Fiscal relata cómo fue la presunta manipulación de pruebas en la llamada “Operación Huracán”

“Una vez que Carabineros dice que están estas conversaciones que son de este tenor, que son las mismas que se hallaron por inteligencia, nosotros hacemos un nuevo peritaje pero esta vez interno, a través de un perito de la unidad de Delitos Económicos. Este perito concluye que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instaladas en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no corresponde ni al formato ni a la ubicación en que se almacena la mensajería en estos aparatos”, dice el persecutor.

En la víspera, la Fiscalía de la Araucanía cerró la investigación de la llamada “Operación Huracán” e inició otra por obstrucción a la justicia en contra de Carabineros, esto por la supuesta utilización de pruebas falsas en la indagatoria en que se había imputado a ocho personas, incluido el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. En diálogo con Radio Duna, el fiscal Cristián Paredes explica los hechos.

“Corresponde a una investigación desarrollada íntegra y autónomamente por Carabineros bajo el estatuto de la ley de Inteligencia, la cual les permite desarrollar una serie de actuaciones. La Fiscalía no forma parte del sistema de inteligencia Nacional, en principio no es depositaria de información de inteligencia, pero sin embargo, en casos excepcionales se autoriza la entrega de información, para ciertas investigaciones penales”, dice.

Como se recuerda, en la Operación Huracán las pruebas para detener a Llaitul y el resto de los comuneros eran conversaciones por WhatsApp en donde supuestamente ponía fecha y hora a atentados incendiarios a iglesias y maquinaria.

“Conforme a esos antecedentes, se puso la información en conocimiento del Juzgado de Garantía, se obtuvo una orden de detención, las personas fueron detenidas, se pusieron a disposición del tribunal, inicialmente quedaron afectas a prisión preventiva y luego la Corte Suprema acogió un amparo y están en libertad”, prosigue Paredes.

Con esa información sobre la mesa -agrega Paredes- el Ministerio Público comenzó su intervención. “Dentro de las diligencias que se desarrollan, está la incautación de los teléfonos celulares de los imputados y con eso se hace una serie de peritajes primero con Carabineros, con el objetivo de buscar si existían o no estas conversaciones que habían sido referidas por Carabineros en el informe de inteligencia”.

“Carabineros no sólo practica las detenciones, sino que es quien incauta los teléfonos y se entrega de inmediato la solicitud para que sean periciados por los organismos especializados de dicha institución, en este caso el laboratorio de Carabineros. En el marco de la investigación contamos con pre informes periciales y luego con informes definitivos que dan cuenta del hallazgo de conversaciones entre los imputados y que son o serían el reflejo de aquello que había sido liberado vía inteligencia en el informe 130. Tenemos un informe, donde solo hay transcripciones y, después, el trabajo pericial ya en sede de Fiscalía desarrollado por Carabineros, donde se establece que existirían estos hallazgos de estas conversaciones”, cuenta.

A partir de entonces, “una vez que Carabineros dice que están estas conversaciones que son de este tenor, que son las mismas que se hallaron por inteligencia, nosotros hacemos un nuevo peritaje pero esta vez interno, a través de un perito de la unidad de Delitos Económicos. Este perito concluye que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instaladas en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no corresponde ni al formato ni a la ubicación en que se almacena la mensajería en estos aparatos”.

“En el marco de esta nueva causa, originada por las inconsistencias en las pericias, se ordena un nuevo peritaje, esta vez a un perito particular, que ratifica las conclusiones a las que arribó el peritaje de la unidad de lavado de activos de la Fiscalía Nacional”, afirma.

 

Comentarios