo”, precisan en relación a la posibilidad de querellarse si corroboran que se usó material con derecho de autor sin la cita respectiva. Ello porque, recalcan, el material elaborado por Cochilco puede ser consultado de forma gratuita y utilizado como insumo por cualquier compañía si se entregan los créditos correspondientes.

En la querella de Vial aparecen citados a declarar dos exfuncionarios de Cochilco: María Cristina Betancour Muñoz, exdirectora de Estudios y Políticas Públicas; y Vicente Pérez Vidal, exanalista de estrategias y políticas públicas de la entidad. A ambos se les solicitará que expliquen lo que conocen sobre el origen de los documentos que se adjuntan en la querella y revelen si tienen información respecto de alguna relación existente o pasada entre Cochilco y Caval “o cualquiera de sus representantes o empleados”.

Al respecto, Betancourt Muñoz, quien hoy se desempeña en la Sociedad Nacional de Minería, informó que “no hará comentarios sobre el particular”.

Pérez Vidal, en tanto, en entrevista con The Clinic Online, precisó que le parecía “una sinvergüenzura atroz” la copia del material y detalló que Cochilco debería hacerse parte de la acción judicial: “En internet, los informes tienen una última hoja y ahí dice que fue elaborado en la dirección de estudios y políticas públicas de Cochilco por fulanito de tal y que el director de estudios es funalito de tal. Aparece clarito él o los autores y el que revisó y se hace responsable de los contenidos. Caval pudo haber infringido normas legales si los vendió porque todo esto tiene derecho de autor. El derecho de autor es de Cochilco, no es mío. Con mayor razón Cochilco tendría que plegarse a la querella por haberse violado un documento que tiene copyright”, detalló.

DILIGENCIAS

Ayer La Tercera publicó que en el marco de la querella presentada por Vial, el Servicio de Impuestos Internos solicitó al Ministerio Público copia de la carpeta investigativa en la arista de asesorías de Caval.

Ello ya que Vial sostuvo en su presentación que Caval le ofreció asesorías “en temas de seguridad y detección de fraudes a través de expertos de su empresa y/o externos, razón por la cual, al poco tiempo comenzó a entregarme información y documentos, que daban cuenta de maquinaciones de ejecutivos, cuyo objeto aparente era defraudar a mi empresa”.

Al respecto argumentó que la información era manipulada, pero además adujo que si bien este servicio no era parte de los contratos originales, fue una de las razones por las que entregó los millonarios pagos a Compagnon.

“Si bien es cierto no se celebró contrato alguno en relación a estas ‘asesorías’, ni existen facturas directamente asociadas a ellas, no lo es menos que estuve dispuesto a pagar cifras importantes -que no guardan relación alguna con los servicios efectivamente prestados en los informes antes detallados- por los otros trabajos realizados por Caval”, consigna la querella.