Operación EFOS, el origen de la caída de Trinidad Steinert como titular de Seguridad Pública

Aún quedan esquirlas del desmantelamiento de la unidad completa de la Brigada de Crimen Organizado de la PDI de Iquique: la Fiscalía Regional de Tarapacá aún no entiende qué fue lo que ocurrió a las 48 horas del mega operativo policial que desmanteló un red criminal de origen chino que funcionaba en la Zofri como base para estafar a adultos mayores en Estados Unidos y otros países asiáticos. 

Por eso–ante la poca claridad y sospechas–tomó la decisión de casi “incautar” todo el material recopilado por la PDI entre documentos, escuchas, teléfonos y dinero en efectivo para resguardarlo en dependencias del Ministerio Público por el temor que se pudiera “eliminar” dichas pruebas. 

El 6 de enero se puso en marcha la operación “EFOS” enfocada en el Clan Chen, cuya organización estaba detrás de un complejo esquema de lavado de activos vinculados a estafas que se estaban cometiendo a ciudadanos estadounidenses, de acuerdo a un informe de inteligencia que entregó a Chile el FBI, a mediados de 2024, que advirtió un desfalco cercano a los US$200 millones. 

Ese reporte del buró norteamericano llegó al despacho de la entonces fiscal regional Trinidad Steinert, quien–junto a la fiscal especializada Paola Apablaza–, instruyó al equipo del subprefecto Mauricio Fuentes iniciar las pesquisas que derivaron en un espectacular resultado a inicios de 2026. 

Así, el 6 de enero, llegaron las máximas autoridades de la Fiscalía y la PDI para supervisar los allanamientos que realizarían más de 200 efectivos fichados de varias unidades del país: entre ellos el director Eduardo Cerna y la subdirectora de Inteligencia y Crimen Organizado, Consuelo Peña. El resultado: 43 ciudadanos chinos detenidos en Iquique, Alto Hospicio y Santiago. 

“Aquí ha habido una defraudación de ciudadanos extranjeros. Esos dineros eran traspasados de una empresa a otra en Chile. Es una de las estafas más grandes conocidas a nivel nacional”, aseguró ese día Trinidad Steinert. 

En la Fiscalía de Tarapacá estaban todos felices. Sin duda, el golpe a la mafia china en el norte del país fue certero. Como hubo una gran cantidad de documentos y teléfonos incautados, además de que faltaban concretar otras detenciones de ciudadanos asiáticos, la persecutora Paola Apablaza pidió ampliar la detención para su revisión. 

Sin embargo, en medio de ese proceso, la prefecta Consuelo Peña firmó el traslado de toda la unidad especializada de Iquique que había participado en la investigación y operativo. Nunca hubo una razón clara, pero trascendió que la tercera antigüedad de la policía civil no quedó conforme con los lineamientos estratégicos ejecutados ese día por parte de los detectives liderados por el subprefecto Fuentes. 

Esa decisión dejó perplejo al Ministerio Público. Sobre todo a la fiscal Trinidad Steinert, quien pidió explicaciones a la PDI y a su propio jefe, Ángel Valencia, por estos movimientos que–a su juicio–dejaban en serio riesgo a la investigación realizada en conjunto con el FBI. 

“No hubo ninguna respuesta clara. Cuando ocurre esto es porque los policías podrían haber estado involucrados en temas de corrupción”, comentó un integrante de la Fiscalía de Iquique. Por eso se activaron todos los protocolos, lo que no llegó a ningún puerto. En especial, porque nunca se recibió ninguna denuncia por faltas a la probidad. De hecho, se comprobó que los policías aludidos no participaron de las diligencias en terreno, sino que estuvieron monitoreando el proceso desde el mando de control. 

En medio de esta controversia, la fiscal Steinert recibió el llamado del nuevo gobierno: una reunión con Arturo Squella y un zoom con el presidente electo sellaron el sí de la abogada para asumir el ministerio de Seguridad. En ese momento, parecía un fichaje relevante para la administración republicana, pues esa cartera tenía que mostrar resultados rápidos y concretos enfocados en la lucha contra el crimen organizado. 

En un primer momento, la decisión pareció acertada: el mundo político aplaudió el nombramiento y las encuestas la posicionaron como una de las mejores evaluadas. 

“La seguridad no es un privilegio, es un derecho humano básico. Este gobierno no va a mirar a un costado, va recuperar el control del territorio, del orden público y de nuestras fronteras”, dijo el presidente electo, José Antonio Kast cuando presentó a Trinidad Steinert en febrero pasado. 

El “oficio 28” que habría incidido en la decisión del Presidente Kast

Trinidad Steinert nunca olvidó. El ruido que hizo cuando supo la salida de Fuentes y su equipo, lo tuvo siempre en su interior. Sólo ella y el Presidente José Antonio Kast saben si hablaron de estos antecedentes antes de asumir el 11 de marzo. 

Pero, lo cierto, es que Steinert a dos días de dar el sí en el Congreso Pleno, firmó un oficio que selló su futuro: el 13 de marzo envió el documento reservado número 28 al director Eduardo Cerna solicitando antecedentes detallados de la salida de los funcionarios policiales que explicaron si el movimiento estuvo motivado por una acción administrativa y penal vinculado a temas de faltas a la probidad.  

La respuesta llegó por un documento firmado por la propia prefecta Consuelo Peña. Allí se reafirmó que la salida de todo el equipo especializado de Crimen Organizado había obedecido a problemas tácticos que determinaron que los funcionarios no eran aptos para el puesto en Tarapacá. 

La explicación no fue suficiente. Por ello, en medio de los funerales del carabinero Javier Figueroa, quien murió al recibir una bala en su cabeza en Puerto Varas, Steinert le habría exigido la salida de Consuelo Peña al jefe de la PDI, evidenciado un claro quiebre con la encargada de Inteligencia de la policía civil. 

De acuerdo a versiones de General Mackenna, tal fue la presión de la exfiscal hacia Eduardo Cerna, que le habría indicado que La Moneda había dado luz verde al llamado a retiro de la Prefecta. Esto a pesar que el jefe policial no había conversado con el Mandatario. Algo no cuajaba. En la institución se preguntaba ¿Qué vínculo podía tener la exfiscal con los detectives para presionar en esas dimensiones?

Esa cercanía tuvo más certezas unos días después cuando la ministra de Seguridad fue captada en un video colocando una piocha en la chaqueta del subprefecto Mauricio Fuentes durante una pauta, mostrando una señal de respaldo ante la decisión de sus superiores. 

Esta escena levantó múltiples teorías sobre el conocimiento entre ambos, lo que no cayó bien en la exfiscal, quien deslizó que eran acusaciones de carácter machistas. Tampoco agradaron en el entorno del detective, pues sintió que ese video fue grabado por sus colegas instruidos por una operación de inteligencia que buscaba enfrentar a la autoridad política.  

Con todo, el viernes 20 de marzo, Eduardo Cerna notificó a Consuelo Peña que su paso de 36 años por la PDI terminaba. Una mujer policía que había sorteado la crisis del Caso Monsalve y la investigación por droga que afectó a su hijo en Valdivia. 

Para sorpresa del director, comentaron las mismas fuentes a The Clinic, en Palacio nadie habría visado ese movimiento. Incluso, se habrían enterado por la misma comunicación que hizo la PDI en sus redes sociales. 

Así, estos antecedentes trizaron la relación entre Steinert y Cerna durante las primeras dos semanas de gobierno. Y en vez de mejorar, su enemistad aumentó, luego que la secretaria de Estado asegurara que la salida de Consuelo Peña fue una “decisión institucional”. 

En la PDI tomaron esa declaración como una encerrona a Cerna, quien se mantuvo al margen hasta el 6 de abril cuando fue citado a entregar su versión a la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.

El planificado cara a cara con los diputados que no calmó la tensión 

Tres semanas llevaba en el cargo y Trinidad Steinert no lograba bajar la tensión. Un panorama que se complicó aún más con la entrada de la Contraloría a la controversia: el 1 de abril pasado entregó 10 días a las autoridades para que explicaran el oficio que terminó con el llamado a retiro de Consuelo Peña. 

Ante esto, el Presidente Kast se pronunció por primera vez y respaldó a la ministra de Seguridad, asumiendo como propia los dichos de su ministra. “Fue una decisión de la PDI”. 

El director Cerna no estaba cómodo. No son pocos los que apostaban a que debía “contar la verdad” sobre el despido de Consuelo Peña ante los parlamentarios. El problema de esto era que asumir esas banderas, además de estallar un nuevo problema político, lo dejaría afuera de la policía civil. 

Por eso se preparó con jornadas de coaching y estudio de los parlamentarios para intuir las complejas preguntas. Al llegar, pidió que la sesión no fuera secreta, porque no “había nada que ocultar”. Luego, disparó: “quién toma las decisiones en la Policía de Investigaciones, es este director general”.

Si bien duró casi dos horas el interrogatorio, Cerna se excusó para dar más detalles, porque todo se enmarcaba en materias que sólo su superior jerárquico podía autorizar para revelar: Trinidad Steinert. 

Con esto, Cerna cumplió con el cometido de bajar la tensión. Le dio una nueva oportunidad a la ministra de Seguridad, con quien se mostró en variadas pautas y salidas a terreno, inclusive los fines de semana. 

Pero esa relación no volvió a ser igual ni hubo esa cordialidad que tuvieron ese 6 de enero en Iquique cuando supervisaron el resultado de la operación EFOS.

El tema Peña, además, fue eclipsado por otras polémicas de la ministra: salidas de libreto, despidos en su cartera y la falta de un plan de seguridad, cuyos lineamientos nunca pudo darle una bajada política en instancias formales como en sus últimas asistencias al Congreso.

“No esperaba la exigencia de un plan estructurado, concreto”, aseveró hace unos días en una entrevista radial. Lo que fue amplificado con las declaraciones de su subsecretaria, Ana Quintana, quien dijo que “los diputados esperaban que se les diera un librito anillado”.

Una bola de fuego que el Presidente Kast no quiso seguir enfrentando. Ayer, tras varios días de análisis, decidió poner fin al viaje que invitó en enero pasado a la exfiscal. Si bien le expresó en ese zoom que todos la ayudarían, al parecer, los esfuerzos no fueron suficientes. O ella no quiso que la ayudaran.