Rolando Candanedo: El abogado favorito de la élite para hacer negocios en Panamá por medio de sociedades off shore

El 16 de diciembre de 2004, el abogado panameño Rolando Candanedo Navarro constituyó una sociedad llamada Parque Chiloé Overseas INC. Lo hizo a pedido del empresario norteamericano Jeremiah Henderson, quien puso allí las 118 mil hectáreas de las cuales era dueño al sur de la Isla de Chiloé, avaluadas en US$ 3 millones. El mismo territorio que cuatro días después vendería a Sebastián Piñera, y que luego éste llamaría Parque Tantauco, tal como hace algunas semanas publicó este pasquín en un artículo titulado “Cómo Piñera se compró 118 mil hectáreas de Chiloé a través de una sociedad offshore”. La operación realizada en Panamá, le ahorró a Henderson el impuesto a la renta que debía cancelar en Chile.

En sus 43 años de carrera, Parque Chiloé Overseas no es el único encargo que Candanedo ha tenido desde nuestro país. El abogado es una máquina de crear sociedades en Panamá. Según documentos a los que accedió The Clinic, en su registro histórico figuran 1.742 constituciones, desde 1982 hasta comienzos de este año, donde él actúa como agente residente o director.

No está claro cuántas de aquellas compañías pertenecen a chilenos, pero sí que Candanedo es el abogado más solicitado por la elite empresarial nacional en ese país: “Es el número uno. Cada vez que un abogado necesita hacer una sociedad en Panamá lo llaman a él”, dice un reconocido colega suyo, que lo conoce de la década del 80, cuando Candanedo hacía sus primeros negocios en Chile. El jurista asegura que la confidencialidad con la que trabaja el estudio es la piedra angular de su éxito entre la elite empresarial chilena. “He hecho sociedades con él porque se maneja bien. Tanto, que se salvó jabonado de aparecer en la lista de los Panamá Papers”, explica.

La lista a la que hace referencia el abogado, es la que se publicó en abril de 2016, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer una investigación documentada por 11 millones de registros filtrados desde el estudio Mossack Fonseca, que vinculaban a miles de empresarios, jefes de Estado, y personas ligadas al delito, con la creación de sociedades offshore en Panamá. En aquellos documentos aparecían más de 200 sociedades relacionadas a empresarios nacionales, entre ellos Agustín Edwards, el expresidente de la CPC Alfredo Ovalle, y Hernán Büchi.

Los nombres que figuran en la lista de Candanedo iluminan aún más ese oscuro paraíso tributario que hasta hace poco tiempo era Panamá. Esta investigación no los acusa de evasión tributaria, ni de ningún otro tipo de delitos. Sólo intenta explicar el origen de aquellas sociedades.

VENDIENDO ZOMBIS

Rolando Candanedo tiene una amplia red de contactos con abogados chilenos. Muchos de ellos surgieron cuando se vino desde Panamá a estudiar derecho en la Universidad de Chile, carrera a la que entró en 1969 y de la cual egresó con distinción en 1973. Al año siguiente, regresó a su país para fundar el Bufete Candanedo, estudio jurídico a través del cual comenzó a relacionarse con sus colegas chilenos. Por entonces, su principal servicio consistía en hacer sociedades offshore, donde actuaba como agente residente, resguardando así la identidad de los inversores y el origen del dinero.

Uno de los primeros abogados que conoció en Chile fue al fallecido Juan Agustín Figueroa y a su socio Alberto Coddou Claramunt, quienes le presentaron a Javier Vial Castillo, que a comienzos de los 80 controlaba el Grupo BHC, un conglomerado de aproximadamente 150 empresas que lo habían convertido en el segundo hombre más rico de Chile. Según otro abogado tributarista consultado por The Clinic, Candanedo habría sido un útil asesor cuando en 1982 se produjo la gran quiebra de los bancos, sector que era dominado por Vial y que acabaría con su holding: “ocurrió que muchos controladores de los bancos prestaron dólares a sus empresas relacionadas y la plata la sacaron del país. Acá quedaron las sociedades con sus deudas en pesos, lo que posteriormente se transformó en la pérdida tributaria que los grandes grupos compraban”.

Los documentos consultados por The Clinic, que incluyen cientos de sociedades creadas en esa década por Candanedo, no demuestran fehacientemente que el abogado panameño haya constituido compañías offshore para que Javier Vial sacara el dinero del país, pero sí que a partir de 1999, ambos tuvieron relación en otro gran negocio que surgió a partir de aquellas empresas quebradas: la venta de sociedades zombis.

Por aquella época, las empresas de Vial fueron revividas por un equipo de abogados y contadores que actualizaron los estados financieros. La gran mayoría de ellas habían quedado con enormes deudas que luego fueron actualizadas y puestas a disposición de las grandes fortunas del país, para que éstas descontaran las utilidades que habían obtenido en sus pujantes negocios. Es decir, se compraban zombis para fusionarlas con las compañías donde tenían utilidades, y así las pérdidas descontaban las ganancias. Luego de la resta, no había impuestos que pagar.

El artilugio sirvió para que familias como los Luksic, los Said, los Falabella, o los Calderón, estos últimos accionistas de las multitiendas Ripley y Johnson’s, vieran en las sociedades de Vial un enorme potencial para seguir expandiendo sus fortunas, tal como lo relató este pasquín en el 2012, en la serie de reportajes “El ardid con que algunas empresas quisieron ahorrar $24.521.682.331 en impuestos”.

Allí se relataba que en el 2004, el SII realizó una acuciosa investigación sobre estas operaciones, que quedó registrada en un informe elaborado por el departamento de delitos tributarios. Tras interrogar a los abogados que participaron en ellas y los contadores que revivieron las sociedades, llegaron a la conclusión de que Candanedo había sido socio de Vial en el negocio. Era la primera vez que el SII tenía noticias del abogado y quien lo había puesto en el radar de las autoridades, había sido precisamente uno de sus más antiguos colegas: “El contacto de él en Chile soy yo… es un empresario y abogado al que conozco por más de 40 años”, dijo Alberto Coddou cuando los fiscalizadores le preguntaron por él.

Según la versión de Coddou, consignada en el informe, él mismo le había vendido una empresa llamada Longitudinal S.A., que había creado en 1992, a través de la cual el panameño había adquirido el 30% de al menos cinco compañías de Javier Vial, que habían quebrado en 1982. Luego, aquel porcentaje fue vendido a grandes empresarios, para que estos rebajaran las utilidades a través de la pérdida que las sociedades tenían. Candanedo controlaba Longitudinal a través de dos sociedades que el abogado había creado en Panamá en la década del 80: Omega Sales Corporation, constituida el 29 de octubre de 1981, y Solid Gold Trading Corporation, del 21 de abril de 1982.

A cargo de estas operaciones estaba el excoronel de carabineros Sergio Ravanal Seguel, retirado en 1983, a quien Candanedo había nombrado como su representante en Chile. Cuando a Ravanal lo interrogaron por la venta de sociedades zombis aportó nuevos antecedentes sobre su jefe: “Al señor Rolando lo conocí en los 70, mientras él estudiaba derecho y yo me desempeñaba como policía. Él era novio y posteriormente se casó con la hija de un jefe superior, razón por la cual nos encontrábamos frecuentemente en reuniones sociales y en los clubes de la institución”, dijo en el año 2004.

Ravanal se refería a Verónica Deneken Forno, con quien Candanedo se había casado en noviembre de 1971, mientras estudiaba en Chile. Con ella vive hace 43 años en Panamá, y todos los hijos del matrimonio pasaron por universidades chilenas. Uno de ellos Rolando Candanedo Deneken, quien también es abogado como su padre.

Durante la investigación del SII, los fiscalizadores nunca lograron que Candanedo declarara. Los casos finalmente se resolvieron cuando los grandes empresarios que habían comprado sociedades zombis se acercaron a pagar los impuestos que debían. No está claro cuánto dinero de aquellas ventas fue a parar a Longitudinal, ni cuánto recibió el abogado panameño por su participación.

Parte de la escritura de Costa Verde International S.A.

LOS CLIENTES

En los años siguientes, el Bufete Candanedo continuó en el negocio de las offshore, además de abrir otras líneas de negocios, como el derecho de propiedad intelectual. Otro abogado que ha recurrido a sus servicios en varias ocasiones cuenta que Candanedo, al igual que varios estudios en Panamá, tienen sociedades hechas en stock y que son esos papeles los que luego se venden. El valor, dice, varía entre los US$ 3 mil y US$ 10 mil, que incluye los trámites notariales, escrituras y poderes. “Venden sociedades inmobiliarias, financieras, y comerciales. Mientras más antigüedad tenga, más caro cuestan. La demora es mínima. En una semana tú puedes adquirir una sociedad offshore. Ahora, si quieres un ‘terno a la medida’, se demoran alrededor de dos semanas”, explica.

En este último caso, el abogado se refiere a sociedades que son creadas específicamente para negocios puntuales, como el realizado por Piñera en la compra del Parque Tantauco, donde se constituyó una compañía con un nombre a pedido del cliente (Jeremiah Henderson) y que específicamente sirvió para la transacción de las tierras.

En los más de 40 años que lleva operando, cientos de chilenos han quedado registrados en sus archivos. Aunque un 90% de las sociedades están a nombre de Candanedo y los abogados que trabajan con él, protegiendo así la identidad de quienes están detrás de los negocios, The Clinic pudo identificar varias compañías vinculadas a medianos emprendedores nacionales y también grandes empresarios.

Uno de ellos es el empresario Santiago Cummins Marín, quien constituyó cinco sociedades con el bufete. La primera fue Inversiones Altas Cumbres, el mismo nombre del grupo que Cummins lidera en Chile, y que según notas de prensa tiene negocios vinculados al rubro financiero e inmobiliario. La sociedad fue constituida en Panamá el 15 de diciembre de 1992, con un capital inicial de US$ 75 millones. Luego vino Inmobiliaria del Alto Lima con US$ 5 millones en 1995, Cabottya Developments INC también con US$ 5 millones el 2003, Desiré Holding S.A. con US$ 990 mil en el 2008, y Finanzas Monte Alto S.A., con US$ 49 millones de capital inicial. En todas ellas, el patriarca del clan aparece como presidente del directorio, mientras que sus hijos Santiago, Matías y Ana María Cummins Bañados, la exmodelo y empresaria, figuran como directores. Consultados sobre el origen de aquellas sociedades, Santiago Cummins sólo se limitó a señalar que las compañias estaban legalmente en orden.

Otros que aparecen en la lista de Candanedo son los empresarios Jorge Errázuriz, Alejandro Montero y Juan Andrés Camus, este último actualmente presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago. Errázuriz, Montero y Camus fueron socios en el banco de inversión Celfín Capital durante 24 años, hasta que el 8 de febrero de 2012, el banco brasileño BTG Pactual lo compró aproximadamente en US$ 500 millones. Los tres aparecen en sociedades creadas en Panamá que tienen vinculación a negocios realizados por esas compañías: Montero y Camus en cuatro, y Errázuriz sólo en una de ellas.

Las primeras dos sociedades fueron creadas en abril de 2004, con un monto total de US$ 870 mil entre ambas. Una cifra baja para lo que vendría el 9 de noviembre de 2010, cuando Candanedo constituyó la sociedad BTG Pactual Chile Equity IV INC con un capital inicial de US$ 50 millones. Luego, el 6 de febrero de 2012, el abogado creó Celfín Private Equity K INC con un patrimonio de US$ 100 millones.

Según cuenta Jorge Errázuriz, esta última compañía fue creada con dineros provenientes de Southern Cross, fondo de inversión privada liderado por Norberto Morita y Raúl Sotomayor, quienes eran clientes de Celfín. En la operación, al banco sólo le habría correspondido constituir la sociedad como agente fiduciario y a ellos asistir como representantes legales. “Originalmente eran sociedades que complementaban operaciones de banca de inversiones de Celfín. Nunca hicimos negocios de los socios a través de esas sociedades”, aseguró Errázuriz a The Clinic. El empresario dijo no recordar haber participado en la formación de las compañías, por estar a cargo de otras áreas: “Panamá debe haber sido recomendado por nuestros abogados… los fondos de Southern Cross no sólo invierten en Chile y para invertir en varios países es más eficiente a través de un fondo offshore”, agregó. Ambas sociedades fueron cerradas el 2016.

En la lista de Candanedo también aparece la familia Cueto, controladores de Latam y exsocios de Sebastián Piñera. Según los documentos, el bufete realizó tres sociedades para ellos: Orna Inversiones Financieras S.A. (2006), Inversiones Taormina S.A. (2007), y Costa Verde International S.A., constituida el 16 de mayo de 2006 en Islas Vírgenes Británicas, y reinscrita en Panamá el 5 de agosto de 2015 con un capital de US$ 4 millones. Esta última es la más importante de todas. Allí, los hermanos Juan, Ignacio y Enrique Cueto Plaza ocupan los cargos de presidente, director y tesorero respectivamente. “Orna y Taormina están cerradas. Costa Verde International es la filial nuestra de la matriz, la compañía madre de mi familia”, explica Ignacio Cueto, gerente general de Lan.

En Chile, Costa Verde tiene inversiones en distintos rubros, como el aeronáutico e inmobiliario. Cueto niega conocer a Candanedo, y asegura que esa operación fue recomendada por sus abogados. “Para nosotros es muy importante tener estas compañías offshore por temas administrativos. Es lo mismo que pasa con Codelco. Por todas las inversiones que se hacen afuera, no tiene sentido no tener una offshore”, agrega. El controlador de Latam asegura que en ningún caso Costa Verde se hizo para eludir impuestos. “Eso ya no existe. Que esté en cualquier parte del mundo no es tema, porque está reconocida acá y paga sus impuestos. No por lo remesado, sino por las utilidades obtenidas al final del ejercicio. El beneficio tributario que podría haber tenido alguna sociedad en Panamá ya no existe”, añade.

Cueto tiene razón en eso. Se refiere a la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014 en el marco de la Reforma Tributaria, que en su artículo transitorio número 24, establece un plazo de un año (durante todo el 2015) para que aquellos empresarios con dineros radicados en el extranjero puedan ser declarados en Chile. Para eso, la norma autorizó al SII a cobrar un impuesto único y especial del 8% para la repatriación del capital. Situación que generó una polémica que el entonces ministro de Hacienda Alberto Arenas tuvo que aclarar: “Esto no es un perdonazo, ni un blanqueo”, dijo a fines de 2014 en Radio Biobio.

El “régimen especial de declaración”, como lo llamó Hacienda, permitía a los empresarios traer ese dinero a Chile o mantenerlo en las sociedades extranjeras. Luego de eso, todas las rentas obtenidas por el capital tributarían por el impuesto completo. Para acceder al beneficio, se debían cumplir una serie de requisitos, como levantar el secreto bancario, explicar cómo salieron esos dineros de Chile, y comprobar el origen lícito del capital. La norma permitió que cientos de sociedades constituidas en el extranjero quedaran registradas en el SII, sobre las que antes no tenía ningún control.

Según información publicada por Ciper en el reportaje “The Panama Papers: Los secretos de chilenos en paraísos fiscales salen a la luz”, durante el 2015, 408 contribuyentes declararon US$ 11.204 millones en inversiones en 20 territorios, siendo Panamá el paraíso tributario preferido con 108 contribuyentes, que tenían US$ 3.832 millones en ese país. Le seguían Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.

La norma, según un abogado tributarista, puso fin a los beneficios que otorgaban los paraísos fiscales, por lo que este tipo de sociedades serían menos frecuentes. Si antes, esta ventana estaba abierta al 100% -dice-, hoy está un 75% cerrada: “es riesgoso no declarar. Con los tratados de doble tributación y de intercambio de información es difícil ocultar el dinero. Tarde o temprano te cae la teja. Los que se arriesgan son gente vinculada al delito, y si un empresario lo hace, queda en esa misma lista”, concluye.

Hasta el cierre de esta edición intentamos comunicarnos con Rolando Candanedo, pero el abogado declinó hacer declaraciones: “Jamás comentamos nada sobre nuestros clientes. Trabajamos con ética profesional y conforme a las buenas prácticas del ejercicio de la profesión”, señaló en un escueto correo, haciendo alarde de aquello que en Chile lo ha vuelto muy cotizado: la confidencialidad.