La querella por prevaricación que presentó el Comité de Defensa de Caimanes el pasado 13 de febrero, contra sus exabogados Ossa y Cía., finalmente fue acogida por el Poder Judicial y traspasada a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad. El documento firmado por 12 pobladores acusa que la compañía de juristas, antiguos defensores del colectivo, actuó en contra de sus intereses al pactar el “Acuerdo Marco de Entendimiento y Cooperación Recíproca” con Minera Los Pelambres, propiedad del grupo Luksic.

La negociación se selló en abril del 2016 y, entre otros puntos, estableció que la minera pagaría $2.400 millones a Ossa y Cía. por concepto de honorarios y 700 millones por los gastos incurridos en juicio, válido por los ocho años que duró su defensa. A cambio, Los Pelambres exigió “llevar al término los juicios actualmente existentes”, lo que fue aceptado por parte de la comunidad mediante sufragio. Sin embargo, el colectivo se mostró reacio a firmar el acuerdo desde el primer momento y se apoyó en Esteban Vilchez, su nuevo representante, para emprender la querella que fue aceptada.

Junto con cuestionar este pago, uno de los principales aspectos de la acusación se centra en la empresa que desembolsó la suma. Es por esto que en la parte final del escrito presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se solicita que Jean Paul y Andrónico Luksic sean citados a declarar como testigos para esclarecer el trato acordado con Ossa y Cía., que derivó en el cese de todas las iniciativas legales emprendidas en contra de Pelambres.

LA DEFENSA DE LOS QUERELLADOS

Desde la compañía acusada, Sandra Dagnino define la iniciativa en su contra como “una creación de problema artificial”, y se defiende asegurando que todas las decisiones tomadas por la firma contó con el debido apoyo de la comunidad.

Considera, además, que los 12 querellantes están en búsqueda de una retribución económica y que los alegatos presentados responden a intereses personales, desconociendo el beneficio de la mayoría de la comunidad. Respecto al millonario pago, sostiene: “Hicimos un cobro de honorarios por 8 años de trabajo, donde pusimos todo lo que podíamos exponer a nivel personal, donde mantuvimos la causa, donde fuimos perseverantes en demandar agua y seguridad”.

Más allá de estas palabras, sus dardos apuntan al presidente del Comité, Cristián Flores, como un dirigente que volcó la defensa comunitaria hacia una personal de un momento a otro. “Este discurso es nuevo, es distinto. Hoy día está orientado a plata. Antes, cuando fue un luchador admirable, nunca habló de plata (…) Su planteamiento con el de Vilchez, es que nosotros debimos haber atendido los intereses de 12 personas”, argumentó.

Por tanto, los integrantes de la compañía afirman que se sienten confiados respecto a la nueva etapa en que ha entrado el conflicto y el futuro actuar de Fiscalía: “Este proceso va a terminar estableciendo que hay gente que ha cometido delitos, y que no es Ossa y Cía.”

El actual abogado del Comité, Esteban Vilchez, asegura que “el problema con Ossa es que de los $3.100 millones totales, 2.400 dicen que son de honorarios, que corresponderían a clientes, pero nadie sabe quiénes son ni sus contratos, por lo que se desconoce cómo llegaron a esa cifra. No tiene respaldo real, ellos dicen que tienen contratos con clientes pero nunca los han mostrado. En cuando al pago por los costes de los juicios, tampoco han demostrado cuáles son. No hay boletas ni transparencia”.

Su principal inconveniencia con el actuar de la firma, está relacionado a que -desde su punto de vista- el acuerdo pactado no favorece en ninguna medida a la comunidad de Caimanes. “Si Ossa y Cía. hubiese cobrado esa cifra, con un trato que fija 200 millones de pago a cada familia, estaría muy bien ganado. Pero lo negociado no alcanza para nada, (las personas) se gastarán los $28 millones que puso Pelambres dentro de un tiempo y ahí se darán cuenta que lo que firmaron nunca los favoreció”.

“Hoy día me querello en contra de los abogados porque son los que traicionaron a Caimanes”, finaliza.

EL ROL DE OSSA Y CÍA. EN EL CONFLICTO

La querella presentada por el Comité en contra de sus exabogados abre un nuevo capítulo dentro de la lista de polémicas que suma la compañía.

Desde su llegada en 2007 a la Cuarta Región, la misión de la firma fue guiar la batalla legal de toda la comunidad de Caimanes en contra de la poderosa empresa metalera. La defensa anotó una histórica victoria en octubre de 2014 cuando la Corte Suprema ordenó restituir el curso natural de las aguas del Estero Pupío, afectadas por el tranque de relave El Mauro emplazado por Minera Los Pelambres y considerado como “un peligro para la vida humana” por el máximo tribunal.

Si bien el magistrado del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, Jairo Martínez, resolvió demoler el muro de contención del tranque en marzo de 2015, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó la orden el 8 de agosto del mismo año, bajo el argumento de que la reposición del cauce podía llevarse a cabo sin tener que desmantelar la edificación. Lo planteado por el juez Martínez, entonces, nunca se realizó, y de ahí en más la relación entre el Comité y Ossa y Cía. se desintegró.

Ramón Ossa, Sandra Dagnino y Roberto Arroyo dejaron de representar oficialmente al Comité de Defensa de Caimanes en octubre de 2015, tras una irreparable “pérdida de confianza” por parte de sus exclientes, luego de que los abogados accedieran a negociar el referido “Acuerdo Marco” con Pelambres.

Tras la ruptura definitiva con el colectivo, Ossa y Cía. siguió representando a la población de Caimanes que no se cuadró con las demandas de la organización encabezada por Flores.

Con el apoyo del resto de la comunidad, tomaron las riendas del proceso de negociación del trato – el que contempló un presupuesto total de 24.700 millones de pesos, más un aumento de 30 millones de dólares si Minera Los Pelambres decidía construir un nuevo relave o bien, agrandar El Mauro- y llevaron a cabo una consulta ciudadana para determinar la adhesión a la propuesta.

La medición arrojó un saldo favorable para los intereses de los abogados y Minera Los Pelambres, aunque no cumplió con una premisa básica del trato: del 70% de quórum mínimo fijado, solo participó el 63,6% de la población habilitada para sufragar.

Tras la insistencia de la parte que votó a favor, que incluso envió una carta en enero de 2016 firmada por más de 400 personas para exigir el cumplimiento del acuerdo, un grupo de representantes legales de la empresa de Luksic y los “asesores legales de la comunidad” sellaron el pacto el 28 de abril del mismo año.

TESTIGOS PODEROSOS

Más allá de la responsabilidad que tuvo la firma en el cierre del acuerdo, la querella del Comité también apunta a la acción de Jean Paul y Andrónico Luksic como orquestadores del pacto. Para ganar esta pugna, aseguran, es necesario contar con sus testimonios en calidad de testigos.

Con la misma firmeza abordan la posibilidad de que la justicia así lo estime: “Yo no tengo muchas dudas de que vayan a citar a declarar a Jean Paul y Andrónico Luksic, por una razón simple: el acuerdo entre la minera y Ossa y Cía. es un muy importante para resolver un conflicto grave y que significa mucho dinero”, sostiene Vilchez.

En tanto para el presidente del Comité, Cristián Flores, la relevancia de contar con los testimonios de ambos empresarios es “muy alta, debido a que ellos como dueños de la compañía deben estar al tanto del acuerdo que contrajeron”. Además, asegura que está confiado de que Fiscalía decida citar a los hermanos Luksic: “Nadie está por sobre la justicia y ellos no tendrían motivos para negarse a entregar una información tan relevante como esta”.

Desde Minera Los Pelambres, en cambio, definen esta pugna como una ajena al actuar de la empresa y planean mantenerse al margen hasta que sea estrictamente necesario.