La vocera Paula Narváez entregó la versión oficial del gobierno respecto del eventual cierre del penal Punta Peuco, supuestamente programado para septiembre. La titular de la Segegob evita dar un fecha, pero reafirma que se trata de un compromiso adoptado y que se debe cumplir.

En ese sentido, la secretaria de Estado enfatizó en que “tal como lo señaló la presenta, (el cierre del penal) se realizará en el momento oportuno y cuando el Gobierno tenga que anunciarlo, lo hará”.

Añadió que el Ejecutivo “trabaja seriamente en ello”.

Tras estos dichos, los diputados UDI Gustavo Hasbún y Osvaldo Urrutia salieron furiosos a calificar el hecho como un claro “ánimo de venganza”.

Hasbún precisó ante la prensa que “nos parece gravísimo sobre todo porque existe un ánimo de venganza de parte de la Presidenta de la República y sobre todo porque la Presidenta tiene que representar a todos los chilenos y no a un sector político”.

Por su lado, el parlamentario recalcó que “esta es decisión con una carga ideológica tremenda que lo único que hace es abrir las heridas del pasado y demuestra una inhumanidad tremenda, porque ese ánimo de venganza sobre todo con gente que en su gran mayoría son adultos mayores que están prácticamente en la etapa final de su vida, que sean tratados de esa manera me parece que es una violación sistemática a los derechos humanos que tanto ellos han protegido por tanto tiempo”.

“Estamos hablando de personas que están en situación de enfermedad, en muchos casos que están en situaciones terminales, que obviamente necesitan un tratamiento distinto, y si eso no los deja ver y siguen pensando con un ánimo de venganza, eso le hace un daño tremendo a Chile”, criticó Hasbún.

En tanto, Urrutia acusó derechamente que esto “es venganza porque estas personas han sido condenadas a privación de su libertad, algunos injustamente, algunos que eran personas muy jóvenes (…) hay personas que sí son inocentes”.

A renglón seguido aseveró que “en el gobierno a comienzos de los años 90 cerca de 9 mil terroristas de izquierda fueron indultados y aquí tenemos una gran cantidad de personas que además de ser inocentes algunos, otros de avanzada edad están con enfermedades terminales y de acuerdo a la Convención Interamericana para los Adultos Mayores que fue aprobada por este Congreso, debieran estar cumpliendo la reclusión en su domicilio”.

En este punto de sus descargos, advirtió que “sobre la conciencia de la Presidenta Bachelet no sólo van a recaer las muertes que ya han ocurrido en Punta Peuco, hoy día tenemos más 15 personas que están con enfermedades terminales cumpliendo prisión, que también su integridad física cuando sean trasladados a un penal en que lo único que se persigue es humillarlos”.