Los cambios a la glosa de Gratuidad que convencieron a Chile Vamos de no recurrir de nuevo al Tribunal Constitucional

Con la amenaza de recurrir al Tribunal Constitucional por segundo año consecutivo, ayer en la noche la discusión de la glosa de gratuidad incluida en el presupuesto 2017 se destrabó tras largas negociaciones entre el Gobierno, la Nueva Mayoría y Chile Vamos.

La negociación, que dejó tanto al Oficialismo como a la derecha contentas, implicará una serie de cambios a la manera en cómo se entregaron los recursos este año, liberando de varias trabas a instituciones que quedaron fuera de ese beneficio durante el 2016.

Cambios que, según una minuta del gobierno que fue publicada por El Mercurio, alertaba de la posibilidad de que parlamentarios de Chile Vamos recurrieran al Tribunal Constitucional y que implicaba que ante un “resultado adverso nos enfrentaríamos a un difícil trance con la ciudadanía, ya que la única forma de sostener el resultado en los términos descritos sería recortando beneficios. En suma, este escenario nos deja expuestos a una gran derrota política, jurídica, comunicacional y de credibilidad frente a la opinión pública”.

Entre las modificaciones más importantes, está la de acoger la idea de Chile Vamos de ampliar con 3.500 cupos más la beca Bicentenario, que hoy solamente se entregaba a estudiantes de universidades miembros del Consejo de Rectores (Cruch), para que también pudieran acceder universidades privadas, según informa El Mercurio.

Eso sí, la entrega no será a ciegas: para acceder a ello, los planteles deberán contar con 4 años de acreditación y tener al menos un 80% de alumnos de primer año con más de 450 puntos ponderados en la PSU. Eso, por ejemplo excluye a algunas universidades emblemáticas, como la Universidad Andrés Bello, que no lograría estos requisitos, según comentaron ayer parlamentarios en el Congreso.

La negociación, que se extendió pasadas las una de la madrugada de este martes en el Congreso, también contempla el aumento de esas becas, lo que para el año 2019 se traducirá en un sistema unificado de becas que no distinguirá a las instituciones entre las que pertenecen al Cruch y las universidades privadas creadas después de 1980.

Los montos de esos beneficios que se van a entregar a los 3 tipos de Beca Nuevo Milenio que son para los estudiantes del sector público y profesional quedaron así: la primera para los planteles con dos años de acreditación, con un valor de $600 mil; la segunda para planteles con 3 años de acreditación ($860.000) y la tercera para 4 años o más, de $900.000.

Otro de los puntos que destrabaron el acuerdo fue la eliminación del requisito de ser parte del Sistema Único de Admisión para poder postular a la gratuidad, además de retirar la cláusula de no superar en 2,7% el crecimiento de la matrícula a las instituciones que se sumen. Este punto, sin embargo, quedaría sujeto a autorización del Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda.

El acuerdo fue celebrado por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien señaló que la “exigencia de grados de calidad, de más de cierto nivel (…) es también una garantía de que (las becas) lleguen a las mejores universidades” y esta mañana la Cámara de Diputados lo terminó aprobando con 88 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones.

Sin embargo, el acuerdo final no dejó contentos a todos. En ese mismo ítem, el diputado Giorgio Jakcson lamentó lo ocurrido y publicó un cuadro donde muestra algunos de los cambios conseguidos, los que calificó como “chantaje” por parte de la derecha para no recurrir al TC.

Una síntesis sobre el nítido proceso de chantaje q estableció la derecha en la discusión de la ley de presupuestos. ¿Hasta cuándo seguirán? pic.twitter.com/ok15yL07Zn

— Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) 29 de noviembre de 2016