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Mundo

16 de Marzo de 2017

La historia de los “vagos” bielorrusos que amenazan a la última dictadura de Europa

Lo que más sorprende es que ahora no ha sido la oposición democrática la que ha convocado las protestas, sino la gente afectada por la ley contra la vagancia, es decir, los bielorrusos de a pie que trabajan menos de 183 días al año.

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Ni las sanciones occidentales ni las presiones rusas, lo que amenaza a la última dictadura de Europa son las protestas de los “vagos” bielorrusos, aquellos a los que el Estado quiere multar por trabajar menos de la mitad del año.

“Ha sido su mayor error de cálculo desde que llegó al poder en 1994. El presidente Alexandr Lukashenko ha perdido el contacto con la realidad”, dijo a Efe Yaroslav Romanchuk, economista y opositor bielorruso.

En Bielorrusia no se recuerdan protestas tan multitudinarias desde las manifestaciones contra el fraude electoral de 2010, que acabaron con la detención de más de medio millar de activistas opositores, incluidos varios candidatos a la Presidencia.

Lo que más sorprende es que ahora no ha sido la oposición democrática la que ha convocado las protestas, sino la gente afectada por la ley contra la vagancia, es decir, los bielorrusos de a pie que trabajan menos de 183 días al año.

“La mayoría de los manifestantes nunca había salido a la calle. La protesta es social, no política. Y es que el 90 por ciento de los bielorrusos creen que el impuesto es injusto y no están dispuestos a pagar”, apunta Romanchuk, quien fue candidato a la Presidencia en las elecciones de 2010.

De hecho, sólo unos 54.000 bielorrusos han pagado hasta ahora dichas multas, un 10 % del total de personas afectadas, estimado en poco más de medio millón, según la prensa.

Lo que empezó siendo a principios de año una protesta tímida por la aplicación de la ley contra “el parasitismo social” se ha convertido en un movimiento contestatario con manifestaciones en las principales ciudades del país: Minsk, Brest, Moguilev, Gomel, Grodno y Vitevsk.

Los manifestante no gritan “Abajo Lukashenko”, con honrosas excepciones, sino el ya clásico “Viva Bielorrusia”, y también “No al decreto N3” o “Trabajo, trabajo, trabajo”.

Muchos de los afectados por esa controvertida ley son personas con empleo que únicamente acuden a su puesto de trabajo una o dos veces a la semana, debido a la crisis económica, y reciben un sueldo insignificante.

Los parados bielorrusos se resisten en su mayoría a apuntarse a las listas del desempleo, ya que el subsidio es de 10 dólares y les obliga a realizar trabajos sociales gratuitos.

Ante el cariz que tomaban las protestas, Lukashenko decidió el 9 de marzo modificar la ley, impuso una moratoria de un año al pago de dicho impuesto y prometió devolver el dinero a aquellos que encuentren trabajo en 2017.

Además, insistió en que se trata de un decreto “moral”, cuyo objetivo no es recaudar dinero, sino “hacer trabajar a la gente que debe y puede hacerlo”.

“Los bielorrusos consideran que la ley es una gran injusticia, algo heredado de la URSS. Además, se sienten humillados e insultados, ya que, sin hacer nada malo, les llaman vagos y encima deben pagar un impuesto”, declaró el economista.

Bielorrusia, considerada la última economía planificada del continente, es el único país que no experimentó una privatización masiva tras la caída de la URSS, por lo que la población nunca sufrió los embates de la terapia de choque como en Rusia.

La economía se encuentra sumida desde hace años en una crisis estructural, que se ha visto agudizada ahora por la recesión, lo que ha reducido a la mitad los salarios desde 2014 y destruido 70.000 puestos de trabajo anuales.

El salario mensual es de 300 dólares como máximo y en el campo encontrar un trabajo por más de 200 dólares es “casi imposible”, según Romanchuk.

Según la ley, aquellos que trabajen menos de 183 días al año deben pagar un impuesto de 360 rublos (185 dólares) por 2015 y 420 rublos por 2016 (215 dólares).

“Bielorrusia vive una crisis de cuadros y de modelo. Pero Lukashenko nunca admite sus errores y sigue considerando que la privatización de los activos estatales es inadmisible”, apuntó el opositor.

Romanchuk, que participó en su momento en el debate de la ley, recordó que el Gobierno dijo que el objetivo de la polémica ley era financiar las infraestructuras sociales en tiempos de crisis, desde escuelas a hospitales.

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