Diputados piden explicaciones a PDI por mantención de policías que cometieron delitos

Diputados piden explicaciones a PDI por mantención de policías que cometieron delitos

El 5 de octubre pasado, los diputados Camila Vallejo (PC), Hugo Gutiérrez (PC) y Víctor Torres (DC), elevaron un oficio al Director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinoza, para pedir explicaciones por la mantención en el servicio de funcionarios que “han cometido faltas graves e incluso delitos” mientras ejercían dentro de la institución. Entre las infracciones se cuentan atropellos en estado de ebriedad “con resultado de lesiones graves y muertes” y otro que amenazó a un civil para sustraerle un millón de pesos desde su domicilio.

A comienzos de este mes, los diputados Camila Vallejo, Hugo Gutiérrez y Víctor Torres solicitaron al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Héctor Espinoza Valenzuela, “explicitar los criterios” que justificaron la mantención en el servicio de funcionarios que han cometido faltas graves e incluso delitos siendo parte de la policía. Esto, luego de que los diputados recibieran denuncias por parte de exmiembros de la policía, quienes acusaron irregularidades en la institución. Mediante un documento adjuntado -al que tuvo acceso The Clinic-, los parlamentarios solicitaron explicaciones los delitos y faltas presuntamente cometidas por funcionarios de la PDI en ejercicio, entre las que se encuentran 13 policías que fueron sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, dos de los cuales provocaron “lesiones graves o muertes”. Otros funcionarios fueron sancionados por incurrir en “negligencia con la tramitación de denuncias” y a otro luego de gastar $445.000 pesos en llamados al extranjero desde un teléfono fiscal. Ninguno de ellos fue expulsado de la institución. En la lista de 24 policías llama la atención el caso del subcomisario Carlos Alberto Molina, quien el 2010 fue sometido a sumario administrativo por “ingresar a la fuerza” al domicilio de un civil, apoderarse de $1.100.000 pesos que este poseía y luego “trasladar al detenido a una compra y venta de autos en la comuna de Huechuraba, donde bajo amenazas de detenerlo por el delito de tráfico de drogas, lo obligaron a vender su vehículo, obteniendo la cantidad de $3.800.000”. Actualmente, el subcomisario Molina sigue ejerciendo funciones en la PDI. En el documento enviado a Héctor Espinoza, fechado este 5 de octubre, los diputados señalaron que “es de alto interés público conocer los fundamentos de la mantención de estos funcionarios en la institución, considerando su desempeño laboral”.   Historia detrás del oficio El mismo 5 de octubre, los diputados elevaron al Director de la PDI una segunda solicitud, para que se transparentaran los criterios “que justificaron la exoneración” de ocho funcionarios. A juicio de los parlamentarios, a este grupo se le solicitó el retiro absoluto en base a dos causales: “faltas menores” y la suma de más de 180 días de licencia médica. Asesores legislativos de la diputada Camilo Vallejo indicaron a The Clinic que: "El objetivo, en ambos casos, es solicitar que se informen los criterios empleados (...) por un lado, aquellos que tienen antecedentes de responsabilidad penal y que permanecen en la institución; por el otro, ex-funcionarios policiales desvinculados, para saber respecto a los criterios que justificaron la destitución". Ambos oficios fueron trabajados en conjunto con la abogada especialista en Derechos Humanos, Julia Urquieta, quien ha recibido en los últimos meses una serie de antecedentes e irregularidades ocurridas al interior de la Policía de Investigaciones. Consultada por The Clinic, la Policía de Investigaciones declinó referirse al contenido de estos oficios, argumentando que: “Comprendemos el interés periodístico que generan estos temas, pero dado que un Poder del Estado nos ha solicitado formalmente una serie de antecedentes, entendemos que debemos responder primero a los oficios 14352 y 15353, los que se encuentran en etapa de preparación, dados los plazos legales con que contamos para ello”. La institución agregó que: “De acuerdo a la política y los valores institucionales, la PDI no ampara ni tolera ningún acto o conducta reñida con la probidad y ética policial”. Fuentes al interior de la PDI indicaron extraoficialmente que la respuesta a estos oficios debería llegar hasta el Congreso durante la próxima semana. Desde la oficina de la diputada Vallejo indicaron que tanto los diputados Gutiérrez y Torres ya se reunieron con el director de la PDI, Héctor Espinoza, y que a en su labor de fiscalización: “No nos compete emitir juicio sobre la meteria; sólo pedir la información sobre los hechos que nos fueron denunciados”. Finalmente, cercanos a los congresistas indicaron que estos esperan reunirse durante la próxima semana con la abogada para estudiar la respuesta de la PDI y establecer las acciones a seguir.
Comentarios
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