La mujer que pasó seis meses presa por un falso positivo de drogas y que hoy cuestiona su compensación: “Me metieron a la cárcel por algo que no hice”

El 5 de marzo de 2016, en el control aduanero de Río Loa, en la región de Tarapacá, la ciudadana boliviana Nardy Ribera —entonces de 25 años— cruzaba la frontera de regreso a Chile con tres frascos en su equipaje y $7mil dólares que había sacado a crédito para su reinstalación en el país.

Llevaba tres años viviendo de manera regular en el país, trabajaba en Tocopilla y había viajado a Bolivia a ver a su familia. Una amiga peluquera le había encargado queratina para el cabello: allá era mucho más barata. En el paso fronterizo, funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas detuvieron el bus en una inspección rutinaria. El procedimiento fue breve. Al revisar su bolso, encontraron los recipientes y decidieron aplicar un narcotest de campo, como los que suelen verse en programas como Alerta Aeropuerto.

Pese a la sospecha, Nardy estaba tranquila. Sabía lo que llevaba y estaba segura de que el resultado sería negativo, pues ella misma lo había comprado. Pero en pocos segundos escuchó algo distinto: el reactivo había cambiado de color. Para los funcionarios, eso significaba una sola cosa: positivo a cocaína. Y peor aún: clorhidrato, cuya sustancia se puede ampliar al igual que los potenciales años de condena en una cárcel. 

El caso parecía encajar sin fisuras en el patrón que se repite a diario en la frontera. Una mujer extranjera, joven. Una posible “burrera”. Cuando llegó la PDI, le informaron que quedaba detenida por tráfico de drogas. Más allá de cualquier duda, la prueba —presentada como científica— parecía suficiente.

—Son productos para el cabello —repetía Nardy.

Pero en ese contexto, la frase tenía poco peso. Quienes participan en estos procedimientos saben que casi nadie reconoce el delito en el momento. La mayoría dice lo mismo: que es inocente. Y esta vez, para ellos, no parecía haber razón para creer algo distinto.

La madrugada de ese 5 de marzo no sólo su vida se transformó en un tormento. Inició un viaje al infierno por calabozos, esposas y seis meses en una de las cárceles más peligrosas de Chile: el centro penitenciario de Alto Hospicio en el que están recluidos los principales sicarios del Tren de Aragua. 

“Nunca paré de repetir que era inocente, a pesar de las burlas y agresiones de las otras internas”, dice Nardy, quien siete años después, sigue luchando contra esa “injusticia” como ella denomina a este proceso que le tocó vivir en Chile, donde anhelaba conocer el mar. 

“Hasta el día de hoy recuerdo su nombre: Camila, la funcionaria de Aduanas”

Nardy Rivera nació en Santa Cruz (Bolivia) en 1990. Es la cuarta de cinco hermanos. Su familia siempre fue de esfuerzo y con estilo nómade. Su padre Feliciano Rivera viajó a España para intentar una nueva vida, pero no resultó del todo. Aunque eso permitió que la santacruceña pudiera terminar el colegio e iniciar estudios de Ingeniería Comercial. Pero los recursos se acabaron, tuvo que dejar la universidad a mitad de camino y tomar la decisión de viajar a Chile con esa esperanza de surgimiento. 

Si bien tenía buenas referencias del país vecino –sus profesores siempre hablaron bien de Chile, de su orden regulatorio y su economía– no todo se cumplió al establecerse en la pequeña Tocopilla, en la Región de Antofagasta. 

Nardy pensaba que iba encontrar grandes complejos universitarios para culminar sus estudios de ingeniería y facilidad para trabajar. Sin embargo, sólo logró lo segundo, pero con ingresos mínimos que le permitían arrendar una pieza y enviar el resto a Bolivia: garzona, niñera, un puesto en una caleta y cajera de supermercado fueron sus oficios que le permitieron asentarse en el norte  chileno. 

Al tercer año partió de vacaciones a Santa Cruz a visitar a su familia. Para ellos era su orgullo, porque su esfuerzo laboral había permitido financiar a sus seres queridos. 

Al llegar a su casa, se percató que estaba embarazada. Situación que alteró su vida, lo que desencadenó en una pérdida y en un largo luto. Además del dolor espiritual, tuvo que someterse a un tratamiento médico que provocó extender sus días en Bolivia. En medio de eso, recibió una llamada de una amiga estilista de Tocopilla, quien le avisó que habían llegado nuevos documentos de la tramitación de su visa. 

Ese aviso aceleró su regreso a Chile. El telefonazo fue aprovechado por su amiga chilena para pedirle un favor: si le podía traer unos tarros con queratina, porque allá los frascos eran más baratos y sólo tenía que ir a buscarlos a una especie de proveedor informal que ya estaba contactado. 

Sin saberlo, ese favor se convertiría en la peor de las pesadillas. 

La mujer boliviana partió de regreso en bus con un recorrido que duró 22 horas. Al llegar a la frontera entre Pisiga y Colchane no tuvo ningún problema. Le revisaron sus pertenencias e incluso reportó que portaba siete mil dólares en efectivo y $40 mil en dinero nacional, cuyo monto era para su estadía.

Ya en Iquique tomó un segundo bus hacia Tocopilla, pero los problemas se desataron en el control aduanero de El Loa, el 5 de marzo de 2016, a las tres de la madrugada. 

Este es su relato en primera persona que entrega a The Clinic: 

“Me detiene personal de Aduanas. Era una joven, que hasta el día de hoy recuerdo: su nombre era Camila. Se para frente a mí. Yo no sé si era mi manera de vestir, porque justo me había hecho trenzas. Tenía mi maleta y me dice que me pare y abra la maleta. 

Pero antes que lo hiciera, ellos la rompen. A lo que yo le reclamo: ¿Qué está haciendo?

Y me dice, ¡Cállate! Lo primero me dice es que me calle. Jamás he olvidado esa palabra, ¡cállate! y ¡cállate! Fue la única palabra que escuché todo el tiempo. Ni siquiera fue cordial.  

Después, me dice ¿Qué es lo que llevas ahí? Y le respondo, crema de queratina. Tratamiento capilar. Y me desafía: ¿estás segura? Sí, respondo. Es para una amiga, una encomienda. Ella tiene un salón en Tocopilla que lo promocionan en radio Macarena y hacen promociones. 

¡Cállate!, me grita de nuevo. Ante eso, agarro los potes, los abro y le muestro.

¿Estás segura que esto es crema?, me grita. Luego, me dice pasa y me llevan a Aduana, donde Camila y otro funcionario comienzan a tener una conversación.  

´Vamos hacer una prueba de campo´, me informan. Sólo atiné a mirarlos, pero jamás pensé que ellos contaminarían ese producto. 

Vuelven y me dicen ¡párate, te vamos a leer tus derechos! Y yo les respondo, ¿cuál derecho?, sin entender nada. A lo que me dice: ´tú estás detenida por ley 20.000. Por tráfico de drogas. Esto es clorhidrato de cocaína. Por esto te van a dar 15 años. 

Y les dije, con el impacto que tenía, que no podía ser, si yo hice un favor, hice un favor. Y me dejaron encerrada”. 

A las pocas horas la trasladaron al retén El Loa de Carabineros. Estaba sola e incomunicada. Nardy sólo pedía una llamada telefónica para hablar con su padre. En eso, recuerda la mujer, aparece un fiscal, quien le insiste en firmar un documento para que el proceso avanzara más rápido. Ella se negó. 

El 6 de marzo de 2016 fue formalizada por tráfico de drogas con la cautelar de prisión preventiva. 

“Sólo recuerdo haber escuchado, 120 días de investigación. No pude hablar mucho con mi abogada. Pero lo dije, usted tiene que defenderme. Usted es mi abogada”, revive la ciudadana boliviana. 

Al parecer el caso policial tomaba fuerza y el Juzgado de Garantía de Iquique había propuesto al Gobierno la expulsión de Nardy. Sin embargo, un oficio de la Intendencia de Tarapacá lo descartó, porque no estaban los presupuestos legales, ya que la mujer estaba en calidad de residente en Chile. 

La cárcel de Alto Hospicio, su apodo de “Caperucita Roja” y la puñalada que esquivó 

Nardy Ribera fue derivada a la cárcel de Alto Hospicio. Una cárcel peligrosa. La primera noche la pasó sola en un colchón húmedo. Puso algo de su ropa para poder recostarse, aunque no pudo cerrar los ojos. La angustia, miedo e injusticia que sentía la tenían al borde de una crisis de pánico. 

En paralelo, los tres tarros de queratina contaminados supuestamente con cocaína fueron derivados al Instituto de Salud Pública, donde sólo el 31 de marzo de ese año se informó de su llegada. Es decir, 26 días después de lo ordenado por el Tribunal. 

Según la documentación, sólo el 15 de abril comenzaron las pruebas científicas a las cremas, cuantificadas en 3 kilos. El ISP, el 5 de mayo, concluyó que no se trataba de sustancias estupefacientes. “No era cocaína, era queratina”, se lee en un escrito judicial. 

Nardy tenía razón. Siempre contó la verdad. 

Pero esa información trascendental no provocó ningún cambio en la investigación del Ministerio Público.

Tres meses después, el 30 de agosto, se realizó una audiencia para revisar las cautelares de Nardy. A pesar de tener el antecedente clave, el Juzgado de Iquique decidió no cambiar la prisión preventiva en una audiencia que duró dos minutos. 

Diez días después, el fiscal Ernesto Arriagaga ingresó una nueva solicitud alertando que existían “nuevos antecedentes” en la carpeta investigativa. Petición que causó molestia en la defensa de la “imputada”, pues le advirtieron al juez que esa información–el informe del ISP que descartaba la presencia de droga–estaba disponible desde hace “meses”. 

Con todo, se liberó a Nardy tras seis meses y siete días encerrada en un calabozo, acusada por un delito que nunca cometió y donde fue amenazada de un “estocazo” por parte de otra interna. 

Este es su relato en primera persona entregado a este medio de lo que fue su paso por prisión:

“Después de la audiencia, a mí me suben a un bus. Era la única mujer. El resto todos varones. Ellos escupían a los bolivianos. También los pateaban. Al llegar a la cárcel, pedí hablar nuevamente con mi padre. Era lo único que pedía. 

Luego, me hacen desnudarme completa. No sé si era una doctora, pero te sacan fotos. Yo tengo mi tatuaje que es el nombre de mi papá. Fue todo horrible. Jamás lo había vivido. 

Me dejaron en el módulo 55. En esa celda no había nada, sólo una colchoneta. Les gritaba que era ¡inocente!. Y lo único que provocaba eso era burla en las mismas gendarmes. ¡Todas dicen lo mismo, por eso estás aquí!, me respondían. Y esas palabras quedaron en mí tan adentro que convertí esto en mi lucha a diario. 

No descansé ni un solo día en esa reja. Me decía, si no me van a sacar los abogados, voy a salir como sea. Persona que veía de traje, me acercaba y le contaba mi historia: ¡soy inocente!, les repetía. Estoy privada de libertad, yo no hice nada. 

En la cárcel te juntan con personas de todo. Una niña había matado a su hijo, otra había matado a su marido. Jamás en mi vida he tenido intenciones así. Estas personas violentas se ponían a bailar y me cantaban esa canción de inocente para molestarme. 

Tuve que aguantar y aguantar muchas cosas. Esto me estaba matando emocionalmente. Tuve que ir a la Iglesia, iba con un pastor para decirle también que era inocente. 

En la cárcel también me apodaban la caperucita roja. Si tu sabes que no eres esa clase de persona te la guardas y no respondes. Ese sobrenombre me lo pusieron, porque decían que las manzanas –las cremas– se las llevaba al lobo. Y el lobo era la PDI que me metió presa.

Lo más fuerte fue un día jueves. Mi abogada me insistía que tenía que culparme para llegar a un juicio abreviado, porque no habían antecedentes y el caso se iba a un juicio oral. Le dije que no lo haría y que había que hacer pruebas a las cremas. Que no era droga. Y me dice, sabes voy a renunciar a tu caso. 

Eso me dejó mal en la celda. En el momento de la cuenta y tengo un tema con otra interna. Me queda mirando y yo también. Me hace el gesto con el dedo pasando por el cuello. Me amenaza. Esa niña ya había apuñalado a otra niña. Te llenas de pánico y emociones. Como estaba con el tema de la abogada, le dije. No te tengo miedo. Haz la que quieras. Y de la nada, aparece con una tijera e intenta apuñalarme. Me toca la espalda, pero no ingresó. Fue una vivencia horrible. 

Luego nos llevan a constatar lesiones. Recuerdo que estaba la teniente Soto. Le dije, estoy acá por error. Soy inocente. Le conté mi historia. Y me dijo: ´si tu eres realmente inocente, no te culpe´”. 

Nardy siguió ese consejo. Por suerte escuchó a esa única voz que creyó, en algo, su versión de que no era narcotraficante. 

La lucha de Nardy por sacarse la marca de “narco” y la pelea que viene con el CDE

Tras seis meses en la cárcel, la mujer boliviana intentó rearmar su vida nuevamente en Tocopilla. Pero las puertas que se habían abierto en su llegada hace tres años ahora estaban cerradas: sus amigos y exempleadores vieron en ella esa estigma de narcotraficante. Eso provocó que deambulara por las calles de esa poblado buscando nuevas oportunidades. 

El dinero escaseaba, pues su familia se endeudó a gran escala, e incluso hipotecó la vivienda en Santa Cruz, para pagar las defensas legales del proceso.  

Cuatro meses después, el 13 de diciembre de 2016, el Ministerio Público pidió una nueva audiencia para anunciar que no seguiría investigando el caso, pero por falta de pruebas, no porque reconocía el error cometido contra Nardy. El proceso, sin embargo, sólo finalizaría seis años después cuando el 21 de octubre de 2022, se aceptara una audiencia para revisar el sobreseimiento definitivo de la ciudadana extranjera.

Un caso que nadie entiende por qué demoró tanto en resolverse.

“Todos se esfumaron. Nadie quiere estar con una persona que ha estado presa. Por eso no paré de trabajar, para poder limpiar mi nombre y poder hacer los viajes a Iquique para pedir la información de casos”, asegura Nardy, quien hizo esa dinámica siete años en Alto Hospicio, pero no logró nada. 

Su caso es parte del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública (DPP) que desde 2013 ha constatado que más de 28 mil personas en Chile han pasado por prisión preventiva y luego fueron absueltas en un juicio oral, sobreseídas o porque el Ministerio Público determinó no preservar en la investigación en su contra.

Así, Nardy recibió apoyo de la Fundación Probono–que tiene convenio con la DPP–cuyo caso fue derivado al estudio Vía Larraín Fementas para limpiar su nombre. El 18 de marzo de 2024 ingresaron una demanda civil contra el Estado por todo el calvario iniciado desde ese 5 de marzo de 2016, bajo el argumento de que “no había pruebas en contra de la imputada” y que “el Ministerio Público persistió en su afán arbitrario y erróneo” que impidió devolverle la libertad a su cliente cuando correspondía. 

Tras casi tres años de proceso, el primer juzgado de letras de Iquique falló a favor de Nardy, condenando al fisco a pagar $10 millones por haber inculpado de manera errónea a la ciudadana boliviana en un proceso de tráfico de drogas. 

Si bien la sentencia alegró a Nardy, afirma a The Clinic que apelará, pues el monto es muy bajo por todo lo que se endeudó su familia en la defensa y lo que ella perdió en estos 10 años de su vida.

“Me metieron a la cárcel por algo que no hice, pero yo siempre me juré y me prometí que yo iba a salir de esto”, finaliza la mujer que llegó a Chile hace más de una década con el sueño de terminar sus estudios y conocer el mar. 

Lamentablemente, sólo conoció los errores de un sistema que casi le cuestan la vida.