La preocupación oficialista por la posibilidad de desafuero de Camila Flores y Miguel Calisto y la opción de perder mayoría en el Senado

Poco antes de que dieran las 11:30 horas del pasado 6 de mayo, efectivos de la Policía de Investigaciones ingresaron al Congreso Nacional para allanar la oficina de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores. La diligencia se realizó luego de que se revelara una denuncia anónima en su contra por eventual fraude al fisco. Y la imagen no hizo más que elevar la inquietud que se incubaba en sectores del oficialismo, tanto por las implicancias jurídicas del caso como por el golpe mediático que este provocó.

Sin embargo, no faltaron quienes vieron en esa escena una advertencia incómoda: que, en caso de avanzar la investigación, Flores podría ser desaforada y, con ello, el Ejecutivo perdería un voto clave en el Senado. Todo esto, en medio de los cálculos que hace La Moneda para ampliar la mayoría con la que hoy cuenta en el contexto de la megarreforma.

A eso se suma otra preocupación latente en el oficialismo: la situación del senador Miguel Ángel Calisto. El parlamentario también enfrenta un proceso judicial, está formalizado y un eventual desafuero suyo podría complicar aún más el diseño del Gobierno en el Senado.

Los cálculos de Palacio, hasta ahora, parecen favorables. Tras un acuerdo con el Partido de la Gente, el Ejecutivo logró conseguir una mayoría circunstancial que, en caso de que todo resulte según lo planeado, le permitirá avanzar con amplia mayoría en el trámite de la megarreforma este miércoles en la Cámara de Diputados.

En el Senado, sin embargo, la mayoría con la que cuenta el Ejecutivo es más estrecha. De un total de 50 senadores, el Gobierno cuenta con los 10 votos del comité parlamentario de Renovación Nacional, los cinco de la UDI, cinco republicanos, dos de Evópoli, un voto libertario, los dos de Demócratas —partido que se disolvió— y los dos independientes. En total: 27 votos. Mayoría simple.

En caso de que se concretaran los desafueros de Flores y Calisto, el oficialismo tendría dos votos menos. Quedaría con 25 y perdería la mayoría.

La alerta en Renovación Nacional

Los focos se posaron sobre la senadora Flores luego de que Canal 13 revelara un supuesto mecanismo mediante el cual la parlamentaria le exigía a sus colaboradores y asesores que le devolvieran parte importante de sus remuneraciones mensuales en efectivo.

Según las acusaciones que consignó el medio, estiman que los fondos públicos recaudados —y por los cuales es investigada por eventual fraude al fisco— podrían alcanzar los 300 millones de pesos.

En el oficialismo, la noticia no fue inocua y hoy hay dirigentes que creen probable un eventual desafuero. Sin embargo, también reconocen que su destino aún es incierto, ya que tras el allanamiento de su oficina en el Congreso y de su domicilio, la indagación todavía no arrojaría pruebas suficientes para configurar un delito.

Además, recuerdan que investigaciones similares contra parlamentarios suelen extenderse durante largos periodos, por lo que no existiría una preocupación inmediata respecto de la megarreforma.

En RN, su partido, señalan que han sido cautos y recuerdan que la senadora y presidenta de la colectividad, Andrea Balladares, decidió enviar rápidamente los antecedentes del caso al tribunal supremo de la tienda.

“Todos los casos de posible corrupción, de acusaciones de malversación de fondos, todo lo que tiene que ver con recursos públicos debe tomarse con la mayor seriedad y por eso quisimos poner los antecedentes a disposición del tribunal supremo”, dijo Balladares en Tele13 Radio el pasado 10 de mayo.

Sobre eso, en la colectividad señalan que el Tribunal Supremo aún evalúa posibles sanciones en contra de la senadora. Sin embargo, hay quienes dicen que una eventual suspensión de militancia solo se concretaría en caso de que Flores sea desaforada, pues la idea instalada en la tienda es no adelantarse al proceso judicial.

Ahora bien, según comentan fuentes cercanas a la parlamentaria, ella les ha transmitido tranquilidad a sus pares y también su convicción de inocencia.

La senadora, de hecho, luego de que la PDI allanara sus oficinas, emitió un comunicado en el que aseguró que “desde el primer momento hemos colaborado plenamente con la investigación, entregando voluntariamente todos los antecedentes que nos han sido requeridos, incluyendo nuestras cartolas bancarias, en el contexto de una denuncia ‘anónima’ que actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público”.

Sobre eso, sostuvo que “entendemos que las diligencias desarrolladas durante esta jornada forman parte de los procedimientos habituales dentro de una investigación en curso y que corresponde ahora a la Fiscalía llevar adelante un proceso independiente, objetivo y riguroso para esclarecer adecuadamente los hechos”.

Además, reiteró su tranquilidad “respecto de nuestra actuación y confiamos en que la investigación demostrará que no hemos cometido ningún acto irregular”.

Resulta llamativo que, tratándose de una publicación centrada en mi candidatura y en antecedentes administrativos que me involucran directamente, nadie del medio haya considerado siquiera solicitar nuestra versión antes de publicar.

Más aún cuando el propio Servel ya reconoció… pic.twitter.com/aQSEVAoFw2

— Camila Flores Oporto 🇨🇱 (@Cami_FloresO) May 14, 2026

Calisto reformalizado

Con todo, hay miembros del oficialismo que muestran mayor preocupación por la situación de Miguel Ángel Calisto. La investigación se remonta a supuestos hechos ocurridos entre 2018 y 2022, cuando el actual senador era diputado y, según la Fiscalía, se habría concertado con Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo para obtener recursos de manera fraudulenta desde el Fisco, a través de un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso Nacional, originando un perjuicio superior a los $105 millones, según los peritajes.

Según la tesis del Ministerio Público, Calisto se habría aliado con ambos para obtener recursos de manera fraudulenta mediante contratos de asesoría parlamentaria que no habrían sido efectivamente ejecutados. Los dineros percibidos por Graf, sostiene la Fiscalía, habrían beneficiado a Calisto, Cárcamo e incluso a terceras personas.

El exdiputado había sido desaforado el año pasado. Sin embargo, recuperó el fuero una vez que asumió como senador electo por la región de Aysén el pasado 11 de marzo. Con todo, la justicia lo reformalizó por estos delitos en mayo, algo que encendió alertas en las filas oficialistas.

Lo que llamó la atención, de hecho, fue que Calisto no alegó fuero parlamentario, puesto que, según creen algunos dirigentes, aquello podría acelerar un eventual desafuero.

Consultado por The Clinic, Calisto explicó que “con mi defensa decidimos no apelar al fuero y aceptamos las cautelares porque no queremos impedir la investigación. Me investigan por hechos ocurridos como diputado. Además, en estos seis años nunca hemos cuestionado las diligencias de la Fiscalía; más bien, hemos colaborado desde el primer momento y lo seguiremos haciendo. Pueden extender la investigación y eso no altera mi ejercicio senatorial”.

De hecho, indicó que “como parlamentarios tenemos restricciones inherentes a nuestro cargo para salir del país y la Constitución dice expresamente que si un parlamentario se ausenta por más de 30 días pierde el cargo. Por ello, el arraigo nacional no constituye una medida que innove significativamente esa situación propia de un parlamentario y, más importante aún, no afecta el desempeño de mis funciones”.

Por parte, el abogado del senador, César Ramos, dijo a The Clinic que “las medidas cautelares adoptadas por el Juzgado de Garantía de Coyhaique corresponden a medidas cautelares de muy baja intensidad. Basta compararlas con otras decisiones sobre restricciones de libertad que se han adoptado recientemente respecto de otros parlamentarios”.

Sobre eso, Ramos insistió en que “desde ese punto de vista, y considerando siempre la actitud que ha tenido esta defensa y nuestro representado, el senador Calisto, de colaborar al esclarecimiento de los hechos que se investigan, hemos manifestado nuestra conformidad”.

En esa línea, cercanos al senador recuerdan que tras la reformalización ocurrida en mayo, el mismo fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, sostuvo que la solicitud de desafuero no estaba del todo definida y que, por ahora, “no sería necesaria”, pero también indicó que en caso de ser necesaria, “para nosotros no sería un problema (…) toda vez que es una investigación sólida”.