Hace pocos días en el marco de la presentación del proyecto de Ley denominado “antiportonazo” el Presidente afirmó que esta iniciativa, junto con otras, “nos van a permitir definitivamente un cambio en la tendencia en materia de delincuencia y de narcotráfico en nuestro país”, lo que no sólo es un acto de malabarismo mediático sino también un ejemplo más del populismo punitivo que ha marcado las políticas de seguridad ciudadana desde inicios de los 90. Decir que el punitivismo es capital de la derecha política, es un buen eslogan, aunque no se ajuste a la realidad, y sin embargo al progresismo le ha costado proponer una agenda sólida y alternativa.

El proyecto de Ley propone modificaciones al Código penal, asignándole una pena mayor, aumentando en un grado la actual, dejándola en un rango de 5 años y un día hasta 10 años, al delito de receptación de vehículos motorizados cuando se hubieren obtenido en un delito violento, y esta circunstancia hubiere sido conocida o debiere haber sido conocida por el receptador. Y para acreditar que el autor conocía que el vehículo provenía de un “portonazo”, serán útiles testigos, denuncias previas, publicación en registros, huellas de violencia en el vehículo y otras más. Para ello, se indica en el proyecto, se creará un Registro Público de Vehículos Motorizados que hubieren sido objeto de robo o hurto, de acceso público, que constituirá un antecedente de conocimiento. Es decir, el delito de receptación tendrá una pena similar en uno de sus tramos a la del robo con violencia, lo que va en contra de la proporcionalidad que se requiere para determinar las penas de los delitos -difícil que se considere igual de grave robar un auto a punta de pistola que comprarlo después en alguna feria. Dado que el robo más común en Chile es el de celulares ¿estaríamos de acuerdo en que aquel que se encuentre usando un celular robado tenga las mismas penas que el infractor inicial? Se puede abrir un interesante debate.

Pero, sabemos ¿cuántos vehículos que fueron robados con esta modalidad fueron luego vendidos a terceros? Las declaraciones públicas están llenas de “me parece” o “conozco un caso”. Declaraciones basadas en casos puntuales o incluso intuiciones que no permiten con seriedad definir una política pública. La información no es clara, si bien algunos plantean que este tipo delictual aumentó en la zona oriente, otras fuentes establecen que La Florida sería la comuna más afectada. La presencia mediática de estos hechos, marcados por la superabundancia de grabaciones e imágenes en tiempo real aumentan la angustia política. No podemos olvidar los app para denunciar estos delitos, los famosos lectores de patente en las vías concesionadas y otras muchas innovaciones que en los últimos años se han diseñado para “enfrentar” el portonazo. No sabemos si han servido para perseguir estos delitos o incluso evitarlos; sí sabemos que han servido para contar con imágenes muchas veces truculentas.

Sin duda es grave lo que está pasando. Jóvenes que a punta de violencia, muchas veces armada, sustraen los vehículos a sus dueños para cometer luego otros delitos, para usarlos como medio de traslado o para venderlos. El avance tecnológico es clave para entender este fenómeno, ya que hoy muchos vehículos sólo encienden cuando se tiene la llave cerca, con lo que primero hay que robar la llave y luego el auto. Pero aumentar las penas no sirve, ni disuade, ni genera sensación de protección de largo aliento.

¿Puede tildarse de garantista una crítica como la que expresamos? Pareciera que lamentablemente, con el estado actual del debate mediático, buscar la alternativa más efectiva y respetuosa con el debido proceso es equivalente a ser pro-delincuente; y no es así. Pensar en el debido proceso, en la racionalidad del uso del castigo, en la necesidad de políticas basadas en evidencia, en la propuesta de iniciativas que respondan a problemas reales y especialmente en la necesidad de enfrentar los problemas estructurales de violencia que vivimos cotidianamente es una obligación. Ningún país ha resuelto la criminalidad encerrando a los infractores únicamente, y Chile no será una excepción. Ningún país ha logrado encerrar a los delincuentes con penas más altas. Ningún país ha logrado disminuir la delincuencia con mayores penas o más delitos establecidos en las leyes.

Empecemos a dejar el espectáculo de lado y a pensar seriamente en los problemas que impactan a los ciudadanos más vulnerables de nuestro país. Sin ir muy lejos, en La Florida, el 48% de los vecinos afirmaron que escuchan siempre o muy frecuentemente balaceras en sus barrios de residencia. La tarea no es sencilla, no se resuelve con agendas legislativas únicamente sino con mejora en la gestión de las políticas públicas nacionales y locales.

*Lucía Dammert, académica Universidad de Santiago de Chile.
*Paula Vial, académica Derecho UC