Un juez condenó hoy a penas de entre cuatro y diez años de prisión a 35 agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por la desaparición de una opositora de 29 años, embarazada de cinco meses al momento de su detención, en diciembre de 1976, según informaron fuentes judiciales.

La víctima, Reinalda Pereira Plaza, era una tecnóloga médica y miembro del Partido Comunista que daba cobijo a perseguidos por la dictadura militar, según el fallo dictado por el juez especial Miguel Vásquez, de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La lista de condenados la encabezan el brigadier Pedro Espinoza Bravo, el coronel Juan Morales Salgado y el comandante de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, sentenciados a diez años de presidio por el juez.

Los tres se encuentran actualmente en prisión, cumpliendo sentencias tras ser condenados en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos, que en el caso de Espinoza suman más de 500 años.

Los demás sentenciados, agentes también de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet, y entre los cuales hay siete mujeres, fueron condenados a penas de entre cuatro y siete años, como autores o cómplices del delito.

Otros once procesados, tres de ellos mujeres, fueron absueltos por el juez al no haberse acreditado su participación en los hechos.

Reinalda Pereira Plaza, embarazada de su primer hijo, fue detenida en un paradero de la locomoción colectiva el 15 de diciembre de 1976 y conducida al cuartel “Simón Bolívar”, un centro de exterminio cuya existencia se conoció hace pocos años por la delación de un empleado de confianza del general Manuel Contreras, el jefe de la DINA, ya fallecido.

De acuerdo con el testimonio de ese delator, apodado “el Mocito”, y los testimonios de otros agentes, se pudo establecer que ningún prisionero llevado a ese lugar sobrevivió.

Entre el 13 y el 15 de diciembre del mismo año fueron detenidos media docena de altos dirigentes clandestinos del Partido Comunista y dos miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que corrieron la misma suerte de Reinalda Pereira.

Durante la dictadura fueron exterminadas dos comisiones políticas completas del Partido Comunista.

A los recursos judiciales presentados por la familia de Reinalda Pereira, el régimen respondió que la mujer registraba una “salida a pie” por el paso Los Libertadores, en la Cordillera de Los Andes, que comunica a Chile con Argentina, el 21 de diciembre de 1976, versión que fue desestimada en la investigación del caso.

La mujer y los otros dirigentes “fueron detenidos para ser interrogados y torturados en razón de su militancia política”, establece el fallo judicial.

En el aspecto civil, el juez condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 130 millones de pesos (unos 209.000 dólares) al esposo de la víctima.