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“Dignidad para Tiltil” dice un lienzo que portan habitantes de la zona que protestan por la reciente aprobación del relleno de residuos industriales de la empresa Ciclo. Este caso no es una excepción en Chile, es una muestra más de cómo han aumentado los conflictos socioambientales en el país como consecuencia de un modelo extractivista, donde las ganancias de quienes invierten en proyectos industriales, muchas veces contaminantes, van a parar a otro lado, mientras la degradación ambiental es el legado de un crecimiento económico desigual que amenaza el futuro de los territorios.

De acuerdo con el registro del Instituto Nacional de Derechos Humanos en su mapa de conflictos socioambientales, más de 100 serían los casos en los que ciudadanía, Estado y empresas privadas se enfrentan por actividades económicas que generan o pueden generar impactos ambientales de distinta magnitud. Lo cierto es que el actual modelo de crecimiento pone en jaque el derecho humano a vivir en un ambiente libre de contaminación y somete a sus comunidades a condiciones de empobrecimiento, contaminación ambiental, riesgos a la salud, agotamiento de los recursos naturales e intervención del entorno a tal punto de acabar, por ejemplo, con zonas agrícolas antes fértiles.

Lo anterior se agudizará con el cambio climático, que desde hace más de 10 años se sabe que afectará las actividades económicas del país. Las precipitaciones ya están disminuyendo y los eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones y nevazones están aumentando. ¿Qué respuestas se proponen? En el contexto de la elección presidencial a fines de este 2017, será clave mirar quienes tienen propuestas profundas y de largo plazo
para transformar un modelo económico insustentable y desigual.

A pesar de los desafíos ambientales a los que se verá enfrentado Chile en los próximos 100 años, desde la candidatura presidencial del Frente Amplio vemos el cambio climático como una oportunidad única para reconvertir la matriz productiva de Chile hacia actividades económicas efectivamente sustentables, fortalecer la institucionalidad ambiental y recuperar la soberanía sobre la forma y ritmo del desarrollo de los territorios del país.

¿Cómo hacerlo? Fortaleciendo la institucionalidad ambiental, aumentando las facultades de fiscalización de las actividades económicas y generando políticas que den cuentan de problemáticas que afectan el bienestar de miles de chilenos.

En este contexto es indispensable el rol del Estado en materia de investigación de calidad, insumo primordial para una adecuada fiscalización y evaluación ambiental de los proyectos. A la vez, la investigación y monitoreo estatal puede ser una herramienta que disminuya las asimetrías de información y permita a las comunidades a lo largo del país tener acceso a datos confiables, sin quedar a la arbitrariedad de los informes privados sobre los cuales se hacen las evaluaciones. La planificación territorial de carácter vinculante es gravitante para disminuir las desigualdades territoriales dado que permitiría a las comunidades el derecho a decidir qué proyectos son los que pueden beneficiarlos y cuáles afectar su calidad de vida.

Desde el Frente Amplio buscamos empujar un modelo democrático territorialmente y sustentable ambientalmente. Un nuevo modelo de desarrollo donde la supervivencia de las comunidades no sea sinónimo de carencias y de sacrificio ambiental, por el contrario, donde las generaciones del presente proyecten un futuro.

*Daniela Manuschevich y Marcela Sandoval pertencen al área de Medio Ambiente-DDHH del comando de Beatriz Sánchez.