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14 de Noviembre de 2018

Histórico: Corte de Apelaciones falla a favor de abrir la caja negra de las AFP

El tribunal decidió rechazar el recurso de reclamación deducido por la Superintendencia de Pensiones contra el Consejo para la Transparencia, luego de que este último haya solicitado las “notas explicativas del 2002 al 2016 de los informes diarios” de las AFP, nada menos que el detalle de lo que las administradoras hacen con más de 200 mil millones de dólares de ahorro previsional de los chilenos.

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El pasado lunes 12 de noviembre, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso interpuesto por el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, en contra del Consejo para la Transparencia, quien solicitó las “notas explicativas del 2002 al 2016 de los informes diarios” de las AFP.

Superintendencia de Pensiones vs ciudadano Rodríguez: la batalla por abrir la caja negra de las AFP

Hace un año, el Consejo para la Transparencia le ordenó al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, que entregara al ciudadano Esteban Rodríguez las “notas explicativas del 2002 al 2016 de los informes diarios” de las AFP, nada menos que el detalle de lo que las administradoras hacen con más de 200 mil millones de dólares de ahorro previsional de los chilenos.

Esta petición, hecha en agosto de 2017, buscaba tener acceso al detalle real que las gestoras privadas están obligadas a entregar a la autoridad sobre los movimientos que realizan, dentro y fuera del país, con los más de 200 mil millones de dólares acumulados desde 1981, cuando se creó el actual sistema de pensiones de capitalización individual obligatoria.

Luego de que Macías acudiera a la justicia para denegar la entrega de los datos, el tribunal de Santiago, como consigna la resolución, dedujo que “la información que se solicita y que el Consejo aprueba, no cumple con el estándar de ser secreta”, contrariamente a lo argumentado por el superintendente, por lo que no existe impedimento para que haga entrega de ella.

Tal como relata este reportaje publicado por The Clinic, la resolución de este caso podría tener un enorme impacto en la discusión sobre el sistema de pensiones.

CIUDADANO RODRÍGUEZ

Cabe recordar que estos datos, en primer lugar, fueron solicitados por Esteban Rodríguez a través de la Ley de Transparencia, el 22 de marzo de 2017.

Luego de que la Superintendencia de Pensiones rechazara su requerimiento, Rodríguez acudió al Consejo para la Transparencia para pedir amparo, y el 18 de agosto de 2017 obtuvo un pronunciamiento a su favor de parte de la entidad que supervisa que las instituciones públicas respeten las normas de transparencia vigentes en Chile.

Sin embargo, Macías, nuevamente, no aceptó el pronunciamiento: el día previo a que venciera el plazo para que respondiera al Consejo si entregaría la información requerida, el 7 de septiembre de 2017, la Superintendencia le indicó a Rodríguez que estaba evaluando presentar un reclamo de ilegalidad a la Corte de Apelaciones, dando inicio a la pugna legal de las partes -esto, pese a que, supuestamente, los verdaderos afectados por la petición del ciudadano no era la SP, sino que las AFP-.

El 8 de septiembre de 2017, la Superintendencia reclamó ante la Corte que el fallo del Consejo para la Transparencia no había respetado la causal de reserva por afectación a derechos de terceros (las AFP) y agregó un argumento que no había expresado ante ese organismo público antes: dijo que habría una “distracción indebida” para el servicio, pues extraer, sistematizar y entregar la información que pedía Rodríguez requeriría de más de 1.500 horas/hombre. Es decir, varios meses de dedicación exclusiva de alguno de sus funcionarios. Además, agregó que parte de la información requerida estaba en cintas magnéticas, un sistema de respaldo antiguo que incluso puede no ser técnicamente legible y que intervenirlas podría inutilizarlas para siempre.

Sin embargo, los argumentos esgrimidos por la SP fueron revocados por el tribunal en su reciente fallo, luego de un proceso judicial que se extendió por más de un año, en el cual llegó a comparecer AFP Habitat como tercero interesado, “solicitando que se acoja el reclamo de la Superintendencia por cuanto, en síntesis, la información requerida es confidencial, reservada y estratégica, de gestión interna que se ha entregado a la Superintendencia de Pensiones únicamente para que pueda ejercer sus deberes de fiscalización”.

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