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Poder

17 de Mayo de 2017

Justicia amplió desafuero del senador Jaime Orpis por fraude al fisco y evasión tributaria

La Corte de Apelaciones de Santiago amplió hoy el desafuero en contra del senador Jaime Orpis, acusado por los delitos de evasión tributaria y de fraude al Fisco. También, pero en votación dividida (16 votos contra 14), el tribunal amplió el desafuero por el delito de cohecho, informaron fuentes judiciales. La fiscal Ximena Chong adelantó […]

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La Corte de Apelaciones de Santiago amplió hoy el desafuero en contra del senador Jaime Orpis, acusado por los delitos de evasión tributaria y de fraude al Fisco.

También, pero en votación dividida (16 votos contra 14), el tribunal amplió el desafuero por el delito de cohecho, informaron fuentes judiciales.

La fiscal Ximena Chong adelantó que una vez que el senador Orpis sea notificado del fallo, va a pedir nuevamente la formalización del parlamentario y su prisión preventiva.

Hace un año, el legislador fue procesado por delitos tributarios, cohecho -por recibir dineros de la empresa Corpesca- y fraude al Fisco por dineros ‘triangulados’ con asesores a partir de las asignaciones parlamentarias.

De hecho, el 16 de junio del 2016, Jaime Orpis se convirtió en el primer político chileno encarcelado por corrupción desde el retorno de la democracia y que desde el 6 de junio de ese año estaba bajo arresto domiciliario.

La Fiscalía considera que el parlamentario “es un peligro para la seguridad de la sociedad” y lo acusa de incumplir los deberes propios de su cargo a cambio de beneficiar a una empresa de la que supuestamente recibió más de 4 millones de pesos mensuales entre 2009 y 2011.

Según el Ministerio Público, Orpis entregó 77 boletas ideológicamente falsas (recibos por servicios no prestados realmente) a Corpesca, empresa controlada en un 77 % por el grupo Angelini, uno de los más importantes del país. De esta forma, presuntamente se facilitó a la pesquera rebajar impuestos de manera ilícita.

La Fiscalía también atribuye al senador fraude al fisco por 153 millones de pesos procedentes de asignaciones parlamentarias que fueron transferidas a su cuenta personal y para las que simuló contratos. El acusado ya ha restituido esta suma de dinero al Congreso.

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