La Vicaría no solo se ocupaba de la defensa de los perseguidos o de la denuncia de las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo, sino de todo un quehacer social a través del Departamento de Zona —como ya relaté—, que fue el responsable principal de la reorganización de la gente. Es importante profundizar en este punto, porque no hay conciencia de cómo la dictadura lo que hizo fue atacar por dentro la organización social y hacer añicos el tejido social chileno. La Vicaría contribuyó a enmendar esta situación ante las tremendas necesidades de la gente, por la enorme cesantía y la razia que hubo. Así, en las poblaciones empezaron las ollas comunes, los comedores infantiles, los clubes de fútbol y otras formas de organización. Sin que hubiera una especie de plan, el objetivo era ayudar a la gente que quedó cesante, que quedó sin vivienda. Pero tampoco se trataba solo de un quehacer asistencial. Quienes trabajaban ahí —los párrocos y laicos— estaban animados por las encíclicas sociales de la Iglesia. Esa doctrina consistía en entregar elementos de capacitación a la gente para que se organizara y exigiera sus derechos. Estaban influidos por la teología de la liberación y sus convicciones eran muy profundas. En consecuencia, la Vicaría fue más allá de lo asistencial y esa hebra no ha sido reconocida en el relato de nuestro país. Es más, se ha intentado enterrar.

Diversos actores han querido instalar en el discurso la idea de que la recuperación de la democracia en Chile se hizo a través de las cúpulas partidarias y algunos dirigentes llegados a la hora undécima, lo que no es exacto. La recuperación fue posible gracias al movimiento popular, el que —después de haber sido avasallado por el golpe— se reconstruyó paso a paso desde los primeros días de la dictadura con las orgánicas clandestinas que sobrevivieron al golpe, especialmente la del PC, con los esfuerzos de los curas obreros, los párrocos locales y sus bases, así como la de cientos de luchadores sociales que dedicaron su vida a organizarse y resistir. Sin la fuerza de ese movimiento social no habría sido posible la salida de Pinochet. Fue ese movimiento social olvidado por la transición el principal artífice de la recuperación de la democracia y no los dirigentes que aparecieron del exilio. Cada consultorio de salud que hubo, cada club de fútbol que se armó, cada comité de vivienda que se paró, cada comedor infantil y cada olla común fue una difícil obra diaria de cientos de manos anónimas. No es casualidad que la dictadura descabezara a los dirigentes políticos y sindicales y a los luchadores sociales. Los represores no salieron a una cacería indiscriminada, sino a destruir el corazón del tejido social que había permitido el gobierno de la Unidad Popular. Eso fue lo que destruyeron, y eso es lo que la Iglesia y la Vicaría reconstruyeron en un quehacer diario, acogiendo y protegiendo a quienes reorganizaron el movimiento social, papel muy poco reconocido hasta la actualidad. Y a mí me conmueve mucho que hayan sido tan
olvidados y postergados, porque son los verdaderos héroes de la resistencia chilena.

A esas alturas, a fines de los setenta, era evidente lo que al comienzo de la dictadura no todo el mundo quería creer: los detenidos desaparecidos estaban muertos. En noviembre de 1978 un campesino se dirigió a las oficinas de la Vicaría para contar que en unos hornos de una mina de cal había encontrado restos de cuerpos humanos. Cristián Precht coordinó una comisión para inspeccionar el lugar. El 30 de noviembre esa comisión determinó que la denuncia era cierta. Quince campesinos, todos varones —que tenían entre 17 y 51 años—, habían sido detenidos en octubre de 1973 por carabineros en la localidad de Isla de Maipo, al sur de Santiago. Los habían tirado vivos a los hornos de cal. Eran los primeros restos de detenidos desaparecidos que se encontraron luego del golpe. Daban cuenta del horroroso método utilizado por los represores: «Trozos de cráneos amarillentos, con huellas de cuero cabelludo; pelos sueltos, negros; ropas desgarradas en las que se reconoce un blue jeans, un chaleco de hombre», relató el subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez, en el libro Chile: la memoria prohibida.

El hallazgo de Lonquén se realizó justo cuando en Santiago se estaba llevando a cabo el Seminario Internacional de Derechos Humanos, organizado por la Vicaría. Como a mí me habían ingresado de urgencia en la clínica, no llegué a enterarme de este asunto, que fue tratado con el mayor sigilo por las autoridades de la Vicaría (les decíamos «los del Olimpo», cariñosamente). Mis compañeros que estaban presentes relatan que, en medio del seminario, se podía advertir que algo grave estaba pasando. Pero Cristián Precht, Javier Luis Egaña, María Luis Sepúlveda —el equipo reducido que estaba al tanto— mantuvieron la información en secreto y en conjunto con los obispos decidieron que los hechos se iban a dar a conocer una vez finalizado el encuentro. Temían que la dictadura pudiera decir que se trataba de un montaje, por lo que prefirieron posponer la trágica noticia. Del resto de los funcionarios de la Vicaría nadie preguntaba nada: cuando se advertía que algo importante ocurría, que debía manejarse de forma reservada, nadie intentaba inmiscuirse.

Luego de que se hiciera público lo de los hornos de Lonquén, el régimen ordenó la llamada Operación Retiro de Televisores para evitar que se produjera un nuevo hallazgo de similares características. Pinochet ordenó a todas las divisiones del Ejército el catastro de los cementerios clandestinos y la exhumación de esas fosas, que encubrieron como maniobras militares. Calama fue el primer lugar afectado, pero ocurrió lo mismo en todas las ciudades de Chile. En esta operación participó mucha gente: conscriptos y miembros del Ejército hicieron las excavaciones, sacaron los restos con retroexcavadora, los llevaron a los aeródromos y los tiraron al mar. Es impresionante: cómo sería el control que tenía el Ejército de las masacres, que sabían perfectamente dónde estaban las fosas clandestinas. Mientras los familiares buscaban y buscaban. Recién en 1990 un testigo dijo dónde se encontraba la fosa clandestina primitiva en la cual habían enterrado a Carlos y a los otros compañeros asesinados en Calama. Lo mismo ocurrió con los otros sitios, de los que nada se supo sino hasta décadas después. Lo que en verdad es muy impactante es cómo involucraron a todo el Ejército, cómo los generales a cargo y todas las divisiones a lo largo del país se prestaron para eso.

Entretanto, Chile se había convertido en una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional. La Comisión de derechos humanos con sede en Ginebra tenía una agenda y nuestro país estaba en el punto quinto: situación de violaciones a los derechos humanos en Chile. Los únicos otros asuntos que tenían un punto especial —que estaban de forma permanente en las sesiones de todos los años— eran el apartheid sudafricano y los territorios palestinos ocupados. El resto estaba en el punto 12: violación a los derechos humanos en cualquier otra parte del mundo, donde se encontraban los pobres argentinos y uruguayos.

Ese fue un triunfo de quienes trabajábamos en los derechos humanos y el exilio chileno. Cuando nosotros íbamos a denunciar a Ginebra —no se iba públicamente, sino intentando mantener el perfil más bajo posible—, siempre nos encontrábamos con los grupos de exiliados que hacían el lobby. El embajador de Francia redactaba el voto que se iba a aprobar, con el material que los chilenos le proporcionábamos. El nivel profesional era altísimo: el Comité de Exiliados se entendía con los embajadores de tú a tú, mientras la delegación oficial de Chile, que representaba a la dictadura de Pinochet, siempre estaba sola, aislada. Recuerdo que los países presentaban el voto, pero antes había múltiples intervenciones de su fundamentación. Se había escuchado el informe del relator para Chile, cada país opinaba sobre nuestra situación y luego las ONG que tenían derecho a voz entregaban su tiempo para que las víctimas chilenas pudieran efectuar sus denuncias. Los argentinos siempre nos decían: «Che, mirá los chilenos…».

Seguimos trabajando con nuestra forma muy detallada de denunciar. La consigna era «documentarlo todo», «dejar la huella digital». Teníamos conciencia de que aunque nos fuera mal en los tribunales —que en esa época no hacían nada, o muy por el contrario—, había que recoger hasta el último detalle, porque alguna vez volvería a haber justicia, algo a lo que nunca renunciaríamos.

Todas las denuncias que hacíamos eran respaldadas por una acción judicial: un recurso de amparo, una declaración jurada de un sobreviviente. En el caso de las torturas, la Vicaría hacía informes todos los meses y se publicaban en el boletín mensual —como he contado—, que posteriormente se enviaba a los relatores de Naciones Unidas. A veces —en forma irónica y con cierto desprecio—, decíamos que nuestro estilo, que ya he descrito antes, era de lenguaje mercurial, en referencia al tono del diario El Mercurio. Aunque en ocasiones nos dábamos ciertos gustos: Roberto Garretón, por ejemplo,siempre ponía en los amparos: «En el centro clandestino denominado Villa Grimaldi, regentado por la DINA». Regentado, tal cual, como las casas de prostitución. El invento de Garretón luego lo empezaron a imitar todos los abogados del Departamento Jurídico de la Vicaría.

Como desde el principio, seguí trabajando en la Vicaría con dedicación total, pero tuve un cambio de funciones, porque me dediqué a la primera atención de los perseguidos. En 1979 se habían terminado los principales campos de concentración y no había todavía la avalancha de presos políticos de los ochenta. Pero en esa época funcionaba la CNI, que estaba conformada prácticamente por todo el personal activo de la DINA, salvo Manuel Contreras. Pasó a llamarse CNI, comenzó a funcionar el recinto de Borgoño y seguían activos Villa Grimaldi y la Venda Sexy. Los abogados en ese entonces no asumíamos casos específicos: eran casos de todos y de nadie. A ti te podía tocar atender a una persona la primera vez que iba, pero otro abogado luego investigaba los hechos y un tercero hacía la denuncia. Muchos profesionales sabían de un determinado caso. Una situación diferente se producía, sin embargo, cuando asumías la defensa de un preso que estaba en posesión de la Fiscalía Militar, como me sucedió sobre todo en los ochenta.

El papel de la justicia en esa época era nulo: totalmente obsecuente con la dictadura. El presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre, era un miserable. Tenía teléfono directo con Contreras arriba de su escritorio. En agosto de 1976 hubo una gran razzia contra el Partido Comunista: todos fueron detenidos desaparecidos. A mi amiga Rosemarie le tocó presentar el amparo del doctor Iván Insunza Bascutián, hermano de Alfonso Insunza. En el marco de la tramitación, acompañó al padre del doctor Insunza a una audiencia con Eyzaguirre. El caballero le estaba planteando el problema —el padre del doctor Insunza era un verdadero caballero—, cuando Eyzaguirre le dijo:

—Momentito, señor.

Estaban en un living pequeño, se levantó y se dirigió hasta su escritorio. De pie y sin mirar mientras marcaba el teléfono, comenzó a hablar:

—Buenos días, coronel. Necesito preguntarle algo: ¿estará detenido Iván Insunza Bascuñán?

Le contestaron y dijo:

—Ah, ya, muchísimas gracias, coronel. Hasta luego.

¡Era el coronel Contreras! Se quedaron de piedra y con la absoluta convicción de que el doctor Insunza no iba a aparecer más. El presidente de la Corte Suprema tenía línea directa con el genocida de Contreras, director de la política de exterminio. ¡El presidente de la Corte Suprema! Encima, haciendo este show delante de los familiares. El que lo siguió en el cargo, Israel Bórquez, era igual de miserable. «Los desaparecidos me tienen curco», llegó a decir. Daba una mayor cantidad de audiencias que Eyzaguirre, pero se le notaba que era un desagrado tremendo tener que escuchar a los familiares de las víctimas. Tenía unos malos modos atroces. Realmente, más que obsecuentes, fueron cómplices.

Quienes conformaban los tribunales superiores —la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones— eran personas ideológicamente afines a la dictadura. Sobre todo los miembros la Corte Suprema, que ni siquiera se arrugaban para ocultarlo. En función de su sumisión y de su afinidad ideológica, jamás movieron un dedo. No hicieron nada. Solo una vez acogieron un amparo, en el caso de Carlos Contreras Maluje. Pero lo hicieron cuando estaba muerto y porque hubo un escándalo en la vía pública. Contreras Maluje era un dirigente de la dirección de las Juventudes Comunistas a quien detuvieron en noviembre del 76. El Comando Conjunto —una agrupación de inteligencia clandestina destinada a la represión— lo llevó a La Firma, uno de los últimos recintos secretos que utilizaron, en la calle Dieciocho. En ese lugar, Contreras Maluje ideó un truco heroico, diciendo que tenía acordada una reunión donde se iba a juntar con otro militante. Lo sacaron de La Firma y, en el trayecto, él abrió la puerta del auto y se tiró debajo de una micro en la calle Nataniel. Se armó un escándalo y llamaron a Carabineros, que debieron tomarle la patente al auto que lo llevaba. Por supuesto, lo capturaron de nuevo, se lo llevaron y esa misma noche lo mataron, según se supo después. Pero como hubo testigos, los tribunales tuvieron que acoger el recurso, aunque con el detenido muerto. Recuerdo que la patente del auto correspondía a Enrique Ruiz Bunge, un general de la Fuerza Aérea.

Si bien las protestas masivas comenzaron el 82 y el 83, a fines de los setenta ya había un gran movimiento que provenía de una organización popular fuerte. Los de la Vicaría nos pasábamos de comisaría en comisaría para asistir a los detenidos. Porque ante cada manifestación, había muchos detenidos. El año 1979 fue especialmente movido. Comenzaron las manifestaciones populares, seguidas de las detenciones irregulares:

El 20 de enero fueron detenidas cincuenta personas por Carabineros en la plaza Almagro.

El 8 de marzo, por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fueron detenidas treinta personas.

El 18 de abril, los familiares de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos se encadenaron a las rejas del Congreso: fueron apresadas y estuvieron tres días en la comisaría, luego de lo cual pasaron a la cárcel de mujeres.

El 1 de mayo se produjo una masiva concentración popular por el Día de los Trabajadores, y fueron detenidas más de cuatrocientas personas.

El 4 de septiembre, en otra manifestación por el día en que Allende ganó la elección presidencial, hubo más detenidos.

El 15 de septiembre se celebró la misa por las víctimas de Lonquén. Se reprimió salvajemente.

En noviembre, 43 personas fueron detenidas por estar repartiendo un discurso de Eduardo Frei Montalva en el Paseo Ahumada. Por entonces se organizó un acto en homenaje a Frei que fue prohibido por la dictadura. ¿Qué hizo la gente? Se dirigió a la casa de Frei en la calle Hindenburg 683, desde donde Frei habló. Ciento cincuenta personas fueron detenidas.

El 25 de noviembre se conmemoró en la Catedral un año de la Carta de Santiago, el documento que se suscribió durante el simposio del Año Internacional de los Derechos Humanos. Hubo quince detenidos a la salida de la iglesia.

El 10 de diciembre se organizó la tradicional conmemoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de la ONU en 1948, y de nuevo hubo decenas de detenciones.

Esa gente permanecía en prisión dos o tres días y luego era dejada en libertad. Así les pasó a varios dirigentes estudiantiles, como al presidente de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, Santiago Ávalos Villablanca, del MIR, que fue detenido por civiles no identificados y luego dejado en libertad.

La tortura seguía siendo aplicada de manera sistemática. Y los organismos represivos de la dictadura realizaban violentos operativos en las poblaciones de Santiago. En noviembre del 79 allanaron el campamento Nuevo Amanecer: sesenta detenidos. Al día siguiente allanaron la población José María Caro: cuatrocientos detenidos. El jueves 29 le tocó a la San Gregorio: cien detenidos. Los párrocos de esas poblaciones se ponían en primera fila para tratar de impedir los abusos, porque eran allanamientos y detenciones violentísimas. Con disparos al aire, en el caso de la Caro. Eran operativos en los que participaban carabineros y civiles armados hasta los dientes. A los detenidos los llevaban a cuarteles policiales, los sometían a torturas y a malos tratos: patadas en los tobillos, golpes de pie, de puño, con el tonto de goma, amenazas. Los sacerdotes llevaban las listas de los detenidos a la Vicaría, y nosotros volvíamos a actuar.

Fue la época en que comenzaron los cacerolazos. En el centro de Santiago, el 29 de noviembre de 1979, se organizó una manifestación pacífica de protesta por la situación económica, en la que fueron detenidas cincuenta personas. Estuvieron presas cinco días, porque así lo permitía el Estado de Excepción constitucional en que nos encontrábamos prácticamente siempre. Por lo tanto, los carabineros podían arrestar a la gente el tiempo que quisieran.

Ante los amedrentamientos —seguimientos, amenazas, coronas de flores que llegaban por sorpresa— interponíamos los «amparos preventivos».

Después empezaron a sublevarse los mineros.

Y los chilenos exiliados empezaron a pedir asesoría para poder regresar. Comenzamos a presentar «amparos por exilio», en favor de aquellos que tenían escrita la letra L en el pasaporte. La Vicaría comenzó a reivindicar el derecho de vivir en la patria.

La dictadura no se quedó quieta y atacó por todos los frentes. Comenzó incluso a echar a la gente de los trabajos, la llamada «persecución administrativa». Recuerdo el caso de una mujer que era profesora en el Liceo Juan Antonio Ríos, a la cual echaron sin explicación. Nosotros presentamos un amparo por «persecución administrativa».

Ese mismo año, la Vicaría presentó un recurso de queja contra los ministros de la Corte Marcial por el sobreseimiento definitivo de Lonquén, debido a que se había aplicado la Ley de Amnistía, lo cual contravenía los convenios de Ginebra. En ese tiempo los abogados ya hablábamos de crímenes de guerra.

Los amparos —por detención o preventivos— los dirigíamos a la justicia ordinaria, que a su vez los redirigía de in mediato a la justicia militar. El abogado Jorge Sellán —que vivía cerca de la Fiscalía Militar—, era el primer encargado de averiguar si los detenidos se encontraban allí o no. Pero no era fácil, era una suerte de peregrinaje, porque nunca nos daban información, o nos daban información chueca. Los abogados nos pasábamos horas y horas en la fiscalía esperando. Todos te decían: «Ya viene, ya viene». Pero podía no ser cierto. Sin embargo, hacíamos guardia, porque para nosotros lo más importante era que el preso nos viera y supiera que tenía un abogado, y que iba a ser atendido. Antes de llegar a la fiscalía, pasaban incomunicados en Borgoño durante quince o veinte días. Los traían vendados. Muchas veces ni siquiera sabían si estaban entrando a la fiscalía o si los estaban llevando a otro lugar incierto. Cuando llegaban, nos ponían todo tipo de dificultades, y luego venía la farsa de juicio. No obstante, presentábamos todas las acciones y hacíamos todo lo posible por hablar con el preso, simplemente para decirle: «Aquí estoy, aquí estoy». Una vez que lo interrogaba el fiscal, los mandaban a la Penitenciaría, siempre y cuando les levantaran la incomunicación. Si seguían incomunicados, los enviaban a la fiscalía de la calle Zenteno, repleta de milicos armados con metralletas que realizaban todo tipo de maniobras para no dejar ingresar a los abogados. Recuerdo que nos enfrentábamos a ellos a grito pelado.

—¡Qué se han creído! No tiene ningún derecho a hacer lo que están haciendo. En cambio, yo estoy ejerciendo mi derecho como abogada. Además, su sueldo lo pagan mis impuestos.

Nunca proferí garabato alguno. Podía hilar frases tremendamente fuertes, pero siempre era muy señora. Tenía mucha rabia, pero sabía cuáles eran mis herramientas de lucha.