Tragamonedas: El rol del diputado Aldo Cornejo y el lobby de Pablo Zalaquett para legalizar las máquinas

El primer debate respecto de legalizar o prohibir las máquinas se dio hace más de una década. Los principales opositores a la proliferación de los tragamonedas eran entonces el diputado DC, Aldo Cornejo, y Pablo Zalaquett, en sus tiempos de alcalde en Valparaíso y Santiago, respectivamente. Ambos cambiaron de parecer y hoy Cornejo desde el parlamento y Zalaquett desde el mundo del lobby, han realizado acciones a favor de la actividad. Los tragamonedas están otra vez en agenda tras una resolución emanada por Contraloría el 23 de diciembre del 2016, en el cual se establece que los municipios deben comprobar que las máquinas de juego instaladas en sus territorios no sean de azar.

El diputado Aldo Cornejo con miembros de la Fiden

Comunas como Chillán, Rancagua y Coquimbo adoptaron los salones de entretenimiento o almacenes con máquinas tragamonedas como atractivo tradicional de su paisaje. Esta situación ha preocupado a la Contraloría que, tras diversos requerimientos,  emitió un dictamen el 23 de diciembre del 2016, en el cual se establece que los municipios deben comprobar que las máquinas de juego instaladas en sus territorios no sean de azar –prohibidas fuera de los casinos-, lo cual se deberá acompañar con un informe certificado por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SJC).

La resolución abre un camino a la regularización de esta industria que ha tenido en el mundo político a dos exalcaldes como grandes aliados: el actual diputado Aldo Cornejo y el lobbista Pablo Zalaquett.

EL CAMBIO DE CORNEJO

Aldo Cornejo se oponía a la proliferación de los tragamonedas cuando era alcalde de Valparaíso (2004 a 2008), pero cuando dejó el sillón municipal y se instaló en su escaño en el hemiciclo, cambió su visión y ahora defiende la regulación de este negocio.

“Sólo tenemos un cuerpo de fiscalizadores de 15 personas para toda la ciudad, lo cual evidentemente es insuficiente”, explicaba Cornejo a El Mercurio porteño el 2005.

Sin embargo, al ser electo como diputado en los comicios parlamentarios de 2009, la postura de Cornejo respecto de las máquinas en los barrios fue radicalmente distinta. Un año determinante para demostrar esta metamorfosis fue 2013, cuando gestionó dos acciones claves a favor de la industria.

El 13 de agosto de ese año, presentó el proyecto de acuerdo 933 con nueve parlamentarios más de distintas bancadas, principalmente de su bloque. La moción fue aprobada el 10 de septiembre y busca un criterio común en la fiscalización de esta actividad con el objetivo de hacer que sea lícita. Así establece que “los jueces de Policía Local no han llegado a un consenso en el sentido de que las máquinas tragamonedas son juegos de destreza y no de azar. Por lo mismo, los juegos de azar requieren de una ley para existir, pues en caso contrario, constituirían objeto ilícito. El problema sigue sin resolverse, llegando al extremo que en una misma comuna, dos jueces de Policía Local fallan de manera distinta las infracciones notificadas a los poseedores de máquinas tragamonedas”.

La segunda diligencia de Cornejo fue el 1 de octubre del mismo año, cuando solicitó información sobre un oficio elaborado por Carabineros que era utilizado para fiscalizar e incautar máquinas. En aquella época, él era presidente de la Cámara Baja y a través de una carta, le exigía explicaciones al General Director de Carabineros, Gustavo González Jure.

Específicamente, la misiva solicitaba aclaraciones sobre quién ordenaba el instructivo o bajo qué norma jurídica se amparaba. Los locatarios de los salones tragamonedas recibieron así un apoyo contundente por parte del parlamentario.

Sobre su cambio de postura, Cornejo dice que cuando era jefe comunal tenía poco margen para accionar porque “en los tiempos que fui alcalde y hasta el día de hoy, salvo algunos dictámenes muy aislados y recientes, esta es una actividad totalmente desregulada y difícil de fiscalizar porque funciona de manera clandestina. Y he conversado con algunos dirigentes de la asociación de la Quinta Región (de las tragamonedas) y he llegado al convencimiento de que es una actividad totalmente necesaria de regular”.

En relación a la carta que envió a Carabineros, la explicación que entrega el parlamentario por la Quinta Región es que quiso averiguar las anomalías que cometían ciertas instituciones. “Mi objetivo era regular y hacer cumplir la normativa. Lo peor que puede ocurrir es, cuando una determinada actividad está completamente desregulada, que quede a arbitrio de cualquier autoridad que trata de fiscalizarla sin que existan normas de carácter general, sea un alcalde, la policía o la Contraloría. Es que todo el mundo ha mirado para el techo y si no se regula, derechamente hay que decir: ‘mire, esta es una actividad que no puede existir’, pero digámoslo”, afirma.

Nelsón Ávila, ex senador y quien coincidió con el actual diputado por la región porteña cuando este era la máxima autoridad municipal, contradice su versión y recuerda la débil oposición del otrora alcalde ante esta economía paralela:

“Aldo Cornejo tenía una oposición contraria a la actividad de esta industria, pero sólo en el campo de la retórica. La verdad es que en los hechos, nunca hizo nada para impedir el funcionamiento de estos aparatos y quedó de manifiesto al final de la gestión”, dice.

Al respecto, el actual concejal porteño, Eugenio Trincado, afirma que al menos en Valparaíso los tragamonedas están tan instalados que es difícil pensar en erradicar estas máquinas.

“Estas se desparramaron en los cerros y en todas las poblaciones. Uno tiene que reevaluar la situación porque eliminando esta actividad, a lo mejor se va a causar más daño que dejarlo. Por lo tanto, como no había ninguna ley que lo prohibía, se difundió este tipo de actividad y ahora está instalado en la ciudad y si se elimina, quedaría un colapso económico”, asegura.

Lo de Valparaíso es sólo un reflejo de lo que sucede en todo el país. Según las cifras del catastro realizado por la SJC, existen 33 mil de estas máquinas distribuidas a lo largo de 87 comunas en Chile. En la Quinta Región hay 4.233; y en Valparaíso, 795 máquinas distribuidas en 24 salones de entretenimiento.

Sin embargo, los números que maneja la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos (Fiden) -el gremio de estos microempresarios- son radicalmente dispares. Esta agrupación dice que existen alrededor de 400 mil aparatos tragamonedas porque aclaran que consideraron las 346 comunas existentes en Chile. Además de los salones de juego, explican que en sus estudios contemplaron los pequeños comercios y los almacenes e informan que en la Quinta Región hay un aproximado de 52 mil máquinas, estableciendo que en Valparaíso existen alrededor de 3 mil de estas.

Sebastián Salazar, vice presidente y vocero de la Fiden, gremio de los empresarios que desean legalizar esta industria afirma que frente a lo extendido de la actividad lo relevante hoy es  “la necesidad de regular el sector”.

LA VUELTA DE CARNERO DE ZALAQUETT

“Yo creo que, posiblemente, fui el que le dio la lucha más dura a las máquinas porque en primer lugar, no conocía la realidad de que había un grupo que quería legalizarse y otro no. La experiencia me demostró a mí que, a la larga, es imposible cerrarlo porque se clausura en un lugar y se abre en otro lugar. Es una realidad que es imposible tapar el sol con la mano”, dijo el ex alcalde de Santiago y vendedor de zapatos de moda, Pablo Zalaquett, a la radio Bío Bío el 16 de agosto del año pasado.

Zalaquett –formalizado en el caso Penta por delitos tributarios- tiene hoy como cliente a Fiden y declinó hacer comentarios a The Clinic Online sobre su relación con la entidad cuando fue alcalde de Santiago.  Desde Fiden explican que les hace asesorías a través de su empresa de comunicaciones “Triangular Integración Estratégica”.

Al revisar las audiencias que pidió desde que fue contratado por el gremio de las tragamonedas populares, se contempla que solicitó encuentros vía Ley de Lobby durante el 2016 con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, el 8 de agosto; el senador Radindranath Quinteros (RN) el 16 de agosto; la directora jurídica de Concepción, Ximena Torrejón, el 21 de septiembre; el alcalde de los Ángeles, Esteban Krause, el 22 de septiembre.

Comentarios