Columna de Ricardo Montero Allende: Seguridad, Defensa y DD.HH.

El monopolio del uso legítimo de la fuerza corresponde al Estado y quien gobierne o aspire a gobernar debe considerar cómo hacerse cargo de su ejercicio. Y el ejercicio efectivo y responsable de la legítima fuerza estatal tiene un objetivo concreto: la búsqueda de la paz y el desarrollo social, en un marco de respeto irrestricto de los Derechos Humanos. Si concordamos con este postulado ¿Por qué la izquierda chilena no asume un papel más protagónico y propositivo en las discusiones referidas a seguridad y defensa? Desde una perspectiva histórica es entendible la reticencia a involucrarse en materias de seguridad y defensa, considerando la brutal represión de la dictadura cívico-militare que gobernó el país. Sin perjuicio de aquello, es inexcusable, desde una postura de izquierda progresista no intervenir activamente en estos temas.

En los últimos años Chile realizó avances en seguridad y defensa, por ejemplo, la reforma constitucional del año 2005 que permitió finalmente a las autoridades democráticamente electas remover a los Comandantes en Jefe; la nueva ley del Ministerio de Defensa y el traspaso de las policías desde dicho ministerio al de Interior en el año 2010; los Libros Blancos de Defensa de los años 1997, 2002, 2010 y particularmente el del 2017 que de forma participativa actualizó su contenido, aproximándose a la defensa desde una visión más moderna y progresista.

Sin embargo, todavía quedan cuestiones urgentes por resolver referentes al financiamiento, la interacción civil-militar y la preparación de los civiles en estas materias. Para comenzar debemos superar la obsoleta “Ley del cobre”, garantizando los recursos para la Defensa, a través de una regularización del proceso presupuestario (sin letra chica que perpetúe las distorsiones con diferentes nombres) y así garantizar mayor probidad, transparencia y, particularmente, control en el uso de recursos fiscales. En materia de relaciones cívico-militares, la subordinación orgánica ha sido la norma durante los últimos años (post reforma 2005), pero la interacción entre ambos es todavía muy precaria, principalmente en temas doctrinarios, administrativos y financieros, tanto con las policías como las FF.AA., lo que se traduce en un control nominal y no efectivo e integral. Ejemplos evidentes de esta falta de control real son las estafas realizadas por años en Carabineros y el Ejército, conocidas popularmente como “pacogate” y “milicogate”. Respecto a Carabineros, además, se debe hacer efectivo el cambio de dependencia desde Defensa a Interior, modificando la actual cultura militarizada de la institución a un enfoque más ciudadano y propiamente policial. Por otro lado, el liderazgo político y técnico desde el ámbito civil de izquierda debe asumir también su responsabilidad. Es necesario que más civiles se involucren y preparen formalmente en temas de políticas públicas de seguridad y particularmente de defensa. La derecha por su parte suele suplir dicha carencia técnica desde el lado civil con militares en retiro.

¿Pero qué pasa si desde la izquierda se considera que estos temas son muy complejos e impopulares y preferimos no hacernos cargo? El ejercicio de la fuerza nunca desaparece, por lo que, si renunciamos a ejercerlo o controlarlo, alguien más –y a su manera— se hará cargo, sea un actor público, privado o delictual. ¿Y en qué termina si la izquierda no participa de manera efectiva en el debate defendiendo sus posturas? El resultado está a la vista: un presidente patrullando en un vehículo policial comunas vulnerables; comando selva “antiterroristas” entrenados en el exterior para intervenir en La Araucanía; una medición de la efectividad en seguridad basada en “número de detenidos por noche”; metas de migrantes que deben ser expulsados anualmente; o, más grave todavía, la dilución en la línea legal entre las funciones policiales (seguridad) y de las FF.AA. (defensa) en el norte de Chile. En materia internacional las experiencias son consistentes, el populismo de la “mano dura”, además de inefectivo, termina atentando contra los DD.HH.

Y es precisamente por ello que esta debe ser una responsabilidad fundamental de la izquierda que responsablemente aspire a gobernar. Asumir el uso legítimo de la fuerza como un elemento esencial del estado y ser protagonista en la elaboración, implementación y control de las políticas públicas de seguridad y defensa. De esta forma podremos –mediante acciones concretas y no por omisión o críticas voluntaristas— atenuar al mínimo el uso de fuerza estatal, encauzándola a su objetivo eminentemente social de desarrollo humano, asegurando el respeto y defensa de los DD.HH.