“Una designación partisana”: La tesis de Carlos Peña sobre el nombramiento de Blanco en el CDE

En su habitual columna de los días domingo en El Mercurio, el rector de la UDP y abogado, Carlos Peña, aborda el nombramiento de Javiera Blanco en el CDE. El académico explica por qué la designación ha sido tan bullada y da a conocer su punto de vista.

Peña entra en el tema recordando que “por definición, lo público es aquello que escapa al dominio particular de alguien. Mientras el dominio consiste en la facultad de usar algo arbitrariamente, al compás de cualquier motivo que la propia subjetividad valide (no siendo contra la ley o el derecho ajeno, como explicó Bello en el Código Civil), lo público es una esfera de asuntos que obliga a la imparcialidad, a cuidar todos los intereses y puntos de vista en juego, sin que quien adopta la decisión pueda esgrimir nada más que su voluntad como fundamento de la misma”.

Hecho el punto, agrega que, desgraciadamente, fue la propia lo que Bachelet arguyó a la hora de justificar el nombramiento de la exministra.

“Nadie ha discutido que al designar a Blanco ella hizo uso de una prerrogativa que le pertenecía. Lo que se cuestiona -habría que decirle a la Presidenta- es si ella empleó correctamente esa facultad, si la usó como una facultad de índole pública o si, en cambio, lo hizo como si fuera una atribución privada, algo que le perteneciera solo a su personal discernimiento”, sostiene.

Recuerda que lo relevante del nombramiento, acaso de ahí las críticas en la semana, es que “el Consejo de Defensa del Estado es un órgano imparcial, cuyos miembros deben poseer alta calificación técnica y cuyo cliente final no es el gobierno de turno, sino los intereses del Estado”.

En esa línea afirma que “la pregunta entonces que cabe plantear es si acaso la designación de un miembro del equipo político de la Presidenta, entre cuyas abundantes virtudes no se cuentan las propias del jurista, una persona que es de su entera confianza y que posee total convergencia con su propio punto de vista, es la designación más razonable atendida la índole y las funciones públicas del Consejo, o si, en cambio, parece objetivamente una designación partisana, motivada más bien por consideraciones privadas como, por ejemplo, la de retribuir servicios gubernamentales y adhesión política”.

Peña opina que la conclusión es obvia: “la designación de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado constituye una designación partisana, aparece como una retribución a una lealtad política más que una selección por méritos de esos que la índole del Consejo de Defensa del Estado exige”.

Por eso es que opina que Bachelet actuó mal al hacer su elección, pues consideró más los intereses de “quienes le sirvieron de apoyo para alcanzar el poder” por sobre aquellos “que emanan de la índole de las instituciones”.