La incansable lucha de Elena

El 17 de julio de 2013, Sebastián Sanhueza mató a mi hija. La apuñaló en su casa hasta el cansancio, mientras su hijo de ocho meses presenciaba la sangrienta escena. El crimen conmocionó a todo Valparaíso. Karla tenía 25 años y su cuerpo, además de cortes, tenía múltiples cicatrices y moretones, violencia que los jueces condenaron con cadena perpetua. Desde entonces, ha comenzado toda una historia para mí. No sólo por el duelo de haber perdido a mi hija, sino que también porque a mis 45 años tuve que volver a criar.

Quiero hablarles de mi nieto, de lo que pasa en una familia después que se ha cometido un femicidio. Para proteger su identidad lo llamaré Rodrigo. Vive conmigo desde que me arrebataron a Karla. Aunque la AFP le otorgó una pensión de orfandad de 60 mil pesos, he sido yo la que ha tenido que hacerse cargo para que nunca le falte nada.
Fue a comienzos de 2015 que me enteré de algunas cosas sobre la situación legal de Rodrigo que ignoraba. Me recomendaron que era importante iniciar los trámites para “emanciparlo”, término jurídico que nunca antes había escuchado. Me explicaron que el procedimiento no era otra cosa que quitarle a Sebastián -que ya estaba en la cárcel- la posibilidad de ejercer algún tipo de derecho sobre el niño. Me asustó que aún estando preso, él tuviera autoridad sobre mi nieto. Es decir, que si me pasaba algo, Sebastián no tendría ningún problema para disponer de él.

Comencé con este proceso a mediados del año pasado, pero inmediatamente nos encontramos con un inconveniente. La ley establece que la emancipación solo es posible a partir de los 14 años y en ese momento Rodrigo apenas tenía dos años y medio. Logramos que los jueces entendieran que los argumentos ameritaban al menos discutir la causa y lo primero que me tocó hacer fue asistir a un careo con Sebastián. Después de dos años y medio, tuve que reencontrarme con el hombre que mató a mi hija. Tenía la misma sonrisa socarrona que en el juicio, cuando él estaba seguro que lo iban a condenar a cinco años y que saldría antes por buena conducta.

Entramos a una sala donde apenas cabíamos los dos y un mediador nos pidió que llegáramos a un acuerdo. Lo encontré absurdo. ¿Cómo podría llegar a un acuerdo sobre los derechos de mi nieto cuando su padre mató a mi hija? Me negué incansablemente, mientras él solo sonreía. Le dije que no estaba dispuesta a consensuar nada y que aunque él me hubiese quitado a Karla, haría todo lo posible porque su hijo nunca le dijera papá. Ese mismo día nos hicieron pasar donde una jueza. Ella fue más empática. Apenas se enteró que Sebastián era un femicida, recomendó que no participara más de las audiencias. Fue en ese momento que me enteré que su certificado de antecedentes estaba limpio. No aparecía ni la condena por femicidio, ni las anotaciones por violencia intrafamiliar. La jueza me preguntó: “Señora, ¿usted sabe que este certificado no tiene nada escrito? Esto es grave”.

Al día siguiente fui a ver a la fiscal que llevó el juicio de mi hija para preguntarle por qué él aparecía sin antecedentes. Me dijo que eso era inexplicable. Mandó, entonces, un oficio al tribunal, y tres semanas después respondieron que hace casi ya un año que se habían enviado los antecedentes al Registro Civil, pero que allí no habían realizado las anotaciones. Fui a la oficina en Valparaíso, pero no se interesaron en resolver el caso. Concurrí en tres oportunidades y la última vez me mandaron a hablar con el director en Santiago, situación que para mí fue una burla.

Durante el juicio de emancipación reviví todo el dolor por la muerte de mi hija. Tuvimos que convencer a los jueces de lo necesario que era para la tranquilidad de Rodrigo, que su padre perdiera los derechos sobre él. El proceso duró cinco meses, hasta que finalmente ganamos. Luego de eso, por recomendación de mi abogado, comenzamos un juicio por pensión alimenticia en contra de los abuelos paternos. No me parecía justo que el Estado mantuviera económicamente al asesino de mi hija en una cárcel y que además sus padres hicieran lo posible por ayudarlo con cosas para que tuviera un mejor pasar, mientras yo me desvivía trabajando para pagar los gastos de mi nieto y los 150 mil pesos mensuales que cuesta mi tratamiento sicológico.

En noviembre del año pasado los demandé por una pensión de alimentos de 120 mil pesos mensuales, pero tres días después, ellos me contrademandaron por visitas. Me opuse a que eso sucediera. Les expliqué a los jueces que la familia paterna quería llevar a Rodrigo a la cárcel para que viera a su papá, y que eso ponía en riesgo al niño. Los magistrados ordenaron peritajes sicológicos, los que finalmente me dieron la razón. En uno de los documentos, la abuela reconoce que quiere las visitas para que su nieto visite a su papá: “Quiero llevarlo a la cárcel, para que a mi hijo le den ganas de vivir”, le dijo al sicólogo que la entrevistó. Al final, llegamos a un acuerdo de 80 mil pesos mensuales, pero sin la posibilidad de que ellos vean al niño.

Hoy, mi nieto tiene tres años y medio, y desde los ocho meses que nunca ha visto a su papá ni a sus abuelos. Si bien hemos ganado varias batallas en esta larga lucha por justicia –la causa penal, el juicio de emancipación, y la pensión de alimentos-, aún falta un trámite que me tiene preocupada. Hasta ahora, Sebastián sigue sin antecedentes en su certificado. Me hago muchas preguntas. ¿Qué pasa si se escapa y se va del país? ¿Qué pasa si luego sale libre y nunca nadie sabe que él es un asesino?

En pocos días más se cumplen tres años desde que Karla murió y su agresor sigue con los papeles limpios.