El día miércoles el Consejo de Monumentos Nacionales, en una votación dividida, catalogó a dos de los cuatro de los edificios que quedan en pie de la Villa San Luis como Monumento Histórico Nacional. Pocas horas después, la empresa inmobiliaria Presidente Riesco S.A., comandada por Felipe Gilabert, emitió una declaración pública argumentando que la declaratoria estaba viciada y que tomarían acciones legales para detener este nombramiento.

¿Qué es lo que llevó al Consejo a pronunciar este sitio como Monumento Histórico? ¿Y qué es lo que sucederá con él si las empresas inmobiliarias intentan revertir la decisión del Consejo?

Las razones para nombrar la Villa como Monumento

El Consejo de Monumentos Nacionales está compuesto por las más altas autoridades en materias arquitectónicas, patrimoniales, culturales e históricas del Estado. Por ello, al ingresar en enero de este año la solicitud de declarar el Lote 18 A1 de la Villa San Luis en la categoría de Monumento Histórico adjuntamos argumentación histórica que respalda la idea de conservar este lugar como un espacio de memoria, de valor simbólico y de valor socio cultural para nuestro país.

Resumidamente el valor de este lugar se reduce a dos puntos: 1) la conservación de un lugar de memoria donde ocurrió una violación de los derechos humanos (la expulsión de 1032 familias dueñas de los departamentos a sectores marginales de Santiago); 2) la conservación simbólica de un lugar que recuerda el valor urbano de la inclusión habitacional en un país donde el lugar de nacimiento determina prácticamente toda tu vida. Y quizás un tercer factor, subterráneo a los dos puntos anteriores, es la importancia de preservar un espacio que en sí mismo muestra por qué es importante no olvidar la historia de los lugares que habitamos y reducir todo al valor de la rentabilidad comercial.

La sociedad suele avanzar a paso firme, pisando fuerte y rauda el pasado para reemplazarlo con la moda o con la modernidad. Sin embargo, en un país donde el valor del dinero ha capturado el quehacer diario, el Consejo de Monumentos decidió con votación mayoritaria conservar para la memoria de las generaciones futuras un lugar que simboliza valores más importantes que los que la inmobiliaria ahí quiere construir.

La Declaración Pública de la inmobiliaria

Poco después de la declaración del Consejo, la inmobiliaria amenazó con llevar a cabo acciones legales en contra del Estado. En su opinión, el Consejo habría realizado un procedimiento irregular (al no consultarles su opinión) y al expropiarse gratuitamente un terreno que ellos mismos habían comprado legítimamente al Fisco.

Sobre esto, cabe ser precisos en que el Consejo de Monumentos les solicitó la opinión a las inmobiliarias (Oficio ordinario Nº2450 del 29.05.2017), solicitud que no fue respondida por la inmobiliaria. Y, a más abundancia, cabe ser precisos en que estos terrenos no fueron adquiridos de manera legítima por la inmobiliaria, ya que el fisco al venderlos el año 2011 cometió una irregularidad al violar el Decreto 38 del Ministerio de Bienes Nacionales de 1991, en donde se declara que estos edificios y terrenos sólo pueden ser ocupados para los fines habitacionales con los que fueron creados y que cualquier destinación o uso diferente a esto pondría fin inmediato a la destinación de estos terrenos al Ejército.

Pero lo que realmente asombra es que detrás de este reclamo se haya puesto sobre la mesa la incertidumbre jurídica que genera para las grandes inmobiliarias el que el Estado pueda declarar como valioso un lugar o espacio de nuestra historia. ¿No es acaso el valor social más importante que el valor privado? ¿No existe en la historia cosas que deban preservarse para que no vuelvan a suceder?

El camino de la villa hacia adelante

Pareciera ser que la opinión del Consejo de Monumentos aún tiene un camino por delante antes de que se pueda transformar el Lote 18A1 de la Villa en un espacio de memoria. Hoy es la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien tiene en sus manos la premura de firmar el acta del Consejo de Monumentos antes de que las inmobiliarias terminen de demoler el lugar. Luego de su firma (que no debería tardar más de 2 días hábiles), esto debe pasar por contraloría para luego ser publicado en el Diario Oficial.

Como es ya de conocimiento público, incluso habiendo sido esto publicado en el Diario Oficial, las inmobiliarias podrían demandar al Estado y continuar esto en un juicio que podrían mantener en vilo la decisión por unos cuantos meses más. Lo que pareciera forjar un escenario donde la organización de la sociedad civil es sumamente importante. Si pudimos detener una demolición ilegal de la empresa por medio de la presión mediática, si pudimos empujar una declaratoria de Monumento Nacional con el trabajo serio de organizaciones sociales, es fundamental que mantengamos este mismo espíritu para poder lograr construir en la Villa San Luis un espacio de memoria para las generaciones que vengan por delante.

*Carlos Figueroa es vocero comité de defensa Villa San Luis y candidato a diputado distrito nº11.